Los combustibles fósiles no solo queman el planeta: también alimentan el genocidio
Los pueblos Arhuaco, Kogui, Wiwa y Kankuamo, custodios ancestrales de la Sierra Nevada de Santa Marta, llaman a su territorio el corazón del mundo. Esta semana, a sus pies, la ciudad de Santa Marta acoge la Primera Conferencia Internacional sobre la Transición Fuera de los Combustibles Fósiles. La elección del lugar no es casual: Santa Marta es uno de los principales centros de exportación de carbón de Colombia, lo que convierte este espacio, al mismo tiempo, en una contradicción viva y en una extraordinaria oportunidad política.
La conferencia nació del fracaso. En la COP30, una coalición de alrededor de 80 países respaldó una hoja de ruta global para eliminar progresivamente los combustibles fósiles, pero fue bloqueada por un bloque opositor liderado por petroestados como Arabia Saudita y Rusia. Colombia y los Países Bajos respondieron convocando esta cumbre fuera de la arquitectura tradicional de negociación climática de la ONU, en un reconocimiento directo de lo que las negociaciones multilaterales han evitado nombrar de forma sistemática que los combustibles fósiles no son una variable de política pública que deba gestionarse, sino la causa raíz de la crisis. Ese es un buen diagnóstico, pero no llega lo suficientemente lejos en absoluto.
Los movimientos por la justicia climática, el antimilitarismo y la solidaridad con Palestina, entre otros, han hecho visible desde hace tiempo algo que la diplomacia climática nunca ha logrado decir en voz alta: la industria de los combustibles fósiles y la maquinaria militar no son crisis paralelas. Son la misma crisis: comparten infraestructura, cadenas de suministro y marcos legales que mantienen a ambas industrias fuera de toda rendición de cuentas y, lo más importante, comparten víctimas. Esto no es solo una metáfora. Es una cadena de suministro, con nombres, lugares de extracción, puertos y contratos de transporte marítimo.
Durante los últimos dos años, Israel ha destruido sistemáticamente todo lo que sostiene la vida en Palestina, especialmente en la Franja de Gaza: desde hospitales hasta escuelas, sistemas de agua o redes eléctricas. Para matar a más de 80.000 personas, demoler el 80% de la infraestructura de Gaza y mantener el sistema de vigilancia impulsado por inteligencia artificial que permite matar con un clic, Israel necesita energía. Y esa energía es suministrada por otros Estados, transportada por empresas privadas y protegida por los mismos marcos comerciales que serán debatidos en Santa Marta esta semana. Estados Unidos es el único proveedor de JP-8, el combustible especializado de aviación militar que impulsa las aeronaves que han bombardeado Gaza sin pausa.
Azerbaiyán, a través del oleoducto Bakú-Tiflis-Ceyhan, y Kazajistán suministran alrededor del 70 % del petróleo crudo de Israel, enviado mediante puertos turcos por empresas navieras griegas cuyos buques desactivan sus sistemas de rastreo y falsifican sus destinos para eludir el propio embargo comercial de Turquía. Entre octubre de 2023 y febrero de 2026, ocho entregas encubiertas de carbón que suman 751.000 toneladas fueron enviadas desde la terminal de Richards Bay en Sudáfrica a Israel en buques gestionados por compañías griegas, como parte de una cadena de suministro más amplia documentada por el Palestinian Institute for Climate Strategy y Disrupt Power, que rastrearon más de 6,6 millones de toneladas de carbón térmico llegando a Israel desde Colombia, Sudáfrica y Rusia desde octubre de 2023. Ese carbón alimenta las centrales eléctricas que abastecen los centros de mando militar de Israel, su infraestructura logística y los asentamientos ilegales conectados a la red eléctrica nacional.
Estos recursos no llegaron por arte de magia. Las dinastías navieras griegas Kyklades y Thenamaris representan el 95% de las transferencias encubiertas de petróleo crudo desde Turquía hacia Israel desde el embargo, con buques que desactivan sus rastreadores, reportan destinos falsos y reaparecen días después tras descargar en Ashdod. El mismo sector naviero griego está implicado en al menos 13 envíos de municiones y componentes militares a Elbit Systems, el mayor fabricante de armas de Israel, con buques pertenecientes a dinastías que también suministran el combustible que alimenta los aviones que lanzan las bombas. Transportan petróleo crudo, carbón y armas de muerte con la misma normalidad con la que transportan plátanos. El embargo de carbón de Colombia, logrado por trabajadores y sindicatos, demostró que las cadenas de suministro pueden romperse. Cuando la aplicación del embargo cerró el grifo colombiano, el capital se adaptó: Glencore aceleró las exportaciones a través de Sudáfrica. Richards Bay (el mayor puerto de exportación de carbón de África) es ahora el punto crítico.
Lo que permite esto no es solo una falta de voluntad política. Es una brecha estructural en el derecho internacional. Los combustibles fósiles se comercian actualmente bajo los mismos marcos comerciales generales que cualquier otra mercancía. No existe un control obligatorio sobre quién los compra, para qué se utilizan o en qué cadena de violencia se insertan al cruzar una frontera. Más de 70 organizaciones reunidas esta semana en Santa Marta exigen que esto cambie.
La Global Energy Embargo for Palestine pide que los combustibles fósiles sean regulados como materiales de doble uso, sujetos a certificados de uso final que rastreen toda la cadena desde la extracción hasta el uso final, incluyendo el transporte. Esto no es nuevo: la verificación de uso final ya es práctica estándar en las exportaciones de armas. La pregunta que nadie parece querer responder es por qué no se aplica al combustible que las impulsa. La misma lógica se aplica a la arquitectura legal que protege a las corporaciones de combustibles fósiles de la rendición de cuentas democrática: el Tratado sobre la Carta de la Energía y los mecanismos de resolución de disputas entre inversores y Estados han funcionado durante décadas como una garantía de que los gobiernos no puedan regular la industria fósil sin enfrentar demandas multimillonarias. Estas no son cuestiones técnicas. Se trata de si los Estados están realmente dispuestos a priorizar los derechos humanos y la dignidad sobre el beneficio corporativo, o si ese compromiso se detiene ante las puertas de la industria fósil.
Existe una política que se mueve más rápido que la diplomacia, y vive en manos de trabajadores que ya han respondido a esa pregunta. Estibadores que se negaron a descargar armas con destino a un Israel acusado de genocidio. Trabajadores portuarios que ralentizaron, retrasaron y bloquearon cadenas de suministro que los Estados seguían autorizando. Estos trabajadores pusieron en riesgo sus medios de vida para hacer lo que los gobiernos tenían la obligación legal y moral de hacer primero. La protección legal para los trabajadores que se niegan a manipular carga militar o combustible destinado a atrocidades documentadas no es una demanda secundaria: es la primera línea de la rendición de cuentas desde abajo que conferencias como la de Santa Marta buscan construir desde arriba.
Por todas estas razones, esta conferencia importa. Es el primer espacio multilateral dispuesto a nombrar la causa raíz en lugar de los síntomas. Pero si no aborda la forma en que los combustibles fósiles funcionan como armas -no solo como carbono, sino como combustible para el genocidio, como infraestructura del apartheid y la ocupación ilegal, como mercancía que circula en los mismos buques que transportan municiones-, reproducirá el mismo silencio que ha definido la diplomacia climática durante décadas. Un movimiento climático que ignore el militarismo, y un movimiento antimilitarista que ignore las cadenas de suministro de combustibles fósiles, están trabajando con la mitad del panorama. Palestina ha hecho imposible seguir ignorándolo.
Llegamos al corazón del mundo con el corazón en llamas, pero nuestra llama no se alimenta del capitalismo fósil, que se extinguirá tarde o temprano. Nuestra llama se alimenta de la lucha por la justicia y la liberación. Y nadie puede apagarla.
Ana Sánchez Mera participa en Embargo Global de Energía por Palestina
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