El segundo estado de excepción policial y militar en Chile es utilizado políticamente

En octubre de 2019, en Chile, se generó un histórico estallido social (inesperado para la gran mayoría). La suma de personas a las protestas, día a día, fue exponencial. Parte de las principales demandas de la revuelta fueron la eliminación de la vigente constitución de la república chilena redactada en la dictadura cívico militar a cargo del general Pinochet, la cual impedía una cantidad ingente de cambios en beneficio de la población más desposeída. Chile es considerado, dentro de la OCDE, el país con mayores brecas de desigualdad económica y social.

En este escenario, el actual gobierno del empresario multimillonario Piñera, intentó amortiguar y calmar las desbandadas protestas que se dieron casi todos los días hasta principios de marzo del 2020. Estos intentos tuvieron tal torpeza estratégica y política, que se llegó a decretar un estado de emergencia y toque de queda, donde se comenzó a ver a los militares en las calles como en tiempos de dictadura. El presidente Piñera mencionaba que en Chile había una guerra con un enemigo poderoso, pero no entregaba más datos. En realidad, estaba declarando una guerra contra el pueblo más oprimido del país que había resistido las desigualdades y constantes robos multimillonarios por casi todas las instituciones del país. Los robos de cuello y corbata en Chile no terminan en prisión, sino, como ocurrió con el caso Penta, el cual fue un fraude al Fisco por la empresa Penta por alrededor de 25 millones de dólares, los empresarios Délano y Lavín solo fueron condenados a recibir clases de ética.[1] Esto último es solo un ejemplo de la burla del poder legislativo, judicial y del ejecutivo, pues los robos y colusiones millonarias han sido recurrentes en los últimos 30 años (desde el regreso a la democracia). El pueblo no soportaba más injusticias, mientras las desigualdades se acrecentaban.

Con los militares en las calles, junto a la policía comenzó una fuerte represión a las y los manifestantes de todo Chile, disparando a quemarropa, desapareciendo personas, torturando y abusando sexualmente en comisarías. Se cuentan en más de 350 las personas que recibieron daño ocular, muchas de ellas quedaron tuertas y algunos ciegos de por vida. El gobierno, a través de los meses de protesta acrecentaba su negacionismo, tratando de delincuentes a quienes se manifestaban en las calles.

Llegó marzo y comenzaron los primeros casos de Covid-19 en el país. A medida que los casos aumentaban y comenzaba el miedo generalizado, el gobierno tuvo la gran oportunidad de desviar la atención mediática de la protesta hacia la emergencia sanitaria. Si bien, en los últimos dos meses de las protestas (febrero-marzo) se habían retirado a los militares de las calles, las primeras medidas de incorporación sanitaria fue volver a hacer uso de ellos bajo un Estado de excepción en todo el país y el regreso de los toques de queda desde las 22:00 a las 5:00 AM (hora del más bajo contagio). Analistas de derecha mencionaban que el Covid-19 había sido un golpe de suerte político para el gobierno, el cual, aprovechando los inicios de las cuarentenas, comenzó a dar discursos de un eficiente control de la enfermedad y un pronto regreso a la “normalidad”. Posteriormente se llevaron a las calles a Boinas Negras, militares comandos de élite entrenados para casos muy específicos de guerra. Pero, ¿qué hacían comandos especialistas de guerra en las calles en una pandemia? La represión volvió y se justificaba muy bien pues la salud, y el miedo a perderla, permite cosas terribles en la suspensión de derechos (a fines de marzo vi, en las noticias de la TV como disparaban a un conductor que no respetaba el control de revisión de identificación). A un conocido que se atrasó en llegar a casa le obligaron a hacer flexiones de brazos en el piso apuntándoles con sus armas.

Hay justificaciones para el uso de militares en estados de excepción tan fuertes como el que vivimos en el mundo entero, pero en Chile les calzó muy bien a los gobernantes actuales. Cuando los casos de contagio comenzaron a propagarse en los sectores más pobres del país, los enfermos comenzaron a subir a una escala exponencial sin control, pues la mayoría de estas personas deben, obligadamente, salir a trabajar en lo que puedan para sobrevivir el día a día. Hace unos días, las mismas personas de esos sectores comenzaron a no respetar las cuarentenas y salieron, nuevamente, a protestar, pero esta vez mencionando, directamente, que lo hacían porque tenían hambre. Esta situación se encuentra creciendo. La protesta fue duramente reprimida y el gobierno comenzó a dar discursos de manipulación y uso de recursos económicos de la izquierda para movilizar la protesta, es decir, hasta en el peor escenario que comienza en el país, donde la gente sale a enfrentarse con policías y militares por hambre, el gobierno intenta darle un giro político.

Durante las manifestaciones, que comenzaron en octubre, unos artistas proyectaban textos en un gran edificio de la empresa Telefónica, donde ponían palabras y frases a favor de los y las manifestantes. Estas mismas personas proyectaron, recientemente, en el mismo edificio la única y gran palabra: Hambre. Uno de los síntomas que podríamos apreciar sobre el estado de excepción de una derecha dura con militares y comandos en las calles es comenzar a dar discursos como si se estuviera en dictadura. El diputado Schalper, el 19 de mayo, pidió a la Fiscalía que investigue a quienes hicieron la proyección en el edificio para perseguirlos. En una democracia la libre expresión es parte de ella, pero ya se suman a la excepción policial y militar las peticiones de políticos y políticas que imaginan que la restricción de las libertades civiles también debe ser vigilada y castigada  para quienes se expresen de forma pacífica, en vez de preocuparse del real problema que es la desesperanza de creciente número de personas que, literalmente, comienzan a pasar hambre y que, en su protesta por ello, son reprimidos, política, policial y militarmente, tratándolos, al igual que en octubre, como vándalos.  

En los mismos sectores donde la gente protesta por el hambre comienzan a darse lo que no ocurría hace más de 30 años en el país: las denominadas ollas comunes. La comunidad se une para cocinar alimentos y repartirlos en los barrios cercanos. Esto es inédito en un país extremadamente neoliberalizado donde lo común no se pensaba hasta esta emergencia. 

A comienzos del 2020 el Estado chileno invirtió más de 2.000 millones de dólares en infraestructura y armamento policial. Hoy se están agotando los ventiladores mecánicos y no se invirtió en la cantidad que se anunció desde el ministerio de salud. En las fechas de la inversión de “armamento de guerra” ya se sabía que el nuevo coronavirus llegaría a América y, Chile, como país pobre del mundo, prefirió invertir en seguridad militar.