¿A quién beneficia?

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Four tipis and a campfire in the foreground on the National Mall at dusk with the Washington Monument, an obelisk, lit up in the background.
Sioux Water Protectors set up their tipis on the Mall in Washington D.C. in March 2017 as a staging ground for a march and rally after their eviction from Standing Rock, where their protests against the construction of the Dakota Access oil pipeline had been met with violent and militarised police repression. Photo credit: Stephen Melkisethian.

El empleo de cuerpos policiales militarizados beneficia a aquellos que ya se encuentran en el poder. Como en Bahréin, donde sirve para acallar a disidentes y aplastar protestas. Ayuda a mantener a raya a aquellas personas que se encuentran en los escalones más bajos del orden social. Gizele Martins describe que, durante la ocupación militar de las favelas de Río de Janeiro en 2014 y 2015, se envió a un soldado por cada cincuenta y cinco habitantes. El Estado, que nunca había considerado viable proporcionar la misma ratio de profesores o médicos, estaba dispuesto a gastar ingentes cantidades de dinero para mantener el control. Asimismo, la militarización policial sirve para mantener ocupaciones coloniales como la ocupación israelí de Palestina o la ocupación indonesia de Papúa Occidental. El empleo de cuerpos policiales militarizados protege los intereses de la élite capitalista e imperialista: instituciones financieras, centros de poder, fábricas, tiendas, minas, canteras y tuberías que utilizan para extraer recursos naturales robados de territorios ajenos. Además, perpetúa la explotación del medioambiente —con el consiguiente deterioro— y del trabajo de otras personas por parte de esta élite.

Sandra Hargreaves de WoMin, una alianza internacional de mujeres africanas organizada en comunidades y regiones afectadas por el extractivismo, afirma que «la militarización y la titularización van de la mano de las industrias extractivas, ya que la violencia es un factor intrínseco e inseparable del modelo de desarrollo extractivista» (Hargreaves, 2016). El proyecto minero de El Escobal en Guatemala se topó con el rechazo popular desde el comienzo. Tahoe Resources, la empresa canadiense propietaria de esta mina de plata, contrató a empresas creadas y gestionadas por veteranos militares estadounidenses y las fuerzas especiales israelíes para establecer y administrar la estrategia de seguridad para este proyecto. En abril de 2013, los guardias de seguridad dispararon a un grupo de personas congregadas en protesta frente a la entrada de la mina, de entre las cuales diez al menos resultaron heridas. Poco después, el Gobierno de Guatemala declaró el estado de sitio en la zona durante un mes, para lo que envió a más de 3000 policías y militares con el objetivo de perseguir a activistas mediante redadas y detenciones (War Profiteer of the Month: Tahoe Resources, 2016).

La militarización policial también beneficia directamente a las empresas privadas de seguridad, de venta de equipo y materiales militarizados y formación militarizada para fuerzas policiales de todo el mundo. La industria de la seguridad nacional lleva experimentando un crecimiento anual del 5 % desde 2008, a pesar de la crisis económica mundial (Buxton y Hayes, 2016 ). Asimismo, el mercado de la seguridad fronteriza está creciendo sin precedentes: el año 2015 cerró con 15 mil millones de euros en Europa y se prevé en este sector un aumento de hasta 29 mil millones de euros para 2022. Gran parte de los beneficiarios de los contratos de seguridad fronteriza corresponde a «algunas de las mayores armamentísticas que venden a países de Oriente Medio y África septentrional, lo que aviva los conflictos en estas zonas de planeta que han llevado a tantos refugiados a dejar sus hogares». El potencial de los beneficios sin explotar de la lucha en una guerra de baja intensidad constante constituye un factor que impulsa el actual proceso de militarización de las operaciones policiales. En la Unión Europea, las empresas armamentísticas como Thales, Finmeccanica y Airbus han cabildeado satisfactoriamente —a través de la Organización Europea para la Seguridad— para llevar a cabo políticas militaristas de seguridad fronteriza. La creación de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) constituye un resultado significativo (Border Wars, 2016 ).

Algunos sectores de la sociedad se benefician más de la militarización policial que otros, que suelen corresponder con grupos étnicos dominantes o grupos no marginados. Los miembros de estos grupos no suelen sufrir las consecuencias negativas de este fenómeno, se sienten protegidos a costa de los demás y suelen apoyar este proceso de militarización. El deseo de vivir con seguridad es inherente a todo ser humano, por lo que oponerse al discurso sobre la necesidad de mejor seguridad resulta complicado. «La concepción del mundo como un lugar peligroso» sostiene la idea de que «la militarización es una idea razonable» (Enloe, 2016 ). El constante discurso de la amenaza suscita la búsqueda eterna por satisfacer el objetivo inalcanzable de la seguridad en un escenario donde la policía militarizada se promociona como una solución fácil y tranquilizadora. La cuestión acerca del significado real de ‘seguridad’ se tergiversa. A pesar de la creciente militarización que se cierne sobre las calles, el miedo aumenta, ya que es el instrumento con el cual las élites poderosas ganan la aprobación popular para aumentar sus medios violentos de control. Las comunidades, en las que se infunde el miedo y las sospechas, quedan divididas y contrariadas en lugar de unirse para cuestionar el poder de la élite. En última instancia, la élite sale beneficiada mientras la mayoría queda condenada a vivir en un mundo cada vez más dividido, violento y paranoico.

 

United Tactical Systems es una compañía estadounidense que se especializa en el fabricante de armas "menos letales" que bajo la marca PepperBall, como más se les reconoce, venden principalmente a la policía y los servicios de seguridad de todo el mundo, así como a las cárceles, seguridad privada y particulares.

La Omega Research Foundation identificó una serie de diferentes armas “menos letales” utilizadas por las autoridades griegas (incluido gas lacrimógeno potencialmente letal), a través de las fuerzas de seguridad, contra los inmigrantes en la frontera entre Turquía y Grecia. Unas imágenes publicadas en Twitter muestran envases usados de gas lacrimógeno de largo alcance CS 560, fabricado por la empresa estadounidense Federal Laboratories, que tienen un alcance extendido de hasta 150 m.

Chemring Group es la 68va empresa armamentista más grande del mundo, según datos del Instituto Internacional de Investigación de la Paz de Estocolmo (SIPRI). Esta empresa fabrica municiones, armas contramedidas (bengalas y señuelos antimisiles) y pirotecnia militar (p. ej.: productos para el control de masas, como granadas de humo, granadas de señalización y productos de gas lacrimógeno). Chemring es el principal proveedor de contramedidas y pirotecnia militar de las fuerzas armadas del Reino Unido.

En Canadá, once mujeres indígenas de Guatemala están llevando a juicio a una multinacional minera. Ellas alegan que, en el año 2007, agentes de policía, soldados y personal de seguridad privada atacaron su aldea de Lote Ocho, ubicada al este de Guatemala, quemando docenas de casas en un intento por desalojar a la comunidad de sus tierras ancestrales.

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