En diciembre, un tribunal civil belga escuchó los argumentos de una coalición de ONG belgas para poner fin a la exportación de componentes militares a la fuerza aérea turca. A principios de 2021, la afiliada de la IRG, Vredesactie, junto con CNAPD y con el apoyo de Amnistía Internacional Bélgica, demandó al gobierno flamenco por su participación en la producción de los aviones de transporte militar turcos A400M. Turquía utiliza estos aviones para alimentar conflictos en toda la región y violar los embargos internacionales de armas. Mientras se desarrollaba la sesión judicial, los activistas organizaron una protesta frente al Palacio de Justicia de Bruselas. Exigieron el fin de las exportaciones de armas a las zonas de conflicto y controles más estrictos sobre el uso final de las exportaciones de armas flamencas.