México: 'todos contra todos', una guerra sin reglas

Durante mucho, o mejor dicho demasiado tiempo, la situación en México se estaba agravando sin que la comunidad internacional mostrara señales de preocupación. Mientras en las costas de Acapulco patrullaban tanques del ejército debido al elevadísimo nivel de homicidios, a apenas unos kilómetros de distancia se celebraba un torneo internacional de tenis de alto nivel: “Business as usual”. La imagen que desde México se enviaba al mundo era de un país con algunos problemas de seguridad debido a algunos grupos criminales que trafican con drogas ilícitas. Hasta hace muy poco - hablamos del verano de 2014, junio a sept - lo que más interesaba a la prensa mundial sobre México era si su PIB crecía lo suficiente, y los políticos europeos y estadounidenses no paraban de felicitar al presidente Peña Nieto por el buen desarrollo de sus “reformas” neoliberales que se basan en la privatización de la empresa petrolera nacional (Pemex), la tercera más grande del mundo. Para los periódicos occidentales poca cosa más pasaba en México. Mientras el narco hacía todo lo posible para que sus atrocidades aparecieran en los medios de comunicación nacionales con el fin de tener la población aterrada y bloqueada por el miedo, el gobierno invertía mucho tiempo, y suponemos que dinero también, para presentar a México como un lugar en buen camino.

La realidad no podría ser más opuesta en este país de maravillas del que el gobierno mexicano habla. Lo que empezó como “la guerra contra el narco” en el 2006 se convirtió en una masacre de todos contra todos, una guerra sin reglas, sin piedad ni tampoco misericordia para los indefensos. En México no existe la bandera blanca. No existe el alto al fuego. No existe ya ningún tipo de respeto para ninguna persona que se encuentre en medio del camino de un grupo armado. En México se dispara en desfiles infantiles, los estudiantes son quemados vivos, muchos miles de mujeres son secuestradas, violadas y vendidas como esclavas sexuales, hombres son colgados en puentes en pleno día, los que se entregan son ejecutados, los cuerpos son tirados en fosas comunes clandestinas o disueltos en ácido, y un largo etcétera.

Desde el 2006 cada año más de 10.000 personas perdían y ahora en 2014 siguen perdiendo su vida debido a este “pequeño problema”, y esas son solamente las víctimas que se contaron oficialmente. La cifra real no se conoce, sólo se puede estimar, pero en todo caso hablamos de otros miles de muertos más, de los que muchos se consideran “desaparecidos”, y muchos otros, en primer lugar migrantes centroamericanos, ni se contabilizan. Pero, ¿son capaces los grupos criminales de narcotraficantes de matar a tanta gente? ¿Pueden realmente hacerlo solos? Si no ¿quién les está ayudando?

No es ninguna novedad que los más altos mandos del ejército están involucrados en las actividades de los grupos de narcotraficantes. Varios generales del ejército fueron detenidos por este motivo al final del mandato de Felipe Calderón, pero fueron liberados cuando Peña Nieto asumió la presidencia del país. Después de eso también se ha trabajado duro para no permitir que se desarrollara la percepción del ejército como una entidad totalmente corrompida por dentro. En enero de 2014 se organizó en la plaza central de la Ciudad de México una feria militar con el lema “Fuerzas Armadas… Pasión por servir a México”, donde, entre otras cosas de autopropaganda militarista, se ofrecían juegos infantiles conducidos por los soldados. Los “turibuses” todo el 2014 llevan propaganda del ejército que, parecido a los ejércitos europeos, hace una campaña publicitaria como si se tratara de una ONG humanitaria y no del ejército involucrado en violaciones de derechos humanos de severa gravedad.

Por ejemplo, recientemente salieron pruebas de que soldados participaron en la ejecución de 22 personas en la localidad de Tlatlaya, aunque justo después del suceso el gobierno intentó presentar esta masacre como una gloriosa acción del ejército contra el narco. La Procuraduría General de la República ha acusado a tres militares de homicidio por haber participado en la matanza de Tlatlaya y será la primera vez que unos militares serán juzgados enfrente de un tribunal civil. Los casos de secuestros, torturas y asesinatos perpetuados por los militares hasta ahora, por gran parte de la opinión pública, se consideraban meros incidentes. Debido al bloqueo mediático que sufren los defensores de los derechos humanos en los medios de comunicación principales, en primer lugar por las dos grandes corporaciones televisivas, Televisa y TV Azteca, las violaciones de los derechos humanos hechas por parte de los miembros del ejército se ocultaban con bastante éxito. Si el caso Tlatlaya llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo anuncian algunas de las grandes ONGS internacionales, mantener la imagen del “buen soldado” puede costar mucho más trabajo que hasta ahora. Por otra parte, la opinión pública nunca fue positiva respecto a la policía. Demasiados casos de corrupción y nexos con los narcotraficantes han creado un clima de desconfianza casi absoluta hacia la policía desde el nivel más local hasta los federales.

El caso de la desaparición forzosa de los estudiantes de la escuela normal rural de Ayotzinapa, Estado de Guerrero, es una ilustración clara de la metástasis transversal del crimen en el cuerpo del estado: A órdenes del alcalde de la ciudad de Iguala, o mejor dicho de su esposa que oficialmente no tiene ningún poder político, la policía local disparó a un autobús lleno de estudiantes rebeldes (contrarios a sus intenciones de reemplazar a su marido en posición de alcalde/za) y de algunos jóvenes deportistas que simplemente estaban en el lugar equivocado en el tiempo equivocado. A los jóvenes que sobrevivieron, la policía los detuvo y los entregó al grupo criminal “Guerreros Unidos”, aunque en realidad muchos policías locales forman parte de este grupo criminal. También, hubo un segundo ataque a los sobrevivientes que habían escapado. Mientras tanto, el ejército, cuya base se encuentra a apenas 5 km del lugar de los hechos, no respondió a los llamamientos de auxilio por parte de algunos estudiantes que lograron escapar y les dijo que ellos mismos se lo habían buscado metiéndose con la gente con la que no deberían meterse: políticos/narcos/policías. Intentado echar la culpa al narco, el estado ha procurado desviar la atención del hecho que entre las estructuras del estado y el narco no sólo existen fuertes lazos, sino que es una misma cosa. Cuando la desaparición empezó a crear demasiado ruido, tanto a nivel nacional como internacional, el gobierno del Estado de Guerrero intentó sobornar a las familias de los estudiantes desaparecidos ofreciendo 100.000 pesos (unos 6.000 euros) a cada familia para que bajaran la voz.

A raíz de la búsqueda de los estudiantes de Ayotzinapa, sólo en las localidades próximas a la ciudad de Iguala se descubrieron hasta ahora más de 10 fosas comunes donde los narco-policías enterraban a sus víctimas. De manera similar, el drenaje de unas aguas en el municipio de Ecatepec, que forma parte de la zona urbana pegada al Distrito Federal, sacó a la luz del día entre 20 y 40 cuerpos que fueron tirados a los pantanos. La idea de que todo México es una gran fosa común se está apoderando de las mentes de la gente.

Meterse con los políticos también les sale caro a los activistas indígenas. Mario Luna, portavoz de la comunidad Yaqui que lucha en contra del acueducto “Independencia” en el Estado de Sonora en el norte de México, fue detenido por un grupo de personas vestidas de civil que se lo llevaron en el interior de un vehículo no oficial a un rumbo desconocido. Poco después, la comunidad fue informada de que Mario Luna fue detenido por haber secuestrado junto con otro compañero durante dos días a un miembro de la comunidad Yaqui. La persona que fue “secuestrada” por las autoridades tradicionales Yaquis, que incluso según la constitución mexicana tienen derecho a hacerlo, había intentado atropellar a varias personas que bloqueaban una carretera en protesta contra el acueducto. Las autoridades tradicionales escribieron una carta a las autoridades estatales explicando que ellos tenían derecho a hacer un juicio a un miembro de su comunidad y que, además, Mario Luna no estuvo presente cuando a esta persona se la detuvo y mucho menos fue él el que ordenó su detención, pero sin embargo hasta la fecha Mario permanece en la cárcel. Entre muchos otros casos, hay que mencionar el reciente en las comunidades de Xochicuautla y Hutzilizapan a apenas una hora de la Ciudad de México, donde cientos de policías entraron armados para romper la resistencia del pueblo indígena Otomí contra la autopista que pasará justo en el medio de su bosque sagrado. El 3 de noviembre de 2014, la policía detuvo a 8 personas que resistían pacíficamente a la destrucción del bosque y que además cuentan con el amparo judicial a favor de su causa. La palabra y las órdenes del gobernador del Estado de México, sin embargo, para la policía pesan más que las decisiones judiciales a favor del pueblo Otomí.

La desaparición forzosa de estudiantes de Ayotzinapa, a diferencia de muchos otros casos, algunos incluso más sangrientos en cuanto a número de víctimas, se ha hecho conocida internacionalmente gracias a las movilizaciones masivas en todo México y en más de 100 ciudades del el extranjero. Este caso, que ha causado que se paren las universidades, que la ceremonia de premios de cine se convierta en el acto cultural más politizado que haya sido transmitido en vivo por la televisión, que más de 50.000 personas prácticamente se auto-organizaran y manifestaran en las calles de la Ciudad de México sin que detrás haya ningún partido político, parece ser en este momento el punto de cambio de la conciencia.

Podemos preguntarnos entonces, ¿existe realmente el estado mexicano, o ya murió, como dice una pancarta de las marchas a favor de Ayotzinapa? Tal vez, México es simplemente un territorio gobernado y controlado por un surtido de criminales de diferentes perfiles, estrategias y modos de actuar, en posiciones dentro de la estructura política, judicial, de “defensa” y de “protección”. Aunque esto bien se podría aplicar a muchos otros países también, para México reconocer este hecho sería un gran paso adelante y la condición imprescindible para una futura reconstrucción del tejido social.

Los manifestantes de las numerosas marchas a favor de los estudiantes desaparecidos lo tienen claro y dicen en voz alta que quién los desapareció: FUE EL ESTADO. A los que aún tienen esperanza, en el caso de Ayotzinapa ven la gota que podría derramar el vaso. Sin embargo, las movilizaciones para la libertad de Mario Luna justo habían empezado a tomar fuerza cuando ocurrió Ayotzinapa. ¿Pasará algo más si las movilizaciones para Ayotzinapa llegan a un momento crítico para las autoridades? Al final uno se queda con la sensación de que el vaso mexicano no tiene fondo y que el agua que se le hecha por arriba sale por abajo, así que el vaso nunca se llenará. Esperemos que no sea así.

N.C.