Las objetoras en Bélgica
Por Rebecca Gumbrell McCormick
A finales de 1985, el Mouvement
International de la Réconciliation - International des Resistants à
la Guerre (MIR-IRG), uno de los grupos belgas afiliados a la IRG,
junto con el grupo de objetores de conciencia Confederation du
Service Civil de la Jeunesse (CSCJ), publicaron una petición a las
mujeres belgas para que se declararan objetoras de conciencia. Desde
aquel momento, varias mujeres empezaron a enviar su petición del
estatus de objetora al ministerio del Interior, pero éste siempre
las ha rechazado todas como “improcedentes”. ¿Qué razones
habría para seguir con una acción así, aparentemente inútil?
Antecedentes
La petición belga para que se extienda
la objeción de conciencia a las mujeres, y otros grupos no incluidos
en la actual legislación, se basa en el deseo de extender la
protección del estatus de objeción de conciencia a todas las
personas que comparten con los objetores la filosofía de objeción
al militarismo. En la actualidad, las personas que han quedado
exentas del servicio militar por otra razón, como por trabajos para
el desarrollo en el Mundo Superexplotado, ser extranjero residente en
Bélgica, o por ser mujer, no tienen que hacer el servicio militar, y
no pueden, por tanto, registrarse como objetoras u objetores; esto
es, el derecho estatutario de la objeción de conciencia a no llevar
armas, servir en el ejército o trabajar en la industria de la
defensa, no se le otorga ahora a todas las personas que tienen una
misma convicción moral.
Al mismo tiempo, la ciudadanía belga
que se encuentra exenta del reclutamiento está específicamente
incluida en una ley de 1984 sobre “protección civil” que permite
al ministerio del Interior asignarles “tareas de interés general”
si se produce una emergencia nacional. Sin la protección del estatus
que reconoce la objeción de conciencia, estas personas podrían
verse obligadas, contra su conciencia, a realizar tareas para usos
militares o para la organización militar. Esta ley ha sido
cuestionada con varios argumentos, pero todavía no ha sido aplicada
nunca.
En este momento, es más importante la
falta de defensa legal de las personas que no han sido reconocidas
como objetoras de conciencia ante otras formas de militarización,
como por ejemplo, en temas de empleo. Los objetores de conciencia
pueden rechazar ofertas de empleo que tengan que ver con llevar las
armas o con participar en la industria armamentista o en cualquier
trabajo vinculado a aplicaciones militares, hasta haber cumplido los
45 años. En ese tiempo, están protegidos, por tanto, de la norma de
la oficina de empleo de que deben aceptar las ofertas de trabajo
también en la industria de la defensa (ofertas para las que, de no
ser objetores, estarían cualificados). Ninguna otra persona más
disfruta de esta protección automática. Para todos los hombres que
hayan reflexionado sobre el dilema moral de trabajar en industrias
que fabrican armas nucleares o que proporcionan armas a regímenes
dictatoriales demasiado tarde como para poder solicitar el estatus de
la objeción, esto es una injusticia; igualmente para el caso de las
mujeres, que no se pueden registrar de ninguna manera como objetoras,
y a esto se le suma que se trata además de un caso de discriminación
por razón de sexo.
La campaña
Por estas y por otras razones, el
movimiento pacifista belga y los grupos de objeción de conciencia
decidieron montar una campaña para exigir la extensión de la
objeción de conciencia a las mujeres y a los otros grupos que no
quedan incluidos en la presente ley. En 1983, la senadora socialista
Lydia Pauw-Deveen propuso una serie de reformas de los estatutos de
objeción, incluida esa extensión a las mujeres. Sus reformas no
llegaron a disponer de suficientes votos como para llegar a
convertirse en una ley, pero consiguió el apoyo de muchas mujeres
legisladoras no asociadas con la izquierda o el Partido Socialista.
Después de esto, los grupos de
objeción y pacifistas decidieron continuar con el llamamiento a las
mujeres para que solicitaran el estatus de objetora. Las que
escribieron al ministerio del Interior subrayaron su oposición a
hacer trabajos relacionados con la defensa y las armas nucleares, y
su apoyo a los mismos principios morales y filosóficos que los
objetores.
La siguiente carta fue escrita por una
mujer llamada Josiane:
Desde el 1 de mayo
de 1985 estoy sin trabajo. Actualmente, no tengo el derecho a
rechazar un trabajo en la industria armamentista, o en ninguna
industria que requiera que se lleven las armas, sin perder mi
subsidio de desempleo. Como trabajadora social de profesión, he
observado cómo los presupuestos nacionales se han reducido en lo
tocante a empleos en el sector social, a pesar de que este sector
contribuye al desarrollo y a una vida mejor para las personas.
Nuestra política de defensa nacional promociona la carrera
armamentista (…) armas que pueden destruir nuestro planeta docenas
de veces.
No me siento
protegida por la perpetua amenaza nuclear, especialmente desde que el
pasado marzo, hemos alojado misiles nucleares en nuestro territorio.
Estoy embarazada de siete meses, y es mi deber como mujer proteger la
vida y actuar en consecuencia. Considero que es necesario que Bélgica
conciba un sistema eficaz de defensa que proporcione una verdadera
seguridad a las personas, la posibilidad de desarrollarse y de ser
libres en democracia.
La amenaza de
holocausto con que nos amenaza nuestro actual sistema debe ser
evitada. La única vía sensata y respetuosa con la vida es detener
esta carrera suicida de armas, encontrar una forma inteligente de
reciclar nuestros misiles despojándoles de toda capacidad
destructiva, y utilizar nuestro dinero para una verdadera defensa,
una que genere bienestar y el crecimiento de las personas adultas, de
las niñas y de los niños, a todos los niveles, que ofrezca trabajos
adecuados a la gente joven, y busque maneras de reconvertir nuestras
industrias armamentistas.
Reflexiones
No sabemos si más mujeres solicitarán
el estatus de objetora. Si la campaña tuviera algún seguimiento
más, es posible que las mujeres no consiguieran aún el estatus
legalmente, pero habrían empezado a desempeñar un papel más activo
en el movimiento pacifista belga (dominado ahora mismo por los
hombres), lo que mejoraría consecuentemente su eficacia. Es más, la
petición de estatus de objetora encajaría perfectamente en la
campaña más amplia a favor de la objeción de conciencia frente a
empleos relacionados con la defensa, la reconversión de la industria
armamentista y el desarrollo de una nueva estrategia de defensa
popular. En Bélgica y en muchos otros países, esta campaña
contribuiría significativamente a ampliar el campo de acción del
movimiento pacifista, y a conectarlo con otras fuerzas que trabajan a
favor del cambio social.
No obstante, la campaña tiene algunos
peligros. El más importante es que se viera como un apoyo indirecto
a la conscripción. El estatus de objetora implicaría la aceptación
del servicio civil alternativo porque los derechos conllevan
obligaciones. (Sin embargo, el servicio alternativo rara vez es lo
que quienes lo defendieron pretendían: un servicio para contribuir a
la construcción de la paz; ha sido más bien una fuente de mano de
obra más barata que le quita el puesto a la mano de obra en paro en
la sociedad, mayoritariamente a las mujeres.) Y existe otro peligro:
la petición de estatus de objetora podría ser utilizada como
argumento para que las mujeres tengan también derecho a ingresar en
el ejército. De este modo, al final, la campaña habría creado
nuevas obligaciones para las mujeres sin haber podido modificar en
absoluto una que ya tienen los hombres.
Esto sería sin duda un paso atrás. No
obstante, sin negarle la razón a las mencionadas reservas, ¿acaso
no es también cierto que no hacer nada cuando se ve que la
militarización de la sociedad va en aumento sería dar dos pasos
hacia atrás? En Bélgica, necesitamos protección legal frente a una
ley que impone tareas de carácter potencialmente militar a las
mujeres y a hombres que ahora no tienen que hacer el servicio
militar; en muchos países, dicha protección la necesitan todas
aquellas personas que en sus trabajos están realizando tareas que se
usan de hecho en aplicaciones militares. El estatus de objeción de
conciencia ayudaría a los dos grupos. Es más, el servicio civil
alternativo, a pesar de sus lados negativos, podría darles a las
mujeres la oportunidad de desempeñar un papel más activo en los
sectores político y social donde tienen impacto los objetores.
Otro argumento es que la petición de
objeción de conciencia para las mujeres es una base mucho mejor para
campañas por la paz y la igualdad positiva que la idea popular (que
como poco plantea interrogantes) de que las mujeres por ser madres,
cuidadoras, y demás, son por naturaleza amantes de la paz (como
menciona su autora en la carta reproducida). En lugar de insistir en
mantener a las mujeres en una categoría especial, la petición de
que se amplíe la objeción de conciencia a las mujeres promociona la
igualdad de derechos, además de apoyar que se le den más derechos a
todo el mundo, y proporciona al menos una de las armas morales y
legales que se necesitan para plantarle cara al militarismo en la
sociedad.
A pesar de las reservas anteriores, la
campaña belga merece la atención del análisis y el debate. Podría
contribuir a una implicación mayor de las mujeres en la lucha
pacifista en muchos países, y conducir a campañas más amplias y
eficaces.
Publicado originalmente en el boletín
WRI Women, nº1, enero/febrero 1987, boletín del Grupo de
Trabajo de las Mujeres de la IRG. Cuando el artículo fue escrito, la
autora era vicepresidenta del European Bureau for Conscientious
Objection, aunque aclara en una nota que su análisis aquí es
personal.
Añadir nuevo comentario