México: “El país bajo armas” donde el enemigo puede ser un ciudadano

México es un país en guerra. Unas veces las autoridades han tomado abiertamente la bandera de la guerra, y otras, como la actual administración, un discurso de pacificación.

México no ha cambiado su estrategia de combate frontal al crimen organizado en los últimos 15 años desde que el expresidente Felipe Calderón declaró la guerra al narcotráfico en diciembre de 2006.

Calderón sacó el Ejército a las calles, relegando a la policía a un segundo plano, y desde entonces los militares no han vuelto a los cuarteles. Los efectos han sido devastadores, la falta de formación en derechos humanos del Ejército y un marco legal vago ha permitido a las autoridades cometer crímenes de lesa humanidad y hacer uso excesivo de la fuerza.

En los últimos 15 años, 5.151 personas han muerto en combates contra el Ejército. A estas personas se les denomina “agresores” o “vinculados al crimen organizado”. Sin embargo, la falta de transparencia sobre quién está siendo asesinado ha sido objeto de una revisión de los casos.

El “País Bajo Armas” es una investigación periodística centrada en el uso de la fuerza letal por parte del Ejército, la policía y el poder que el presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó a los militares.

El primer presidente de izquierda de México ha hecho que el Ejército sea más poderoso que nunca.

No es sólo una militarización de los temas de seguridad pública sino también del militarismo que otorga poder militar a las instituciones que antes pertenecían al ámbito civil.

Parte I: Letalidad

Esta investigación se divide en tres partes. La primero se titula “La pacificación de AMLO es más letal que la guerra de Calderón” y muestra que los niveles de letalidad del Ejército en enfrentamientos con civiles son superiores a los registrados en guerras como la de Vietnam.

Hoy en los enfrentamientos registrados por el Ejército, hay una tasa de 5,9 muertos por cada herido. En cambio, en la guerra de Vietnam esta medida fue la contraria, con un muerto por cada cuatro heridos. El Ejército Mexicano no dispara para neutralizar a sus enemigos sino para matar.

A pesar de las numerosas víctimas inocentes, en el discurso oficial estos enfrentamientos y muertos son catalogados como agresores a las Fuerzas Armadas.

Se dice que los agresores son personas vinculadas al crimen organizado, pero se ha generalizado la criminalización de las víctimas para encubrir delitos. Este trabajo periodístico recoge diversos testimonios de personas que han sido víctimas de disparos del Ejército sin ser agresores ni participar en combate alguno.

A pesar de tener un discurso de paz y su famosa frase "Abrazos, no balazos". El Ejército de López Obrador tiene mayor tasa de letalidad que Felipe Calderón Hinojosa, quien declaró la guerra.

El gobierno actual ha reemplazado a la anterior Policía Federal y ha promovido la suya propia, denominada Guardia Nacional. Esta innovación es un paso más hacia la militarización del país, ya que la nueva policía está integrada por soldados entrenados y ex oficiales de la Armada.

El Ejército y la Guardia Nacional brindan seguridad pública en la actualidad. El entrenamiento militar de sus elementos ha surtido efecto. Se han producido varias ejecuciones extrajudiciales, en las que los agentes de policía reaccionan de forma exagerada o identifican amenazas que no lo eran.

Estos artículos dan cuenta de testimonios de víctimas de la Guardia Nacional. Desde la aparición de un nuevo cuerpo policial en julio de 2019 hasta junio de 2021, al menos 93 personas han sido ejecutadas por la Guardia Nacional en los llamados combates.

Para documentar esta situación, periodistas viajaron a diferentes ciudades. Uno de ellos es Nuevo Laredo, en Tamaulipas, ciudad fronteriza que se ha convertido en el epicentro de varios casos de ejecuciones extrajudiciales por parte del Ejército.

Parte II: La cuarta transformación del powder militar

El Ejército goza de una preponderancia sin precedentes. Sin prepararse para una guerra con ningún otro país, internamente, el Ejército tiene más presupuesto que nunca.

En los primeros tres años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de la Defensa Nacional sumó un presupuesto de 15.780 dólares. Se trata de un 61% y 14,8% de incremento, respectivamente, en comparación con el mismo período de sus antecesores en el cargo, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

Hoy las Fuerzas Armadas han trascendido sus funciones y se les han encomendado tareas ante instituciones civiles. Como la construcción de megaproyectos aeroportuarios y el Tren Maya, cuidado de puertos marítimos, combate a la pesca ilegal, distribución de medicamentos, etc.

La concesión de obras al Ejército también tiene un carácter opaco. Bajo el argumento de la seguridad nacional, la información puede ser clasificada. Y por esta razón, el escrutinio público se vuelve cada vez más difícil.

Part III: La vida de un civil le cuesta USD $14.000 al ejército

Perder la vida a manos del Ejército no es el fin de la victimización sino el inicio de una batalla para que los familiares obtengan justicia y reparación por parte del Estado.

En diversos testimonios recogidos, hoy la vida de una persona asesinada vale entre 300.000 y 400.000 pesos en concepto de indemnización. Recopilamos casos donde las víctimas han sido hostigadas para aceptar estos montos y abandonar la búsqueda de justicia contra quienes dispararon contra sus familiares.

Estos ofrecimientos institucionales a las víctimas no sólo están lejos de ser beneficiosos para sus familiares, sino que además carecen de un mecanismo efectivo que garantice la no repetición por parte del Ministerio de la Defensa Nacional.

Las víctimas no han caído a manos de perpetradores que individualmente decidieron disparar sus armas, sino de elementos que siguen una cadena de mando y estrategias de neutralización realizadas sistemáticamente en el país.

Si bien López Obrador ha dicho que ya no se cometen violaciones de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, desde 2019 hasta octubre de 2021 se han presentado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos más de dos mil denuncias de violaciones de derechos humanos por tortura, uso desproporcionado de fuerza pública, detenciones arbitrarias, privación de la vida y detenciones ilegales, entre otras.

En la Constitución mexicana se ha dado un plazo para que los militares se retiren de las calles. Este plazo vence el 26 de marzo de 2024, pero parece lejos de suceder hoy. Como la Guardia Nacional aún no puede hacerse cargo por sí sola de la seguridad pública, las autoridades se han olvidado de fortalecer el personal y el presupuesto de esta institución civil.

Impactos de la investigación

Esta investigación fue posible gracias al apoyo de la UNESCO en México a través del Programa de Apoyo al Periodismo 2021. Este trabajo fue publicado en un micrositio en el portal Aguamala.mx, un esfuerzo de un grupo de periodistas independientes.

Asimismo, fue republicado por medios consolidados como Aristegui Noticias, Zeta Tijuana y ZonaDocs.

La revelación de casos de civiles asesinados a manos de autoridades ha revolucionado las cifras al respecto y ha dado una nueva perspectiva sobre el camino que está tomando el uso de la fuerza letal en la actual administración.