El derecho a rechazar matar

Idioma
Español

El programa de la Internacional de Resistentes a la Guerra, El Derecho a Rechazar a Matar, combina un amplio abanico de actividades de apoyo a los objetores de conciencia de manera individual y también en grupos organizados y movimientos de objeción de conciencia y en contra del reclutamiento.

Nuestras principales publicaciones son las Alertas OC (alertas de apoyo que se envían cuando un objetor de conciencia es procesado) y las Informe-OC (un informe bimestral sobre la evolución de la objeción de conciencia en el mundo).

Continuamos también con nuestra Guía OC – Una Guía del Sistema Internacional de Derechos Humanos para Objetores de Conciencia, que puede ayudar a los OC a desafiar a sus propios gobiernos y protegerse de los abusos de derechos humanos.

Se puede encontrar información sobre el trato de los estados nación a los objetores de conciencia en nuestro Estudio Mundial de OC y Reclutamiento.

Hay más información sobre el programa aquí.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha abierto una convocatoria para la presentación de aportes con el fin de informar su próximo informe sobre la objeción de conciencia al servicio militar, que será presentado al Consejo de Derechos Humanos en su 62º período de sesiones, en junio de 2026. La fecha límite para la presentación de aportes es el 15 de enero de 2026.

El 10 y 11 de septiembre se llevaron a cabo las audiencias en el caso de Netiwit Chotiphatphaisal, el activista tailandés y objetor de conciencia que está siendo juzgado por negarse a prestar el servicio militar. El caso de Netiwit es el primer desafío legal en Tailandia que aborda la objeción de conciencia.

Las organizaciones firmantes expresamos nuestro firme apoyo a Netiwit Chotiphatphaisal, el primer objetor de conciencia público de Tailandia, quien enfrentará juicio en el Tribunal Provincial de Samut Prakan los días 10 y 11 de septiembre de 2025. La negativa de Netiwit a prestar servicio, declarada por primera vez cuando era adolescente tras el golpe militar en Tailandia en 2014, es una cuestión de conciencia. Su negativa no solo es un acto profundamente personal, sino también una postura reconocida y protegida por el derecho internacional.

Por primera vez en casi tres años, se sabe que un tribunal ha condenado y encarcelado a un joven por objeción de conciencia al servicio militar obligatorio por motivos religiosos. El 30 de julio, el Tribunal de Distrito de Yevlakh, en el centro de Azerbaiyán, sentenció a un año de prisión en un régimen general al Testigo de Jehová de 19 años Elgiz Ibrahimov. Él había informado a los funcionarios de conscripción sobre su disposición a realizar un servicio civil alternativo, pero ellos entregaron su caso a los fiscales para su enjuiciamiento penal.

Un informe reciente de Human Rights Watch (HRW), titulado "Nunca me sentiré seguro: Nacionales de Myanmar indocumentados y explotados en Tailandia", destaca las dificultades que enfrentan los ciudadanos de Myanmar en Tailandia, muchos de los cuales huyeron del servicio militar forzoso impuesto por la Ley de Servicio Nacional de 2024 y continúan sufriendo graves violaciones a los derechos humanos.

El Primer Ministro de Camboya, Hun Manet, anunció recientemente la aplicación de una ley de servicio militar obligatorio que había estado inactiva durante mucho tiempo y que entrará en vigor en 2026, exigiendo que los ciudadanos de entre 18 y 30 años presten servicio en el ejército. La IRG considera este desarrollo profundamente preocupante. El servicio militar obligatorio representa un paso directo hacia la militarización de las sociedades. Nos alarma especialmente que Camboya no cuente con un marco legal que reconozca a quienes se niegan a realizar el servicio militar por razones de conciencia.

Un grupo de adolescentes israelíes ha declarado públicamente su negativa a servir en el ejército israelí, en protesta contra el genocidio en Gaza y la ocupación continuada de los territorios palestinos. Las y los objetores piden el fin de la guerra en Gaza e instan a otros a resistirse al reclutamiento.

New Profile, una organización antimilitarista y feminista israelí, miembro de la red de la Internacional de Resistentes a la Guerra, acaba de publicar su informe anual. El informe resume el trabajo realizado por el grupo durante el último año, incluyendo sus esfuerzos por poner fin al genocidio en Gaza, apoyar a las y los objetores de conciencia y promover una sociedad desmilitarizada en Israel.

El 3 de julio de 2025, activistas por la paz de todo el Reino Unido mantuvieron un debate en línea con objetores de conciencia rusos que se niegan a luchar en la guerra de Ucrania. Este evento en línea reunió a cuatro objetores de conciencia rusos, coordinados por un contacto en Georgia que trabaja con varias ONG para apoyar a los objetores de conciencia, junto con activistas británicos por la paz que trabajan para crear conciencia sobre sus luchas.

Como parte de sus promesas de campaña, el gobierno de Gustavo Petro se comprometió a atender las recomendaciones de la Comisión de la Verdad sobre el desmonte del servicio militar obligatorio. En este contexto, a partir de 2022 se reactivaron las discusiones sobre posibles alternativas al servicio militar. Como resultado, en 2022 se promulgó la Ley de Paz Total que propuso la creación del Servicio Social para la Paz (SSP) como alternativa al servicio militar obligatorio (SMO). Para agosto de 2024 el gobierno nacional logró reglamentar y formalizar el SSP. Y si bien la propuesta de un servicio alternativo al militar amplía las opciones de participación en la construcción de la paz en Colombia, también plantea serias preocupaciones.

El reclutamiento y uso de niños soldados por parte del ejército de Myanmar se ha disparado desde el golpe de Estado de 2021, incluyendo un número significativo de menores reclutados después de que la junta promulgara una ley de conscripción en febrero de 2024. El 19 de junio de 2025, el Secretario General de las Naciones Unidas informó que la ONU había verificado 2,138 violaciones graves contra niños en conflictos armados en Myanmar durante 2024, incluyendo el reclutamiento de menores, y que aproximadamente 1,200 violaciones adicionales están pendientes de verificación.

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