Grecia: una victoria para la transparencia revela el cero reconocimiento de los OC por motivos ideológicos

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Los datos oficiales obtenidos después de una lucha legal por parte de un solicitante a estatus como objetor de conciencia (OC) revelaron que el porcentaje de reconocimiento de los solicitantes a estatus como OC que citan motivos ideológicos se ha reducido al 0% en 2021.

Las autoridades griegas también han intensificado prácticas inaceptables contra objetores de conciencia.

Una victoria por la transferencia

En enero de 2022, un solicitante de a estatus como objetor de conciencia y para realizar el servicio civil alternativo (punitivo), el Sr. Thodoris Diamantidis, solicitó datos oficiales desagregados de la última década en relación con las solicitudes a estatus como OC.

Aproximadamente un mes después, el Estado Mayor de la Defensa Nacional Helénica rechazó la solicitud afirmando que "los datos solicitados se refieren a cuestiones de defensa nacional".

El demandante apeló a la Autoridad Nacional de Transparencia (ANT), que examinó el caso en abril, falló a su favor y anuló la decisión del Estado Mayor General de la Defensa Nacional Helénica. La ANT encontró que el Sr. Diamantidis, como solicitante de estatus como OC, tenía un interés razonable por los datos solicitados. La ANT señaló además que (como también ha demostrado el solicitante) datos similares o incluso más detallados están disponibles públicamente para años anteriores en el sitio web del Parlamento griego. De hecho, en varias ocasiones en el pasado, tales estadísticas han sido publicadas en el contexto de preguntas escritas o debates en el Parlamento.

Tras la decisión de la ANT, el Sr. Diamantidis reiteró su solicitud y también solicitó datos sobre los recursos administrativos en caso de rechazos.

Datos oficiales: no reconocimiento para aquellos quee citan razones ideológicas

Los datos oficiales obtenidos revelaron que en 2021 el porcentaje de reconocimiento de objetores de conciencia que invocan motivos ideológicos (no religiosos) fue del 0%. Las 12 solicitudes fueron rechazadas. En tres casos, los solicitantes presentaron recursos administrativos para que se revocaran las decisiones de rechazo (“αιτήσεις θεραπείας”), pero los tres también fueron rechazados. Esta es una fuerte caída en las tasas de reconocimiento de los objetores de conciencia que invocan motivos ideológicos (no religiosos), ya que en 2018 la tasa de reconocimiento había alcanzado el 93 %, con 14 de las 15 solicitudes aprobadas. Esencialmente, significa la abolición efectiva del derecho a la objeción de conciencia para este grupo de objetores de conciencia.

Además, quizás por primera vez, se proporcionó información detallada sobre los recursos administrativos para remediar las decisiones de rechazo. Los datos oficiales muestran que en la última década solo se concedieron 2 de los recursos administrativos presentados por solicitantes que alegaban creencias ideológicas (no religiosas), uno en 2014 y otro en 2017, mientras que en 2021 los 3 recursos administrativos de este tipo fueron rechazados, lo que confirma preocupaciones de que los recursos administrativos no son un remedio eficaz para este problema.

Las estadísticas oficiales confirman dos de los aspectos más problemáticos de la legislación y la práctica en relación con el derecho a la objeción de conciencia en Grecia, como lo señalaron la Internacional de Resistentes a la Guerra y otras organizaciones internacionales con motivo de los casos de Charis Vasiliou y Nikolas Stefanidis, que están pendientes en el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo Administrativo de Grecia: la falta de independencia e imparcialidad de los procedimientos de examen de las solicitudes de la condición de objetor de conciencia y la discriminación a la que se enfrentan ciertos grupos de objetores de conciencia sobre la base de la naturaleza de sus creencias.

Por lo tanto, existe una necesidad creciente, como mínimo, de implementar de inmediato las normas internacionales de derechos humanos y las recomendaciones a Grecia por parte de organismos internacionales como el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el Comisionado de Derechos Humanos del Consejo de Europa, el Relator Especial de la ONU sobre la libertad de religión o de creencias, que han pedido que el examen de las solicitudes esté bajo el pleno control de las autoridades civiles, es decir, fuera del Ministerio de Defensa y sin la presencia de militares. Sin embargo, la IRG reitera la posición del Parlamento Europeo de que “ningún tribunal o comisión puede penetrar en la conciencia de un individuo” y que la mejor forma de resolver el problema es aceptar las alegaciones de objeción de conciencia como válidas sin indagatoria, algo que ha sido reconocido como la mejor práctica también por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Otras prácticas inaceptables

Rechazo de segundas solicitudes sin examen a profundidad

Además, según Amnistía Internacional[1], ha habido información preocupante de que continúa el rechazo de segundas solicitudes de estatus de OC y servicio alternativo (tras el rechazo de la primera) pero con un nuevo razonamiento. Esto es a pesar de la jurisprudencia relevante del Consejo de Estado, el Tribunal Administrativo Supremo de Grecia, que ha fallado a favor de las personas cuyas segundas solicitudes han sido rechazadas sin ser examinadas a fondo.

Convocatoria de enlistamiento cerca o el mismo día

Además, Amnistía Internacional recibió una denuncia de uno de estos solicitantes sobre el trato que le dieron las autoridades. Tras el rechazo de su primera solicitud, había presentado una segunda solicitud de estatus como OC. Fue citado por segunda vez para exámenes médicos y, dos meses y medio después, se le informó por correo electrónico sobre el rechazo de su segunda solicitud, sin que hubiera sido examinada a fondo, y al mismo tiempo fue informado de que fue llamado a filas para enlistarse en las fuerzas armadas al día siguiente. Al día siguiente, la policía le dio una orden de enlistamiento, exigiéndole que se enlistara en las fuerzas armadas ese mismo día. Tales prácticas reducen efectivamente el margen para apelar tales decisiones y, por lo tanto, el derecho a un recurso efectivo, ponen a los solicitantes en riesgo de ser declarados inmediatamente insubordinados, enfrentar sanciones penales y administrativas graves y riesgo de arresto.

Falta de respuesta a la decisión del Comité de Derechos Humanos sobre un caso individual

Finalmente, según la información recibida por la Internacional de Resistentes a la Guerra, las autoridades griegas no han respondido a tiempo a la decisión histórica del Comité de Derechos Humanos sobre el caso de larga data de Lazaros Petromelidis, que encontró múltiples violaciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. A las autoridades griegas se les habían dado los 180 días habituales para responder, pero no lo hicieron antes del 6 de junio de 2022. La ONU continúa buscando una respuesta de las autoridades griegas.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, la IRG tiene la intención de informar con urgencia a los mecanismos internacionales y regionales de derechos humanos sobre el grave deterioro de la situación de los derechos humanos de los objetores de conciencia en Grecia.

 

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