Corea del Sur

Los objetores de conciencia al servicio militar continúan siendo encarcelados en muchos países en la actualidad. La IRG actualiza periódicamente su lista de objetores de conciencia encarcelados y se organiza en solidaridad con ellos. En esta publicación, encuentran una lista de objetores de conciencia que se sabe que están tras las rejas o prestan servicio en campos de trabajo a junio de 2021.

El primer seminario web de nuestra serie de seminarios, Campaña por la objeción de conciencia al servicio militar, coorganizado con QUNO e IFOR, tendrá lugar el miércoles 3 de febrero. En nuestro primer evento, contaremos con activistas de Ginebra (Suiza), Seúl (Corea del Sur) y Bogotá (Colombia), que explicarán el papel del litigio en sus campañas de apoyo a los objetores de conciencia.

A continuación se muestra una lista de algunaa de las personas que actualmente están en prisión por su trabajo por la paz. Escríbeles el 1 de diciembre, Día de los Prisos/as por la Paz, ¡ayudános a aumentar nuestros gestos solidaridad!

Daeji P&I es una empresa con sede en Corea del Sur que construye una serie de vehículos diseñados para su uso por unidades policiales, incluidos cañones de agua y vehículos blindados.

En junio de 2018, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur emitió un fallo histórico reconociendo la objeción de conciencia. En su fallo, el Tribunal obligó a los legisladores a cambiar la ley respectiva e iniciar un servicio civil alternativo para los objetores de conciencia a fines de 2019. Después de más de un año desde el fallo, la Asamblea Nacional todavía está revisando los proyectos de ley propuestos para el servicio civil alternativo.

Hoy [28 de junio de 2018], el Tribunal Constitucional de la República de Corea ha dictaminado que el párrafo 1 del artículo 5 de la Ley de Servicio Militar (LSM a continuación) no se ajusta a la Constitución de la República de Corea, ya que no ofrece un servicio alternativo a los objetores de conciencia como un tipo de servicio militar, al tiempo que establece un plazo para seguir aplicando esa disposición hasta el 31 de diciembre de 2019. La decisión del Tribunal contra la inacción legislativa implica que es inconstitucional no promulgar la ley pertinente exigida por la Constitución.

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