Militarización de la juventud en la Venezuela bolivariana

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Rafael Uzcátegui

En 1998 el Teniente Coronel Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela tras protagonizar un golpe de Estado en 1992. Por primera vez en el período democrático (iniciado en 1958) un miembro del ejército era elegido como primer mandatario del país. Desde ese momento se inicia una progresiva militarización del país, con especial énfasis en la juventud, el cual utiliza a las Fuerzas Armadas como uno de los ejes fundamentales del mantenimiento de la gobernabilidad.
En este texto trabajaremos el concepto de “militarización” en un sentido amplio, sin reducirlo solamente a la presencia física de miembros del Ejército en la vida cotidiana de hombres y mujeres. Militarización es, especialmente, difundir y privilegiar los valores, símbolos, lenguajes y formas de pensar y organizarse propios del Ejército dentro de la sociedad para garantizar su gobernabilidad.

Iniciándoles desde pequeños

En 1981 se creó la materia “Instrucción premilitar” para los dos últimos años de educación secundaria de los institutos públicos, previos a la Universidad. Sin embargo no fue hasta 1999 que dicha materia fue obligatoria tanto para la educación pública como privada. Las clases teóricas sobre origen del Estado-nación desde un perspectiva militar se mezclan con la práctica de marchas militares (llamadas “orden cerrado”), ejercicios de supervivencia y confrontación bélica así como la descripción del armamento utilizado en el Ejército (a veces armar y desarmar una pistola puede ser parte del curso).

El gobierno bolivariano ha creado nuevas instituciones de educación superior, como la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBE) y la Universidad Nacional de las Artes (UNEARTE), sin embargo sus reglamentos disciplinarios se parecen más a los de un cuartel que a los de una universidad. En la UBE están prohibidos los sindicatos de estudiantes, mientras que en UNEARTE muchos comportamientos son calificados como falta a la autoridad y sancionados con la expulsión.

Asimismo, una antigua universidad exclusiva de los militares hoy forma parte del sistema universitario público: La Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada (UNEFA), cuya matrícula ha experimentado un importante crecimiento desde el año 2004, pasando de 2.500 estudiantes a 230.000 en la actualidad. Este esfuerzo de inclusión universitaria tiene como contraparte que los estudiantes reciben una educación militarizada con diferentes ritos propios de un cuartel, como cantar antes de clases el himno nacional, etc. La UNEFA se muestra como orgullosa de contribuir activamente a la formación de la Milicia Nacional Bolivariana, componente civil de las Fuerzas Armadas creado durante el gobierno bolivariano, y que según las cifras oficiales cuenta con 13.000 milicianos y milicianas en todo el país. Las autoridades universitarias afirman que los estudiantes se incorporan a la milicia de manera “voluntaria”, pero ¿es posible obtener un título de graduado si el alumno niega su participación?

La Milicia Nacional Bolivariana tiene como presunta fuente de legitimidad el artículo 326 de la Constitución, el cual establece el llamado “principio de corresponsabilidad de la ciudadanía en la defensa integral de la nación”. Hasta los momentos, esta interpretación se ha concretado en la creación de tres tipos de emprendimientos cívico-militares: la Milicia territorial, la reserva militar y los cuerpos de combatientes. La diferencia entre la milicia y los cuerpos de combatientes es que los últimos, según la Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –aprobada en el año 2009- deben ser organizados en las empresas públicas y privadas del país “asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenecen”. En su programa de gobierno 2013-2019, el presidente Chávez prometió en su punto 1.1.3.3 “Expandir la organización del pueblo para la defensa integral de la Patria”, con lo que se anunciaba que la militarización de la sociedad continuaría profundizándose.

Los cuerpos de combatientes no dejan de tener relación con el modelo educativo impulsado por la llamada “revolución bolivariana”: Voceros de instituciones como la Universidad Rómulo Gallegos (Unerg), la Universidad Simón Rodríguez (USR) y la Universidad Nacional Abierta (UNA), instituciones de educación superior antiguas pero ahora controladas abiertamente por el gobierno, han afirmado su compromiso de organizarlos a lo interior de sus trabajadores y trabajadoras. Un compromiso similar con el reforzamiento de la milicia, a su vez, puede encontrarse en la Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV). Se puede encontrar publicidades hecho para atraer a los jóvenes de unir las reservas en las universidades. El movimiento que apoyó el presidente Chávez era muy a favor de esto, instalando sus propios unidades. Hasta ahora no existe una clara vinculación orgánica de las instituciones educativas con las milicias, y las iniciativas son esfuerzos aislados y con escasa coordinación entre sí. Sin embargo, las evidencias señalan que se desea avanzar hacia una mayor articulación, creando una institucionalidad para la “defensa integral” de la nación que tenga como uno de sus componentes al sistema educativo.
Otra iniciativa militarista ha sido la creación, desde el Estado, de los llamados “comandos de guerrilla comunicacional”, paradójicamente una iniciativa de una mujer, la jefa de gobierno del Distrito Capital Jacqueline Faría, en abril del 2010. El proyecto era constituir unidades de 25 jóvenes estudiantes de educación media para enfrentar lo que el gobierno del presidente Chávez llama “hegemonía comunicacional” de los medios privados. Los adolescentes eran juramentados frente a los símbolos patrios, así como provisto de indumentaria militar con estética de las guerrillas latinoamericanas de la década de los 60´s y diferentes herramientas para hacer murales en las calles. Sin embargo, esta iniciativa no prosperó. Diferentes organizaciones de derechos humanos y sociales cuestionaron la legitimación de la violencia armada.

Otro ejemplo de la incursión del militarismo en las mentes de jóvenes en Venezuela es la utilización de elementos simbólicos que sugieren que el modelo vertical y autoritario representado por las Fuerzas Armadas es el modelo más eficiente para organizar la vida en sociedad. A pesar de la investidura civil de su cargo, el presidente Chávez acostumbró asistir a las ceremonias oficiales en traje militar. La boina de color rojo, utilizada por los militares golpistas y por el propio Chávez, durante febrero de 1992, forma parte importante del atuendo bolivariano. El paseo de Los Próceres en Caracas, una infraestructura militar inaugurada en 1956 por el dictador Marcos Pérez Jiménez, es un sitio privilegiado tanto para las marchas militares como para las manifestaciones civiles de apoyo al gobierno. Por ejemplo, la marcha inaugural del VI Foro Social Mundial, realizado en Caracas en enero del año 2006.

No solo los jóvenes – historia, violencia y espacio

Venezuela, como es la tendencia general de los países de América Latina, es un país cuya historia oficial es una sucesión de guerras y héroes militares. El mito fundacional del Estado venezolano es la figura de Simón Bolívar, una persona de origen oligárquico que logró la independencia de Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela luchando contra el ejército del imperio español entre los años 1820 y 1824. Tras morir en 1830, cuatro años más tarde el Congreso venezolano inicia institucionalmente el culto a su persona, otorgándole el título oficial de “El Libertador”.
Posteriormente, en 1880, el presidente Guzmán Blanco denomina como “Bolívar” a la moneda venezolana y ordena que en las principales plazas de las ciudades del país se colocara su estatua. Hoy en día, todas las poblaciones de Venezuela tienen como centro una figura o busto de Simón Bolívar. Dice que tenía una masculinidad de tipo “bélica” o “guerrera” y es el modelo para hombres venezolanos, con el énfasis en la masculinidad, el valor y el patriotismo.

El modelo de masculinidad dominante en la cultura venezolana es una proyección de los supuestos valores de patriotismo y valentía encarnados por Simón Bolívar. Chávez refuerza esto: a pesar de ser un presidente "civil" que siempre llevaba a cabo actos públicos vestido de militar y en todo su análisis y descripción de los conflictos políticos que empleó metáforas militares. Funcionarios públicos y sus partidarios le llamaron Comandante Presidente, los organismos públicos se les dieron nombres como Organización de Batalla Electoral, y el Cuerpo Combatiente, y la mayoría de las consignas que contiene alusiones militares, como la "Orden sobre este frente.”
Por último, aunque es históricamente falso, se ha difundido que el ejército venezolano actual es descendiente del “ejército de Simón Bolívar”. En América Latina la figura y pensamiento de Bolívar han sido utilizadas para darle legitimidad de origen a movimientos políticos tanto de izquierda como de derecha. En Venezuela la dictadura de Juan Vicente Gómez, entre los años 1908 y 1935, fue una activa promotora del culto a la personalidad de Simón Bolívar. Los diferentes gobiernos democráticos, a partir de 1958, invocaban de diferentes maneras el mito bolivariano. El movimiento de Hugo Chávez realizó otro tanto. Su iniciativa insurreccional, después del año 1992, se llamó “Movimiento Bolivariano Revolucionario 200”. Tras asumir el poder en 1998, por la vía democrática, la nueva Constitución cambió el nombre del país a “República Bolivariana de Venezuela”. Por otra parte su propio movimiento político se llama “revolución bolivariana”.

En 1999, se escribió la nueva constitución. Una de las novedades la constituía la inclusión del derecho al voto a los militares (Antes de esa fecha los miembros de las Fuerzas Armadas no podían participar en elecciones). A partir de esa se inicia una situación desconocida en el país: La militarización de la administración pública, ocupando diferentes cargos en ministerios, gobernaciones y alcaldías. A pesar que existe una coalición de partidos políticos que apoyan al presidente Chávez, el llamado Gran Polo Patriótico, múltiples evidencias demuestran que, en los hechos, las Fuerzas Armadas son la organización política de mayor confianza para Hugo Chávez en el ejercicio del poder. Como ejemplo tenemos las elecciones a gobernadores realizadas el 16 de diciembre de 2012, en donde el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) postuló candidatos y candidatas a 23 gobernaciones del país, de los cuales 12 eran militares. 11 de estos militares resultaron electos.

Una de las consecuencias fue el inicio de una nueva etapa de progresiva militarización del país, la cual se inicia con una reforma constitucional, realizada en 1999, que otorgó el derecho al voto a los integrantes de las Fuerzas Armadas, además de otros derechos políticos, como ser electos a cargos públicos de elección popular. Hoy los militares ocupan diferentes cargos como ministros, gobernaciones y alcaldías.

En Venezuela hay una primacía de violencia – simbólica o real – como una manera de resolver conflictos. La victoria se entiende como la eliminación o humillación del otro. Venezuela es un país con una de las mayores tasas de homicidios de la región. Históricamente los puestos de dirección de los cuerpos policiales del país son asignados a militares y los funcionarios policiales portan armamento de guerra. Los operativos para reducir los índices de inseguridad en Venezuela, incluyendo el reciente “Plan Bicentenario de Seguridad” cuentan con la participación protagónica de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), uno de los cuatro componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). Entre los años 1997 y 2011, según cifras de la ONG de derechos humanos Provea, las Fuerzas Armadas –especialmente la GNB- son responsables de 301 casos de violaciones al derecho a la vida. La coalición de derechos humanos “Foro por la Vida” ha exigido al gobierno “garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales”. La GNB, asimismo, es la encargada de custodiar las cárceles del país. En el 2011, según cifras del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ocurrieron 560 muertos y 1.457 en las 35 prisiones del país. La GNB es acusada de controlar el tráfico de armas y drogas en las cárceles venezolanas.

La grave situación de violencia en Venezuela ha sido catalogada como una “guerra de baja intensidad” por diferentes expertos en la materia. Mantenerse “seguros” ha motivado un importante cambio de hábitos y costumbres, afectando entre otros aspectos la recreación, realización de actividades culturales y la disminución del espacio público en las principales ciudades del país. En el centro de la ciudad de Caracas, capital del país, las actividades comerciales finalizan, por razones de seguridad, a las 6 de la tarde. En las principales ciudades del país el servicio de transporte público se limita progresivamente. Como una manera de preservar su integridad, la gente permanece dentro de sus casas en horario nocturno. Como consecuencia, en los últimos años los grandes centros comerciales (shopping malls) se han convertido en el espacio privilegiado de sociabilidad, especialmente entre los más jóvenes.

Otro aspecto de la militarización en los cuerpos de hombres y mujeres jóvenes lo constituyen las estrategias desplegadas para el control de los conflictos sociales, las cuales reproducen lógicas de guerra propias de las Fuerzas Armadas. A partir del año 2002, tras la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, se crearon en Venezuela las llamadas “zonas de seguridad”: “espacios (…) sujetos a regulación especial”. Según la ley zonas de seguridad son:

  • las orillas del mar, lagos, islas y ríos navegables
  • oleoductos, gasoductos, poliductos, acueductos y tendidos eléctricos principales
  • alrededor de instalaciones militares y públicas, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales
  • el espacio aéreo sobre las instalaciones militares, las industrias básicas, estratégicas y los servicios esenciales
  • las zonas adyacentes a las vías de comunicación aérea, terrestre y acuáticas de primer orden
    cualquier otra zona de Seguridad que se considere necesaria para la seguridad y defensa de la Nación”.

Según cálculos realizados por la ONG “Control Ciudadano”, casi el 30% del territorio venezolano estaría considerado como una zona de seguridad. Según el artículo 56 de la ley “Cualquiera que organice, sostenga o instigue a la realización de actividades dentro de las zonas de seguridad, que estén dirigidas a perturbar o afectar la organización y funcionamiento de las instalaciones militares, de los servicios públicos, industrias y empresas básicas, o la vida económico social del país, será penado con prisión de cinco (5) a diez (10) años”. El supuesto delito de “violación de zona de seguridad” es una de las acusaciones habituales para los líderes sociales y populares criminalizados por realizar manifestaciones pacíficas en el país. Para el año 2011 la ONG de derechos humanos Provea denunció la existencia de 2400 casos de personas sometidas a juicios por haber participado en una manifestación, la mayoría de estas personas eran jóvenes líderes campesinos, sindicales o estudiantiles. Sin embargo el control territorial de los derechos políticos no es exclusivo de la aplicación de la ley sobre zonas de seguridad. Múltiples áreas y espacios del país son consideradas “territorio bolivariano” donde se prohíbe, por la vía de los hechos, la realización de actividades proselitistas de cualquier otra propuesta política. En 1999, en el estado Bolívar, un estado fronterizo con frontera con Brasil, el pueblo Pemón derribado doce torres eléctricas que eran parte de un proyecto de línea de alta tensión entre Venezuela y Brasil, que pasa a través de los territorios indígenas en Venezuela. Como resultado, el territorio era militarizado, y las fuerzas armadas plantaron minas terrestres alrededor de otras torres eléctricas para evitar que sean derribados.

Diferentes organizaciones guerrilleras urbanas y rurales en el país apoyan al gobierno del presidente Chávez y tienen dentro de sus componentes a jóvenes. Organizaciones de derechos humanos han denunciado que en la frontera venezolana existe reclutamiento forzoso de adolescentes por parte de grupos colombianos como la FARC y el ELN, y el venezolano Fuerzas Bolivarianas de Liberación (FBL). La Constitución de 1999 reconoce de manera ambigua la objeción de conciencia. A falta de empleos y otras oportunidades, el servicio militar constituye una fuente de empleo y ascenso social para jóvenes provenientes de los sectores populares. Según el presupuesto nacional del 2013, el Ministerio de Defensa es el cuarto ministerio que más recibiría dinero para realizar sus funciones. Según este presupuesto las Fuerzas Armadas recibirían 156 veces más dinero que el total destinado al Ministerio de Pueblos Indígenas y 44,3 veces más presupuesto que lo destinado al Ministerio de la Juventud.
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Basado en el artículo del libro "Sowing Seeds: The Militarisation of Youth and How to Counter It"

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