Sobre Latinoamérica

A pesar de la confusión del mundo angloparlante cuando dice “America”, y para que no haya duda de qué hablaremos en este artículo, el latinoamericano es un pueblo que habita, siempre en éxodo, el vasto territorio entre el sur de Estados Unidos y la patagonia austral chilena, lo cual corresponde a casi la mitad del continente de América.

Más allá de la diversidad que representa las numerosas naciones y Estados, este territorio es (sub)continente de inagotables formas de combinación de contenidos. El latinoamericano es un pueblo mestizo que sigue en mezcla y da cuenta al mundo de lo inacabado y lo hermoso. Variadas formas del castellano y el portugués fragmentan su narrativa de lo irreductible a la unidad. Un pueblo mestizo que vive y narra la historia del desgarro constitutivo que implicó el genocidio colonial, que a pesar de los siglos y los discursos modernos de la multiculturalidad, aún hace frente a la burla y el despojo de los pueblos originarios. 

Siguiendo a Jesús Martín-Barbero, el pensador latinoamericano, ese colombiano nacido en España, consideremos a América Latina como un horizonte fragmentado por cordilleras, selvas, llanuras, canales artificiales, lenguas nativas, fronteras nacionales, diversos castellanos, acentos, fenotipos, culinarias. Parto de reconocer la historia de la cultura latinoamericana como un proceso que continua en camino que trae atrás la huella colonial y que vive una modernidad más heterogénea que universal. La modernidad de América Latina vive en la particularidad del plural, en una constante crisis de identidad(es) nacional(es) motivada/facilitada por la movilidad entre fronteras y recientemente por la cuestión transnacional. Es un territorio fragmentado donde convive estrecha e inevitablemente la diferencia.

Reconocer a América Latina como una región implica la mirada a un paisaje fragmentado. Antes de hacer un contexto general de la militarización de la región considero importante señalar que abordar la región como un todo implica aceptar las diferencias profundas entre cada uno de los países que la conforman. Rosanna Reguillo señala que “aunque en la actualidad el mercado se empeñe, no se reducen a las diferencias de carácter económico, (en América Latina) hay procesos diferenciadores que hunden sus raíces en la historia” (2005). Sin embargo, un común denominador entre todos los países de la región es la marca de la violencia, fenómeno en extremo complejo que no admite explicaciones simples ni absolutas, pero que sin duda tiene una estrecha relación genealógica con la impronta colonial que se trazó en los cuerpos y territorios por efecto de esa sangrienta empresa homogenizadora que buscó desaparecer el “mundo americano” y lo redujo a lo prehispánico.

La histórica de América Latina está es la vivencia de una profunda y permanente conflictividad social que ha estado relacionada con lo que Martín-Barbero llama “ retórica de crisis de identidad nacional”, que a su vez Rosanna Reguillo relaciona, entre otros diversos factores, con el “intenso flujo migratorio en América Latina que fue motivado por el horror de las dictaduras y la destrucción sistemática de cuerpos y de sueños” (2005).

Como punto de partida quiero señalar que la historia de América Latina en el siglo XX narra una crónica y permanente situación de conflictividad cultural trazada por la huella colonial, una disputa sociopolítica entre gobiernos y pueblos que chocan en un contexto de democracias siempre intervenidas por políticas (inter, multi, trans) nacionales, y que privilegian la estrategia de la militarización como estrategia “legítima” y efectiva, no solo para la gestión de los conflictos, sino también como forma de fundamentación axiológica de la cultura: el privilegio de los valores patriarcales y violentos. Sin embargo América Latina es tierra de resistencias de cuerpos indoblegables, hombres y mujeres que encarnan la resistencia desde los pueblos indígenas, campesinos, los afrodescendientes, mujeres organizadas, jóvenes urbanos, profesionales, niños y niñas, académicos, .

Este fotograma fue tomado de la transmisión de uno de los noticieros más populares de la televisión colombiana. La frase de “COLOMBIANOS ACOMPAÑARON EL DESFILE”, refiere al desfile militar que tiene lugar cada 20 de julio en Colombia para conmemorar la independencia de la corona española. Esta imagen es un recurso para hacer visible y tal vez distinguir conceptualmente la militarización y el militarismo: la militarización se expresa en la presencia de soldados y dispositivos militares en un desfile militar en el territorio urbano, los cuales en este caso están en el plano implícito de la imagen. Por su parte el militarismo se expresa en esta imagen en el cuerpo uniformado y armado del niño, el militarismo se infiere de las configuraciones culturales que derivan en la decisión de sus padres de disfrazarlo de guerrerito y exponerlo al público. Sin ánimo de hacer una conceptualización rigurosa, pero con ánimo de hacer una distinción baste decir que mientras la militarización es la disposición visible de dispositivos militares (leyes, soldados, tecnología) mientras el militarismo es la base cultural que le subyace y le mantiene. Este artículo se interesa en  presentar un contexto de militarización de la región de América Latina, de lo que es visible y cuantificable en algunos, no en todos, países de la región.

El patio de trasero de Estados Unidos

Cada vez más instituciones civiles y territorios están siendo militarizados en  la región. Desde el siglo XX Estados Unidos ha justificado su intervención en los países de América Latina argumentando que estos padecen desafíos de gobernabilidad, corrupción y niveles altos de violencia que favorecen el camino a actividades ilícitas (narcotráfico), migración hacia su territorio e inestabilidad en toda América. En el contexto actual la perspectiva de la seguridad se erige como eje estructurador de las políticas de gobierno.  El proceso global de securitización (priorización de las políticas de seguridad ante la amenaza sobre las políticas de bienestar) en América Latina se observa como una respuesta estatal frente a la ruptura de la hegemonía estatal en el ámbito territorial y simbólico que implicó la entrada en la escena regional (y fortalecimiento) de “fuerzas no equivalentes” como las del terrorismo, narcotráfico, delincuencia organizada. Esta apuesta por la securitización es el escenario contemporáneo en el que tiene lugar la prolongación de la intervención militar de Estados Unidos en la región que impulsa la militarización de cuerpos y territorios.

El hecho de que la tasa de homicidios de América Latina representa el 33% de la tasa mundial es un indicador dolorosamente claro sobre cómo la conflictividad social escala a una violencia descarnada, pero que constituye, a su vez, como un hecho que ha sido funcional para justificar la intervención militar de Estados Unidos. Rebecca Bill Chávez, quien fuera la Subsecretaria Adjunta de Defensa para Asuntos del Hemisferio Occidental del gobierno de Estados Unidos y quien hace propaganda a través de su columna en el New York Times, es una portavoz periodística que informa que la de América Latina representa el 8% de la población mundial y el 33% de los homicidios del mundo tienen lugar en la región; esto es, una tasa de 21,5 homicidios por cada 100.000 ciudadanos, lo cual equivale a tres veces el promedio mundial de 8. La tasa de homicidios en Brasil alcanzó un récord en 2018 de 31 por cada 100.000 habitantes; por su parte Colombia tiene una tasa de 27 por cada 100.000 habitantes. Aunque Argentina tiene una tasa de homicidios mucho más baja, de menos de siete por cada 100.000, el 27% de los argentinos declaran haber sido víctimas de un delito en el último año[1]. Este tipo de hechos y las dificultades de gobernabilidad en los países de la región es lo que ha justificado la intervención política y militar de EEUU en la región.

Desde la “Alianza para el Progreso” (1961-1970), la cual fue un programa de ayuda económica, política y social de EEUU en América Latina, el “Plan Colombia” (2001 y 2016) en el que Estados Unidos invirtió 10.000 millones de dólares en Colombia en ayuda militar, hasta la “Iniciativa Mérida” (2008-2014) que fue un tratado internacional de seguridad establecido por los Estados Unidos en acuerdo con México y los países de Centroamérica para combatir el narcotráfico y el crimen organizado; son todos ejemplos de cómo la intervención política y militar ha sido una constante en la segunda mitad del siglo XX. Estos planes y otros acuerdos bilaterales con los distintos gobiernos han dejado un historial de presencia formal con bases militares estadounidenses en toda la región. La presencia militar oficial de EEUU en la región es cada vez menor:, actualmente la presencia oficial de estamentos militares estadounidense está concentradas en puntos estratégicos de las costas pacíficas y del Caribe, en El Salvador (Comalpa), Cuba (Guantánamo), Aruba, Curação y Puerto Rico, mientras que tiene lugar una negociación con el gobierno de Bolsonaro el establecimiento de bases militares en Brasil.

Según el investigador colombiano Sebastián Bitar (2017) actualmente existe evidencia de una red creciente de instalaciones informales que apoyan las operaciones estadounidenses en la región. Los países anfitriones permiten, y en algunos casos buscan, la participación de una red de “cuasibases”  que son instalaciones que, sin un acuerdo oficial con la institucionalidad nacional del país receptor, se admite la presencia y las operaciones militares estadounidenses. Están en casi todos los países de la costa Pacífica de América: Perú, Honduras, Costa Rica, Panamá, Ecuador y Colombia.

Militarización de la región

El contexto de securitización, como se dijo, en América Latina es una respuesta ante la amenaza percibida que la retórica de los gobiernos la fundamentan en la lucha contra la delincuencia y el narcotráfico. Para el caso de los países de América Central la intervención de EEUU y la securitización “ha abierto la puerta a la militarización en aras de la seguridad ciudadana” señala un informe regional hecho por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.

En términos generales, para el caso de Centro América se observa un incremento en los presupuestos militares sin que esto repercuta en la mejoría de las condiciones de seguridad interna: el Salvador incrementó su presupuesto de 191 millones de dólares en 2008 a 271 millones de dólares en 2016, mientras que los homicidios aumentaron de 2.594 casos en 2012 a 6.656 en 2015 a 5.280 en 2016. En Honduras, aunque hay una creciente presencia militar en las calles, los asesinatos no se redujeron significativamente: según el Observatorio de la Violencia de la estatal Universidad Autónoma de Honduras el presupuesto de las fuerzas armadas de ese país pasó de 2.259 millones de dólares en 2008, a 342 millones de dólares en 2016; a pesar de eso los asesinatos solamente bajaron de 5265 en 2009 y 6239 en 2010, a 5148 en 2015 y a 5150 en 2016. 

A lo largo del 2018 el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua hizo un fuerte despliegue militar en centros urbanos con el propósito de ejercer control territorial a través de la represión a la población que se manifiesta en las calles a causa del alza en el costo de la vida, los actos de corrupción en el gobierno y acciones contra la libertad de expresión. En su análisis de la región de Centroamérica el informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica señala que la “revitalización de las fuerzas armadas y su creciente participación en actividades civiles, aunadas a la crónica debilidad del sistema de administración de justicia y la detección de nuevos y graves casos de corrupción en varios países, plantean riesgos para el ejercicio democrático de poder”. Este informe señaló que el aumento de tamaño y capacidad de los ejércitos “puede afectar la tutela efectiva de los derechos humanos”.

Sigue este paso por América Latina al sur, sin embargo sea la oportunidad de señalar enfáticamente que¡En centroamérica hay una guerra contra el pueblo que es invisibilizada! El fenómeno de la militarización es generalizado en América Latina. En la actualidad se identifica en la región una tendencia en la que los gobiernos entregan cada vez más funciones policiales al ejército. Los gobiernos de Brasil, Argentina, México y Colombia han recurrido, en mayor o menor medida, a sus fuerzas armadas en busca de seguridad interna.

En Brasil el presidente Michel Temer, firmó en febrero de 2018 un decreto que encarga al ejército la seguridad de Río de Janeiro tras afirmar “ustedes saben que el crimen organizado casi que se apoderó del estado de Rio de Janeiro en una metástasis que se expande por el país y amenaza la tranquilidad de nuestro pueblo”. En los medios de comunicación esta medida se registra como una opción extraordinaria que busca restaurar el orden en la segunda ciudad más grande del país y, en general, en el estado de Río en medio de una epidemia de violencia. Tras el regreso de la democracia, es la primera vez que un gobierno en Brasil ordena una intervención militar en un Estado. Con la llegada de Bolsonaro la militarización continúa. A pesar que la cantidad total de muertes violentas en el estado ha aumentado, las encuestas indican que una amplia mayoría de los habitantes de Río respaldan la intervención militar.

Por su parte Mauricio Macri como presidente de gobierno en Argentina ha hecho un cambio normativo sobre las funciones de los militares: ha dicho que es importante que éstos “puedan colaborar con la seguridad interior, principalmente brindando apoyo logístico en zona de fronteras e interviniendo en eventos de carácter estratégico”. El cambio normativo que propone parte de desconocer un consenso político fuerte en Argentina desde que volvió la democracia hace más de treinta años luego de la dictadura: anunció una reforma a las Fuerzas Armadas Argentinas orientada a que el ejército atienda los “desafíos actuales” haciendo referencia a las amenazas del terrorismo y el narcotráfico, pero esta reforma también permitirá la intervención militar en la seguridad interna.

En el caso de Colombia el fortalecimiento de la institución militar parece que no se detiene a pesar del los acuerdos de paz desarrollados con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). La continuidad del conflicto se da en medio del incumplimiento de los acuerdos, en medio de una retoma de las armas por parte de sectores disidentes de la guerrilla de las FARC, rearme que tiene lugar en medio de un contexto recrudecimiento de la violencia paramilitar selectiva contra líderes sociales y en donde no se avizora una solución negociada con actores armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), Ejército Popular de Liberación (EPL) y miembros de las FARC que se han negado a seguir adelante con el proceso de desmovilización motivados por las faltas de garantías para su seguridad y de cumplimiento en la implementación de los acuerdos.

En México durante el 2017 se sancionó la Ley de Seguridad Interior. Esta ha generado las condiciones para el incremento de la dependencia de las fuerzas armadas para la seguridad interna, al mismo tiempo que se ha creado una integración de las fuerzas armadas en una Guardia Nacional. La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México señala que "Cuando el Ejército se ha desplegado en un municipio en operativos los homicidios aumentan un 9%", esto muestra claramente que la militarización pone en peligro la protección de los derechos humanos y en realidad puede exacerbar la inseguridad ciudadana.. En el libro En la niebla de la guerra (2015) Andreas Schedler señala que “la tasa anual de asesinatos en el país nuevamente rebasa el umbral de epidemia de violencia definido por la Organización Mundial de la Salud en más del doble”.  En este contexto el poder legislativo aprueba la Ley de seguridad interior que regulariza la presencia del Ejército y la Armada en las calles, como si fueran cuerpos policiales. Desde la presentación y antes de la aprobación de la Ley más de 750.000 efectivos del Ejército y la Armada han sustituido a la policía en cientos de municipios de todo el país. Con este nuevo marco normativo la Guardia Nacional inició operaciones en 2019 en la frontera sur del país en donde intensifica esfuerzos para frenar el flujo migratorio hacia Estados Unidos, y se concreta con mas de 20.000 efectivos que trabajan conjuntamente con el Instituto Nacional de Migraciones, lo cual corresponde con una demanda de Donald Trump.

El nuevo gobierno de derecha neoliberal en Chile profundiza la militarización de su policía, los Carabineros, una policía militar de por sí. La apuesta en este caso es tecnológica y judicializante: nuevas armas, nuevos transportes blindados y armados, inversión en programas de espionaje virtual y cheque en blanco para reprimir toda protesta social en todo el país, en especial contra el pueblo Mapuche y la conflictividad ambiental, que ya provoca envenenamientos masivos en zonas costeras del país. En Venezuela, al mismo tiempo que viven un bloqueo económico y un cerco diplomático de los gobiernos de derecha de la región, la militarización del Estado viene siendo profundizada desde que Hugo Chavez gobernaba, y que se evidencia en que en las dos últimas décadas, los últimos 15 Ministros de Interior 12 (80%) han sido militares. El actual gobierno de Nicolás Maduro tiene una base fundamentalmente en el poder que los militares le ofrecen y que contrarresta los intentos golpistas de la oposición.

Militarización de las fronteras

Los espacios transfronterizos de tránsito de pueblos siempre en migración por territorios ancestrales, que existen antes los Estados, permanecen militarizados. En la amazonía, mayor reserva planetaria de agua dulce, durante noviembre de 2017 tuvo lugar la Iniciativa Amazon Log 2017, una acción de coordinación militar en la zona de triple frontera entre Colombia, Perú y Brasil que contó con la participación de los Ejércitos de los países de la zona con la participación

En Centro América las fronteras son filtros migratorios para detener la migración a Estados Unidos. Quienes logran llegar a la frontera México/Estados Unidos se encuentran con militares fuertemente armados haciendo la contención del muro que están por construir pero que ya levantaron militarmente. Luego del anuncio del polémico muro en la frontera con México, en 2018 el gobierno de Donald Trump firmó una proclama en la que ordena la movilización de elementos de la Guardia Nacional en la frontera con México para combatir la inmigración ilegal. Al respecto Trump señaló que “el desgobierno que persiste en nuestra frontera sur es fundamentalmente incompatible con la protección, la seguridad y la soberanía del pueblo estadounidense”, por lo cual se movilizaron 600 mil efectivos de la Guardia Nacional como medida inicial al cumplimiento de la orden de gobierno.

Venezuela es un país militarizado que año a año se militariza más, entregando a sus fuerzas armadas participación en la economía, la seguridad, inteligencia, y en general en todos los ámbitos de decisión y administración, eliminando las posibilidades de una solución civil y dialogada al permanente estado de crisis que vive el país hace ya un lustro. Una de las consecuencias regionales de esta crisis es el aumento significativo de la migración económica y política venezolana, que es respondida por la región desde la solidaridad y la escasez, aunque las derechas locales aprovechan para popularizar respuestas xenófobas, racistas y discriminatorias, tanto sociales como administrativas.

En Venezuela tramitar el pasaporte tiene serios obstáculos, un incremento de 124% en el costo, congestión y corrupción en el proceso de trámite. Esa complicación se ve aumentada por las limitaciones que otros países andinos van instalando: “La restricción de Perú para los inmigrantes venezolanos entró en vigor horas después de que la Justicia de Ecuador anulara la misma medida en el país vecino y diera un plazo de 45 días al Gobierno ecuatoriano para que presente un plan de contingencia si es que quiere seguir aplicando esa medida”. En Colombia los sectores de extrema derecha aportan argumentos de por qué se debe hacer una intervención en Venezuela. Esto mientras están estrenando una membresía extraña en la OTAN.

Entonces el histórico y permanente fortalecimiento de los aparatos militares, y la orientación a hacer a los ejércitos su orientación a hacerlos responsables o al menos activos en los propósitos de seguridad interna, la dinámica de exacerbación de la militarización de las fronteras, genera una aparente tensión entre las perspectivas que plantean el fortalecimiento y financiación de la policía. El envío de militares por parte de Brasil a la frontera con Venezuela tras los brotes xenófobos es un ejemplo de esto.

En la región de América Latina se vive un momento de recrudecimiento de la militarización regional, cuyos efectos los sufren las sociedades locales como normalización de la violencia, en especial la violencia armada, el tráfico de armas, la conformación de bandas armadas que disputan o se reparten territorios con la policía, militarizada a su vez mediante la constitución de grupos policiales especiales armados, como los “Lince” en Paraguay y la sensación de estar viviendo una espiral sin fin de violencia letal del cual lo militar y lo policial son parte constitutiva y no la solución, pese a la propaganda de derecha que quiere instalar esa idea.