Informe "Safe house" sobre la situación de los objetores de conciencia, huidos del servicio militar y desertores del último conflicto en Yugoslavia

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No.1 (julio de 1999)

Este es un informe preliminar elaborado a partir de datos recopilados en el proyecto "Safe house" (casa segura). A medida que se recojan más datos se elaborarán nuevos informes y análisis. Damos la bienvenida a cualquier aportación al respecto.

(Si se desea un análisis legal de las regulaciones específicas referidas a las obligaciones de los llamados a filas en un estado de guerra o de riesgo inminente de guerra, por favor pídanoslo).


Procedimientos penales en Yugoslavia

En este momento, según estimaciones del oficial retirado
Tihomir Stojanovic, antiguo jefe del Departamento Legal del Mando
Supremo, hay 23000 acusaciones por delitos cometidos durante la
intervención de la OTAN en la guerra de Kosovo. Los casos
se refieren predominantemente a delitos comprendidos en el capítulo
20 del Código Penal de la RF de Yugoslavia. El cargo más
frecuente es el de "no responder al llamamiento a filas y
evitar el servicio militar"; algunos están acusados
de "escapar del ejército", "rehuir las obligaciones
militares por mentira o mutilación" y "no cumplimiento
del deber durante el combate". Es importante llamar la atención
sobre el artículo 226 del Código Penal que incrementa
considerablemente la duración de las penas de prisión
durante el estado de guerra.

Según otras fuentes fidedignas se encuentran en prisión
unos cientos de objetores, huidos del servicio militar y desertores
y hay más de 12000 acusaciones abiertas en los tribunales
militares. La mayor parte de los objetores y desertores encarcelados
se encuentran en las prisiones de Zabela-Pozarevac, Sremska Mitrovica
y Nis. La pena más frecuente es de cinco años de
cárcel.

Goran Zizic de Leskovac (sur de Serbia) realizó su servicio
militar hace varios años. Más tarde adoptó
convicciones religiosas y profundamente pacifistas. Cuando fue
convocado tras la intervención de la OTAN pidió
realizar su servicio para fines civiles y en ropa civil. El tribunal
de guerra le condenó a dos años en un procedimiento
rápido. Actualmente se encuentra en la prisión de
Nis. Sólo se permite la visita de su madre.

N. Vukadinov de Zrenjanin realizó su servicio militar.
Hace seis meses se integró en la comunidad nazarena de
Vojvodina, famosa por su tradicional y arraigado pacifismo que
le ha valido persecuciones de más de dos siglos. Al ser
llamado sólo pidió que se le eximiera de llevar
pistola. El tribunal militar de Novi Sad le condenó a cinco
años de cárcel Se encuentra encarcelado en Sremska
Mitrovica donde sólo puede recibir visitas de sus familiares.

En la base militar de Karadjordjevo había catorce objetores
antes de la escalada de la guerra en marzo. Doce eran nazarenos
o testigos de Jehová y dos no declararon convicciones religiosas.
Estaban trabajando en tareas "no-militares" pero dentro
de instalaciones militares y al servicio del ejército (trabajos
agrícolas). Entonces se les ordenó que debían
realizar trabajos militares. Un testigo de Jehová rehusó
y fue inmediatamente condenado a cinco años.

El Partido Demócrata ha anunciado que un alto cargo del
partido, que es a la vez miembro de la ejecutiva, director de
su centro de comunicaciones y miembro de la asamblea de la ciudad
de Belgrado, Goran Vesic, fue condenado a dos años de cárcel
por el tribunal militar en Uzice por no "responder al llamamiento".
Según la sentencia, funcionarios militares intentaron entregar
el llamamiento de Vesic en la casa de sus padres en Kraljevo,
aunque lleva once años viviendo en Belgrado. Durante el
tiempo que Vesic presuntamente "no respondió al llamamiento
y se escondió" asistió a las sesiones ordinarias
de la asamblea de Belgrado y acudió cada día a su
despacho en el Partido Demócrata, haciendo declaraciones
públicas a los medios nacionales e internacionales. Dado
que su condena tiene un inequívoco trasfondo político,
Vesic y su partido decidieron no cumplirla y huyó a Montenegro.

Según ha aparecido en todos los medios internacionales,
Zoran Djindjic, presidente del Partido Demócrata, fue también
inculpado en el tribunal militar de Belgrado por "rehuir
el servicio militar durante el bombardeo de la OTAN". Todavía
no se ha dictado sentencia pero Djindjic asistió al juicio,
en la idea de que obtendría apoyo internacional y no sería
encarcelado con la misma facilidad que otros ciudadanos de Yugoslavia.

La situación en Hungría

La mayor parte de los desertores y evadidos del reclutamiento
que llegaron a Hungría antes del cierre de la frontera
para varones de entre 18 y 60 años (el 29 de marzo) o a
través del campo tienen miedo a ser detenidos a su vuelta.
Por restricciones de visado no pueden dirigirse a ningún
país de la Unión Europea. Si no solicitaron en su
momento el estatuto de refugiados, sus permisos de turistas han
caducado o lo harán en breve. Algunos van a Rumania y vuelven
a entrar para evitar esa situación. Muchos de ellos están
desesperados a la espera de una solución menos provisional:
una amnistía u otras garantías que les permitieran
retornar a casa o les dieran la posibilidad de dirigirse a un
tercer país y recibir un estatuto especial. Cerca de un
millar de personas de Yugoslavia se encuentran todavía
en campos de refugiados en Hungría. Según estimaciones
de los visitantes más de la tercera parte son desertores.
Las condiciones del campo son casi carcelarias: de 6 a 16 personas
en una habitación, con una libertad de movimientos muy
restringida y una espesa atmósfera.

Mientras duró el bombardeo todos los ciudadanos yugoslavos
tenían derecho a estar en los campos si no disponían
de otra alternativa, pero ese derecho ha sido anulado con posterioridad.
Hay también un número no determinado de ciudadanos
yugoslavos en prisión, algunos acusados de pasar la frontera
de manera ilegal. Nos tememos que algunos de ellos sean huidos
del llamamiento a filas o desertores.

Según una declaración del Comité de Abogados
Yugoslavos para los Derechos Humanos de 24 de junio, la situación
de quienes salieron del país se ve aún más
agravada por la cláusula de la ley marcial que exigía
notificar cualquier cambio de residencia. Esta cláusula
permite a las autoridades militares presentar cargos contra cualquiera
que haya estado en el extranjero durante el estado de guerra y
no se haya registrado como conscripto en la embajada yugoslava
más próxima. En consecuencia el regreso no es seguro
mientras no se apruebe una ley de amnistía en Yugoslavia.
Hasta el momento las autoridades yugoslavas no muestran ningún
signo de disponibilidad en tal dirección, ni tampoco existe
una demanda o presión internacional para resolver esta
situación.

Mantendremos el compromiso de elevar nuestras voces en favor del
reconocimiento del derecho humano elemental de renunciar a matar
y de pedir protección para quienes se han negado a matar.

31 de julio 1999

Proyecto "Safe house"
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