La militarización en México: Continuidad y expansión en el uso de las Fuerzas Armadas

En los últimos años, México ha experimentado un proceso de militarización que, lejos de ser una agenda vinculada exclusivamente a un partido político o a una esfera ideológica particular, ha sido un fenómeno que ha tenido un desarrollo persistente a lo largo de las últimas décadas, traspasando las administraciones de gobierno de diferentes colores y orientaciones políticas. Este proceso ha alcanzado una gran consolidación en la administración pasada, bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a pesar de haber prometido regresar a los cuerpos militares a los cuarteles, intensificó el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, así como en áreas que antes se consideraban ajenas a su labor, como la salud, la infraestructura y la industria aérea, entre otras, y que continúan mediante el actual sexenio de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.¹

La expansión del control militar

El proceso de militarización en México no es un fenómeno reciente, sino que se ha desarrollado de manera continua durante las últimas décadas, sin importar el partido en el poder. Aunque la transición democrática a finales del siglo XX trajo consigo una mayor pluralidad política, la presencia del ejército en los asuntos civiles y de seguridad nunca desapareció por completo. De hecho, en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), la estrategia de "guerra contra el narcotráfico" involucró de manera activa a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, lo que resultó en un incremento significativo de células delictivas y de violencia en el país.

Posterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) prometió atender la crisis con estrategias diferentes, sin embargo, esas promesas solo fueron retórica. En vez de cambiar las estrategias, reforzó la militarización, creando un campo fértil para la comisión de gravísimas violaciones a los derechos humanos. Promoviendo incluso la reformulación de leyes que permitieron a las fuerzas armadas actuar en diversas funciones que anteriormente eran competencia exclusiva de cuerpos de seguridad civiles. Bajo Peña Nieto, el ejército incrementó un rol protagónico en la seguridad pública.

El anterior gobierno de López Obrador mantuvo y profundizó esta tendencia, implementando medidas que reforzaron aún más la presencia militar en la vida cotidiana de las y los mexicanos. La creación de la Guardia Nacional en 2019, por ejemplo, fue promovida como una estrategia de seguridad pública, pero con un claro componente militar. Si bien se presentó como un cuerpo de seguridad civil, en la práctica la Guardia Nacional siempre estuvo bajo el control y mando de las fuerzas armadas, y se terminó de corroborar en la reciente reforma de septiembre de 2024, que legalizó a la Guardia Nacional al sistema militar, que da cuenta de la continuidad de la militarización en el país.

Más allá de la seguridad, las fuerzas armadas han extendido su influencia a otros ámbitos de la vida social y económica de México. En el campo de la infraestructura, el ejército ha estado a cargo de la construcción de importantes proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía y el Tren Maya, dos proyectos emblemáticos del actual partido de gobierno. En el sector salud, el ejército ha jugado un papel preponderante en la distribución de vacunas durante la pandemia de COVID-19, y en la administración de hospitales y servicios médicos. Esta expansión de la labor militar hacia sectores civiles ha generado un debate sobre la efectividad de estas políticas y el riesgo de consolidar un control militar sobre aspectos clave de la sociedad mexicana.

Un proyecto de décadas

El proceso de militarización de México no es un fenómeno aislado ni exclusivo de una sola administración de gobierno. Ha sido un proyecto de largo plazo, que ha ido cobrando relevancia y visibilidad en las últimas dos décadas. Este proyecto ha trascendido los cambios de gobiernos y ha sido impulsado tanto por administraciones de derecha como de izquierda. En este sentido, la militarización se ha convertido en un tema transversal, que responde a un modelo de seguridad y control social que ha sido apoyado por diferentes actores políticos y que, por tanto, tiene implicaciones más allá de una agenda política puntual.

Es importante reconocer que el proceso de militarización no se limita únicamente a las políticas de seguridad pública. A lo largo de los años, las fuerzas armadas se han involucrado en una creciente cantidad de tareas, que incluyen la gestión de recursos naturales, la distribución de ayuda humanitaria y la implementación de políticas de control social. Este fenómeno ha resultado en un creciente sentido de fortalecimiento de los valores militares en distintos aspectos de la vida social y comunitaria en México, como el nacionalismo, el sexismo, entre otros. Así, lo que comenzó como una intervención del ejército en la seguridad pública ha evolucionado hacia un control más amplio de diversos sectores de la sociedad, sin que dicha estrategia de seguridad haya sido efectiva en relación a la lucha contra la delincuencia organizada ni mucho menos para la pacificación del país.

Impacto en los Derechos Humanos

Uno de los aspectos más preocupantes del proceso de militarización ha sido su impacto en los derechos humanos. La intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública ha estado acompañada de numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos, que van desde abusos de poder hasta crímenes de lesa humanidad. En los últimos años, se ha documentado una alarmante cantidad de casos de violencia, tortura, desplazamiento forzado, violencia en contra de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, desapariciones forzadas y violencia de género perpetrada por elementos del ejército y la Guardia Nacional, afectando en un gran porcentaje a comunidades y pueblos indígenas.

En el contexto de la migración, por ejemplo, la actuación de las fuerzas armadas ha sido particularmente controvertida. Las políticas de seguridad fronteriza implementadas en los últimos años, tanto por el gobierno de Peña Nieto como por el gobierno de López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum, derivado de la presión de Estado Unidos ha implicado un mayor despliegue y control militar sobre los flujos migratorios, lo que ha resultado en graves violaciones de los derechos de las personas migrantes, incluyendo detenciones arbitrarias, violencia física y abuso sexual. Tan sólo el pasado 5 de febrero del presente año la presidenta Sheinbaum y Donald Trump acordaron el despliegue de 10.000 elementos de la Guardia Nacional en la frontera norte. La presencia militar en las fronteras ha contribuido a un ambiente de hostilidad hacia las personas migrantes, que han sido objeto de diversas formas de abuso y discriminación.

Además, el involucramiento de las fuerzas armadas en tareas de control social ha tenido consecuencias directas sobre la población civil, en particular en contextos de protestas y movilizaciones sociales. Las fuerzas armadas, junto con otros cuerpos de seguridad, han estado involucradas en la represión de manifestaciones estudiantiles, sindicales y sociales, con casos emblemáticos de violencia como los ocurridos en Tlatelolco (1968), Acteal (1997), Atenco (2006), Ayotzinapa (2014) y Nochixtlán (2016). La respuesta militar a las protestas y la falta de rendición de cuentas por estos abusos han sido factores claves en el deterioro de la confianza de la sociedad en las instituciones encargadas de la protección de los derechos humanos.

El caso de Ayotzinapa acontecido en 2014, en particular, sigue siendo uno de los más emblemáticos de la militarización en México, dado que la participación de elementos del ejército en la desaparición de los 43 estudiantes es un claro ejemplo de la impunidad que rodea las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas armadas. A 10 años de este caso, junto con otros incidentes de violencia y represión, siguen impunes y evidencian la falta de mecanismos efectivos de control civil y de rendición de cuentas para los militares.

Actualmente, la reciente declaratoria de los cárteles de la droga como terroristas mediante una orden ejecutiva en EE. UU. ha abierto el debate sobre los efectos de estas medidas y cómo las acciones derivadas de ellas podrían llevar a un ataque mucho más frontal, con mayores gastos e inversión militar para su confrontación. Lo anterior deja abierta la reflexión sobre el impacto que este tipo de medidas ha tenido durante décadas en materia de derechos humanos, así como sobre el riesgo de profundizar una lógica belicista en lugar de buscar realmente soluciones que aborden las problemáticas de pobreza, tráfico de armas y consumo asociadas.

La impunidad y el olvido

A pesar de los discursos de paz y justicia promovidos por el gobierno actual, la militarización ha estado acompañada de una persistente impunidad, especialmente en lo que respecta a los abusos cometidos por los militares. Los mecanismos de rendición de cuentas para las fuerzas armadas siguen siendo insuficientes y opacos, y las víctimas de violaciones a los derechos humanos rara vez reciben justicia. En lugar de avanzar hacia la reparación de los daños y la sanción de los responsables, el gobierno ha adoptado un pacto de silencio y una postura que prioriza el olvido de los hechos de violencia, minimizando así la gravedad de las violaciones cometidas.

En lugar de centrarse en garantizar los derechos de las víctimas y en la justicia, las políticas gubernamentales han favorecido un enfoque de perdón y olvido, sin reconocer el sufrimiento de las personas afectadas. Este olvido y negación de los hechos de violencia y la falta de voluntad para reparar los daños perpetúan la impunidad y socavan los esfuerzos por construir una sociedad más justa y equitativa.

Conclusión

El proceso de militarización en México ha sido un fenómeno que ha trascendido a los distintos partidos e ideologías políticas en el poder, y se da en un contexto de políticas públicas sociales y de seguridad fallidas que no han logrado reducir y atender el incremento del crimen organizado. Así la militarización ha consistido en un proyecto de largo plazo que ha dado lugar a una mayor presencia militar en diversos aspectos de la vida social, económica y política del país. Si bien la seguridad es uno de los aspectos centrales de esta estrategia, el impacto en los derechos humanos ha sido devastador, con una creciente violencia, impunidad y eventos de represión social.

El fortalecimiento del control militar, la falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y el enfoque del gobierno en el olvido de los abusos cometidos son elementos que deben ser abordados de manera urgente. La militarización no debe ser la respuesta para garantizar la paz y la seguridad en México; por el contrario, es necesario fortalecer las instituciones civiles, promover el respeto a los derechos humanos y garantizar la justicia para las víctimas de las violaciones cometidas por las fuerzas armadas. Solo a través de un cambio profundo en las políticas de seguridad y una mayor transparencia y rendición de cuentas se podrá avanzar en acciones más eficaces que abonen a la justicia y al restablecimiento de lo civil sobre lo militar.

Este texto fue elaborado el día 07 de febrero de 2025 en Ciudad de México.