"Descarbonizar Es Desmilitarizar": Centre Delas lanza nueva campaña

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"Descarbonizar es Desmilitarizar" es una iniciativa del Centro Delàs de Estudios per la Pau (filial de la Internacional de Resistentes a la Guerra), Ecologistas en Acción y Extinction Rebellion Barcelona, ​​y busca fortalecer los vínculos entre los movimientos pacifistas, ecológicos, feministas y de justicia global arrojando luz sobre las múltiples interconexiones entre el militarismo y la crisis climática.

Su manifiesto, que puede encontrar a continuación, ha sido respaldado hasta ahora por más de 40 organizaciones españolas y se hizo público el 13 de junio, en el lanzamiento de la campaña.

Manifiesto 'Descarbonizar Es Desmilitarizar'

Desde hace tiempo la comunidad científica insiste en la necesidad de reducir las emisiones de GEI para evitar el aumento de la temperatura media de la Tierra. Sin embargo, las diferentes Conferencias de las Partes sobre el cambio climático (COP) no han sido capaces de incluir el ámbito militar en la obligatoriedad de reducción de emisiones GEI. La información sobre (y la reducción de) las emisiones de GEI militares quedaron exentas del acuerdo de Kioto (1997). El acuerdo de París (2015) suprimió su exención, pero permite la voluntariedad de la información y deja la reducción al criterio de cada país.

Las emisiones de GEI del sector militar son relevantes. No existe un registro riguroso de estas emisiones de las fuerzas armadas y la información de la industria militar es, en general, deficiente e incompleta. Sin embargo, se estima que las emisiones de GEI del sector militar (fuerzas armadas e industria militar), representan el 5,5% de las emisiones mundiales, similares a las emisiones de la aviación comercial.

Según el Reglamento Europeo sobre el Clima, los países de la UE deben reducir las emisiones de GEI al menos en un 55% de hoy a 2030, con el objetivo de la neutralidad climática en 2050. En el caso del Estado español , la Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética establece el objetivo de reducir, en 2030, las emisiones de GEI en un 23% respecto a niveles de 1990. La ley española excluye todas aquellas actividades, instalaciones, equipamiento y armamento, cuyo objetivo sea la protección de los intereses esenciales de la Defensa Nacional y de la Seguridad Pública (disposición adicional 1a).

En España se desconocen las emisiones de las Fuerzas Armadas y la información de la industria militar suele ser muy incompleta o inexistente, con alguna excepción. Las emisiones de GEI asociadas a las fuerzas armadas y la industria militar deben contabilizarse en el total de emisiones y deben reducirse. En caso contrario, si el resto de sectores económicos alcanza la neutralidad de emisiones, ésta será falsa ya que el sector militar seguirá emitiendo. Por otra parte, si no se informa de estas emisiones no se podrá realizar un seguimiento ni implementar medidas de reducción.

La Estrategia de Seguridad Nacional y la Directiva de Defensa Nacional de España señalan el cambio climático como fuente potencial de amenazas para la seguridad nacional, como las migraciones climáticas. También señalan la creciente escasez de recursos como un peligro para la seguridad energética. Afirman que deben afrontarse estos peligros, incluso, si es necesario, militarmente. Documentos homólogos de la UE y de la OTAN expresan lo mismo.

Por todo ello, pedimos al Gobierno español que:

  1. Informe de las emisiones de GEI de las Fuerzas Armadas españolas.
  2. Obligue a las empresas del sector de defensa y seguridad a que declaren de forma segregada las emisiones de GEI correspondientes a la fabricación de armamento y de material de defensa.
  3. Declare las emisiones de GEI asociadas a las fuerzas armadas y a la industria armamentista en los informes que remite a los distintos organismos internacionales.
  4. Impulse un acuerdo entre los estados, en las próximas COP, para establecer la obligatoriedad de informar sobre (y de reducir) las emisiones de GEI del sector militar: fuerzas armadas e industria armamentista.
  5. Dirija los recursos que destina a protegerse, tanto de las migraciones climáticas como de la inseguridad energética, a promover la justicia social y medioambiental.

 

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