Extractivismo y Militarismo en América Latina

Laboratorio de Paz

En los últimos años América latina ha podido mantenerse al margen de la crisis económica que azota buena parte de los países europeos y Estados Unidos. La región muestra indicadores macroeconómicos positivos que hablan sobre crecimiento y reducción de la pobreza. Estas cifras, que hay que interpretarlas con atención debido a su énfasis cuantitativo –dejando valoraciones cualitativas sin medir-, sin embargo son reivindicadas por la mayoría de los gobiernos, desde los más conservadores hasta los autodenominados “progresistas”, como expresión del “éxito” de sus políticas sociales. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), quien permanentemente recopila este tipo de estadísticas, afirmó que en el 2012 el continente mostraba el porcentaje de pobreza más bajo (28,8% del total de la población) de sus últimos 30 años.

¿Por qué mientras al resto del mundo le va mal a América Latina le va bien? La respuesta es: “Por la demanda de sus recursos naturales y energéticos”. Pero no nos crean a nosotros. Un reportaje del Wall Street Journal afirma “En general, América Latina ha tenido muy buen desempeño durante la última década, especialmente a raíz del apetito de China por los recursos naturales de la región, lo que propulsó un alza en los precios de las materias primas (…) El auge en los precios de sus mercancías ha beneficiado a todas las economías de la región”. Recordemos que el contexto en que esto sucede es el de la globalización económica, donde diferentes actores transnacionales y actores emergentes (como China, La India y Brasil) garantizan el flujo de capital a través de los territorios, los cuales ofertan sus “ventajas comparativas” al mercado mundial. Las de Latinoamérica siguen siendo sus materias primas, minerales e hidrocarburos.

Afirmar que hoy, independientemente del signo ideológico de los gobiernos, el modelo extractivista es el que impera en la región no es una impostura teórica. La Organización de Naciones Unidas (ONU) en un informe del año 2006 sobre sus principales exportaciones expresaba: “Los precios más elevados del petróleo han beneficiado a países exportadores de hidrocarburos como Bolivia, Colombia y Venezuela y, en menor medida, a Ecuador y México. Chile y el Perú cosecharon ganancias derivadas de los niveles sin precedentes de los precios de metales y minerales”. Un ranking del año 2011 de la revista América Economía estableció que el 28% de las exportaciones de las 500 mayores empresas de América Latina eran en el rubro de la minería, el 12% en agroindustrias y el 10% en petróleo y gas. Ese mismo conteo reveló que de las 10 empresas más grandes, 6 pertenecían al sector petróleo, gas y minería. Sólo las 4 primeras (en orden Petrobras, Pemex, Pdvsa y Vale) tuvieron ventas en el año 2010 por el orden de los 376.692 millones de dólares.

La expansión del extractivismo, implementado por gobiernos conservadores y progresistas por igual, se realiza soslayando las consecuencias sociales y ambientales que genera. Por ello los principales conflictos sociales en América latina hoy son protagonizados por comunidades campesinas e indígenas en lucha contra los grandes proyectos extractivos de minería. Según reportó el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales durante el año 2012 existían 184 conflictos regionales activos, cinco de ellos transfronterizos, involucrando a 253 comunidades afectadas.

La resistencia no distingue gobiernos progresistas o conservadores. En Ecuador ahora mismo se desarrolla una gran movilización para rechazar la decisión presidencial de extraer petróleo del Parque Nacional Yasuní, así como la firma en marzo pasado del primer contrato de minería a gran escala en el país. En Bolivia un presidente indígena ha decidido la construcción de una carretera que atraviese el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), donde habitan 5.000 indígenas para ampliar la frontera extractiva. En el 2011 4 personas fallecieron en manifestaciones defendiendo el territorio. En Perú los proyectos extractivos suman 20 millones de hectáreas entregadas. El proyecto “Minas Conga”, ubicado a 73 kilómetros de la ciudad de Cajamarca, motivó una amplia movilización de protesta, logrando detenerlo por los momentos. La Defensoría del Pueblo peruna ha registrado que el 60% de los conflictos son de naturaleza socioambiental. En Argentina, tras la estatización de YPF, Chevron ha anunciado su participación en la extracción del yacimiento “Vaca Muerta” en Neuquen, generando la movilización de las comunidades Mapuche. En Venezuela el pasado 03 de marzo fue asesinado el líder indígena yukpa Sabino Romero, quien había ocupado tierras para presionar por la demarcación de territorios y rechazar la explotación de carbón en la Sierra del Perijá. Al sur del país, en el estado Bolívar, comunidades pemonas desarmaron en dos oportunidades a destacamentos militares que realizaban trabajos de minería ilegal en sus territorios. En el resto del continente hay luchas similares.

Militarismo extractivo

Cuando se intenta vincular el incremento del militarismo en la región con la expansión de la economía extractiva se tiende a considerar únicamente la influencia de Estados Unidos en su llamado “patio trasero”, como si el mundo estuviera congelado en tiempos de la “Guerra Fría”. A esta situación hay que agregar el desarrollo de un militarismo propio latinoamericano como garante del modelo de flujo de capitales hacia el mercado global. Sobre esto el uruguayo Raúl Zibechi ha comentado: “No hay extractivismo, no hay minería, no hay soja, no hay monocultivos, sin militarización de la sociedad… Esto no es que sea un error, la militarización es parte de modelo. No hay minería a cielo abierto, mega minería, sin militarismo. Uno puede no verlo en la ciudad donde vive, si vive en la ciudad, pero si se acerca un poco verá un entorno cada vez más militarizado”.

El militarismo actual no hay que entenderlo únicamente como la presencia física de soldados o conflictos armados abiertos. Como lo ha dicho la mexicana Ana Cerceña “El capitalismo militariza de diferentes maneras, hay que entender que la militarización no es sólo poner un soldado o una base militar en algún lugar, sino convertir las políticas en políticas con visión militarista, en políticas con visión de enemigo”. Por ello hay que comprender al militarismo como la exaltación y primacía de los valores - autoridad, disciplina, orden jerárquico, obediencia, homogeneización del pensamiento, violencia y exterminio del otro como método de resolución de conflictos, entre otros- y modelos de comportamiento militar sobre otro tipo de racionalidades más civilistas.
Una expresión del militarismo latinoamericano, vinculada al extractivismo, es el apetito de los países por la compra de armas. Los datos del Instituto de Estocolmo de Investigaciones de Paz estableció en el 2012 que América Latina gastó 34.1 mil millones de dólares en armas y defensa –un aumento de 4.2% respecto de las cifras del 2011–mientras que estos gastos bajaron en el resto del mundo.

Aparejado al mayor protagonismo de los militares en la sociedad y la carrera armamentista, una tendencia común en la región ha sido la criminalización de la protesta. El libro “Cuando tiemblan los derechos: Extractivismo y criminalización en América latina” apunta que “La criminalización en países de América Latina confirma que ésta ocurre con el objetivo de intimidar o acallar las voces y acciones de resistencia frente a actividades y proyectos extractivos, tanto mineros como de hidrocarburos, y en algunos casos actividades agroindustriales o la aprobación de leyes funcionales a esas mismas actividades, las que son de interés de empresas o de los Estados, sean éstos neoliberales o que se autodefinen de izquierda”. Parte de la criminalización ha sido la promoción y uso de leyes antiterroristas contra manifestantes, lo cual atraviesa desde el Chile de Sebastián Piñera –con leyes que datan de la dictadura de Augusto Pinochet- hasta la Venezuela Bolivariana de Nicolás Maduro con una ley aprobada durante el mandato de Hugo Chávez influenciada paradójicamente por el manual del Fondo Monetario Internacional para la redacción de legislación antiterrorista. En su ficha técnica sobre el tema, el FMI estableció que los delitos tipificados como terrorismo pueden “desalentar la inversión extranjera y distorsionar los flujos internacionales de capital”.