Europa: Los legisladores en la corte; la lucha contra la exportación permite la vía judicial

Wednelda de Vries

Translated by Absalon Guzman

Publicada originalmente en la 'materia explosiva' Blog. El artículo original se puede encontrar aquí: http://stopwapenhandel.org/node/1955

Cuando la solicitud de una empresa de armas por un permiso de exportación es rechazada, la empresa puede apelar a un tribunal. En los Países Bajos por ejemplo, la empresa de armas, Tales apeló con éxito contra la denegación de una licencia de exportación a la India en 2005. Pero que sucede si a una empresa de armas se le permite una licencia de exportación, donde los activistas temen consecuencias a los derechos humanos ? ¿Qué pasa si las organizaciones de la sociedad civil apelan contra un permiso de exportación de armas? En la actualidad, varios procesos judiciales se están ejecutando en la UE, bajo leyes diferentes y con diferentes ángulos, pero todos librados por activistas anti-comercio de armas y defensores de derechos humanos.

Reino Unido

El más conocido es el caso británico de la Campaña Contra el Comercio de Armas (CCCA) contra el gobierno. Desde la intervención de Tony Blair de detener una investigación de corrupción en la venta de armas a Arabia Saudita había una alta necesidad de reinstalar la justicia contra el comercio de armas y recientemente (julio 30) el Tribunal Supremo ha dictaminado que la CCCA que puede tomar el caso del equipamiento armado a Arabia Saudita a una revisión judicial. Los jueces examinarán ahora si la decisión del gobierno de continuar licenciando la venta de armas a Arabia Saudita, las cuales se podrían usar en Yemen, es legal. El propio gobierno del Reino Unido admite que aviones de combate hechos en el Reino Unido, los misiles y las bombas han sido utilizados en los ataques Saudíes sobre Yemen - ataques que han matado a miles de personas y precipitado un desastre humanitario.

Italia

Otro caso de las armas utilizadas en Yemen se refiere a la fabricación y transporte de componentes de bomba de Rheinmetall subsidiaria de RWM Italia Spa de Cerdeña que se utilizan en los ataques de la coalición liderada por Arabia Saudita en Yemen, donde se han documentado muchas muertes de civiles. El caso ha sido descubierto y documentado por los periodistas con la ayuda activistas de la paz y derechos humanos, gracias también a algunos parlamentarios, y se presentó a la Justicia. En el procesamiento de la ley italiana es obligatorio si un juez / fiscal / oficial de policía tiene informes de un posible delito ( "notitia criminis").

La evidencia es entregada a los fiscales de diferentes ciudades; Roma como la capital y sede del Gobierno, Brescia donde RWM Italia tiene su sede legal y Cagliari porque la planta de RWM esta en Cerdeña. De acuerdo con la Rete Disarmo, La Red Italiana para el Desarme, el gran número de embarques documentados de bombas para el ejército de Arabia Saudita son una prueba de la violación de la ley 185/90, la cual prohíbe la venta de armas a países en conflicto armado.

Francia

De una naturaleza diferente es el caso judicial en Francia contra la empresa de armas Exxelia Technologies por complicidad en los crímenes de guerra en Gaza. Los demandantes son miembros de la familia Shuheibar en la ciudad de Gaza que perdió tres hijos en un ataque aéreo israelí sobre su casa en 2014. Un misil impactó la casa familiar Shuheibar cuando cinco niños estaban alimentando a las aves de corral en el techo. Tres niños murieron, otros dos fueron gravemente heridos. Encontrado entre los restos del misil que fue disparado en la casa estaba un componente fabricado por la empresa francesa Eurofarad, ahora llamada Exxelia Technologies. El componente es parte de un pequeño misil disparado desde el aire, muy probablemente por un avión tele dirigido. Los sobrevivientes y testigos afirman que no existía ningún objetivo militar en la casa al momento del ataque, o de otra manera. En consecuencia la casa siguió siendo un objetivo civil, protegido del ataque bajo el derecho internacional. La focalización de la casa, lo que resultó en la muerte de civiles y daños a una estructura civil, fue por lo tanto ilegal y podría equivaler a un crimen de guerra.

Los demandantes acusan a la empresa francesa de complicidad en un crimen de guerra, o en un homicidio involuntario, al establecerse que el sensor en efecto fue vendido a los militares israelíes. Ellos presentaron la denuncia ante el fiscal de la unidad de crímenes de guerra. Si el fiscal acepta el caso y se prueba el alegato de crimen de guerra (un proceso que podría tomar años) el jefe de la empresa podría ser acusado penalmente, y la empresa tendrá que pagar una indemnización a la familia.

Países Bajos

En los Países Bajos, abogados de derechos humanos y organizaciones de paz apelaron juntos contra la decisión del gobierno holandés de garantizar una licencia de exportación de armas para Egipto. Según las organizaciones, el gobierno no tiene, o no ha suficientemente, tomado en consideración los derechos humanos y la participación de Egipto en la guerra de Yemen. El Estado no tomó los argumentos de las organizaciones en consideración, pero declaró que las organizaciones de la sociedad civil no son parte en un caso como este, ya que no tienen interés directo. Las organizaciones afirmaron ser parte, sin embargo, sobre la base de un caso anterior en el año 2006 donde eran reconocidos como tales por un tribunal civil, y basados en la misión de su organización.

El jueves pasado la corte administrativa decidió que el Estado es el adecuado y que las organizaciones de la sociedad civil no pueden apelar a un permiso de exportación. Esta decisión se basa en la nueva ley aduanera de la Unión Europea que establece que sólo las empresas pueden recurrir las decisiones sobre los permisos de exportación. Esta ley está invalidando la ley holandesa. Las Organizaciones de paz y derechos humanos no tienen ningún interés "directo e individual". La ley aduanera de la UE no reconoce el interés común o colectivo.

Por supuesto, las organizaciones están muy decepcionadas y están considerando el siguiente paso. Es inaceptable que solo las empresas de armas puedan ir a la corte sobre de la exportación de armas a violadores de los derechos humanos. No puede ser que nadie pueda defender jurídicamente los intereses de los derechos humanos en materia de exportación de armas desde los Países Bajos.

Proyecto de investigación

Los casos legales contra la exportación de armas son una herramienta de campaña adicional para tratar de detener los acuerdos con regímenes desagradables o las exportaciones a los belicistas. Por sí misma la ley nunca puede detener por completo la exportación no ética de armas, como las leyes de exportación de armas han sido dejadas deliberadamente abiertas a la interpretación política y por lo tanto no selladas. Pero en algunos casos, la ley puede hacer que sea muy difícil para los gobiernos. Y los debates jurídicos pueden dar lugar a una gran cantidad de publicidad útil para impulsar los pasos políticos necesarios para cambiar las políticas.

Juntos con Stop Wapenhandel, el Proyecto de Interés Público de Litigio (PIPL) de la Sección holandesa (Abogados Holandeses por los Derechos Humanos) ha organizado una investigación sobre las posibilidades judiciales para prevenir la exportación de armas a los países con notorias violaciones a derechos humanos. Un número de estudiantes ha analizado el marco legal de la exportación de armas a un nivel nacional, nivel nacional-europeo, en el nivel de la Unión Europea y en la escala pública internacional. En general, la pregunta era: ¿En qué clase de prueba basada en los derechos humanos evalúan los Estados el otorgamiento de permisos para la exportación de armas a las empresas de comercio de armas y qué tipo de prueba deberían ellos estar evaluando? Usted puede encontrar el resultado de esta investigación aquí.