Colombia: Por el desmonte del ESMAD #ContagioAntimilitarista

Durante años, Colombia ha vivido una profunda desigualdad y violencia sistemática que ha regado el país con sangre inocente. Las características particulares del conflicto armado y el accionar del Estado, han hecho que la violación a derechos humanos sea el pan de cada día, e incluso que estemos acostumbradxs a vivir en esas condiciones. Luego, en el 2020 llegó el Coronavirus y con ello tanto Colombia como el mundo se vio envuelta no sólo en una crisis sanitaria, sino también una crisis económica y humanitaria. Así, la violencia estructural que ha permeado la cotidianidad de muchxs colombianxs comenzó a llegar a la realidad de personas que tal vez la desconocían o simplemente preferían ignorarla. Se empezó a visibilizar que el Estado sólo escucha en épocas de campaña electoral, que sólo se preocupa por las personas y sus derechos cuando necesitan un voto. El cansancio fue notorio, un pueblo que desde 2019 viene gritando su inconformidad, que está cansado de no poder acceder ni a la educación ni a un trabajo digno, pero en especial, un pueblo cansado de que lo masacren diariamente convirtiéndolo en una cifra más para un gobierno indolente. La pandemia fue como leña que prendió el fuego del cansancio y del deseo de querer un país mejor, o por lo menos, un país donde nuestras vidas importen.

Uno de los retos fundamentales del movimiento social colombiano es hacerle entender a la sociedad internacional que el conflicto armado es una tragedia histórica muy profunda, pero no es la causa de los problemas estructurales que vive el país, sino una de las consecuencias de la implementación de un modelo económico y político basado en el exterminio de los sectores más empobrecidos. Las condiciones sociales que puso al descubierto la pandemia en América Latina, se perciben hoy en Colombia como una bomba de tiempo alimentada por un récord de 500 muertes diarias por covid-19, un proceso de vacunación tardío y precarizado por las mafias de la corrupción con apenas 4 millones de personas que han recibido la dosis (10% de la población), mientras el gobierno demuestra total desinterés en atacar el desempleo y se niega sistemáticamente a habilitar una renta básica para las poblaciones más afectadas, en consecuencia estamos en la lista de los 10 países con más desigualdad en el mundo[1].

Ante esta situación y omitiendo las demandas del pueblo, el gobierno nacional ha dejado clara su prioridad al destinar cerca de $9.500 millones de pesos para comprar 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas utilizadas por la policía del ESMAD, además compró  23 camionetas para protección presidencial por $9.600 millones de pesos (USD$2,546,486.43 dólares), 18 tanquetas de policía por $ 12.000 millones (USD$3,183,108 millones de dólares) y 3 camionetas para esquemas de seguridad de comandantes del Ejército, calculadas en $ 812 millones (USD$64.6218 dólares)[2]. Una de las primeras victorias de la movilización social en 2021 fue la renuncia del ministro de hacienda y el anuncio del gobierno donde se retracta de gastar 14 billones de pesos en 14 aviones de guerra (USD$3,714,597,190 millones de dólares. Se calcula que con ese dinero se podrían comprar unas 300.000 vacunas salvando la vida de aproximadamente 150.000 personas[3].

En las calles se viene reflejando la indignación por la crisis humanitaria que está travesando el país, la cual fue agudizada con la reforma tributaria presentada por Duque, a la que llamó “ley de solidaridad sostenible”. En ese texto el gobierno propuso recaudar cerca de 23 billones de pesos colombianos adicionales (unos US$6.300 millones), para supuestamente suplir las necesidades de la pandemia; el problema es que por lo menos el 73% de ese recaudo, saldría directamente del bolsillo de las clases medias y bajas de la sociedad colombiana[4].

Dicha reforma proponía cobrar un impuesto a la renta para personas que tengan un sueldo de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234. Además, se proponía aplicar el Impuesto del Valor Agregado (IVA) sobre alimentos de la canasta básica familiar, servicios públicos (agua, electricidad, gas), objetos electrónicos como computadores y celulares, herramientas de trabajo para el campo como redes para pescar o sistemas de riego, los servicios funerarios, el servicio de internet, así como el aumento de este impuesto sobre herramientas que sirven para recoger la energía solar.

Gracias a las multitudinarias movilizaciones el gobierno se vio obligado a retirar el proyecto de reforma tributaria y re direccionar su discurso, sin embargo, han quedado al descubierto sus intenciones, más aun teniendo en cuenta que el tratamiento a la protesta social se ha enfocado en militarización y represión sistemática.

Según información aportada por la ONG Temblores, después de 8 días de movilización se han reportado 37 asesinatos por parte de la policía, una cifra escalofriante si se tiene en cuenta que en Chile, durante 150 días de movilización en el estallido de 2019 murieron alrededor de 34 personas, y en Estados Unidos hubo cerca de 30 muertes de civiles tras el asesinato de George Floyd en 60 días de movilización[5].

Si bien estas cifras se actualizan regularmente al calor de las protestas, Temblores ha documentado el accionar de la policía con 222 víctimas de violencia física, 831 detenciones arbitrarias, 312 intervenciones violentas que omitieron los protocolos, 22 víctimas de agresiones en los ojos, 10 víctimas de violencia sexual y por lo menos 110 situaciones donde hubo disparos de armas de fuego en contra de los manifestantes[6]. A pesar de la profunda militarización, el cerco mediático, las restricciones al acceso a internet, la impunidad promovida por los medios masivos de comunicación y la estigmatización a quienes permanecen en las calles, las movilizaciones continúan y exigen la renuncia del presidente Iván Duque, a quien popularmente se le conoce como el sub presidente debajo del temible Álvaro Uribe Vélez.

Estos días de revuelta reafirman que el problema central no es la reforma tributaria, sino la consolidación erosionada de un proyecto político y económico que pretende perpetuar la guerra a toda costa: ha desfinanciado el proceso de paz con las FARC y ha cerrado todas las posibilidades de diálogo con el ELN, también ha renovado su doctrina militar para el control, ya no sobre los factores de  conflicto interno, sino para el control de la población civil por medio de la represión. Este proyecto ha generado tanto rechazo en el pueblo pues favorece la privatización de los derechos fundamentales y promueve las aspersiones con glifosato[7], así como la explotación de las materias primas bajo el discurso del progreso y la sostenibilidad.

Dentro de las numerosas necesidades del pueblo colombiano hoy resaltamos la importancia y la urgencia de hacer efectivo el desmonte del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), que luego de 20 años de su creación, supuestamente temporal, cuenta con 34 asesinatos de manifestantes en campos y ciudades de Colombia. Este desmonte es urgente para re direccionar el orden democrático secuestrado por una mafia paramilitar en el poder.

Por eso hoy se hace un llamado de solidaridad urgente, el cual está siendo replicado por muchas personas y organizaciones en diferentes latitudes, desafiando los discursos de guerra y temor que hoy encuentran un correlato absolutamente opuesto a la resistencia cultural, las apuestas de cambio y la posibilidad de construir horizontes más acordes con la realidad del pueblo colombiano y sus propuestas para materializar la paz desde los territorios, en diversidad y vida digna.