Anexo
Colombia:
En agosto de 2017 se aprobó la ley 1861 del 4 de agosto de 2017, que regula el reclutamiento militar en Colombia. Una ley que reconoció, por primera vez, la objeción de conciencia como causa de exoneración del servicio militar obligatorio junto con otras causas que ya estaban contempladas: ser hijo único, estar casado, ser víctima del conflicto armado, entre otros. Esta ley también establece que las instituciones educativas, junto con el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Educación Nacional, tienen la responsabilidad de informar a los estudiantes del último grado (cuando deben definir su situación militar) sobre las causas de la exención del servicio militar, así como su derecho a la objeción de conciencia.
Después de que se aprobó la ley, hubo un aumento significativo en las solicitudes de los objetores de conciencia. Sin embargo, algunas dificultades pueden ser identificadas pues, no existe una fuerte divulgación del derecho a la objeción de conciencia por parte de las entidades educativas, la Oficina del Ministerio Público y las Fuerzas Militares y el tipo de documento que certifica la definición de una situación militar como objetores de conciencia aún no está claro. No puede ser la libreta militar ya que, al adquirirla, los jóvenes se convierten en parte de las reservas y la exclusión de los objetores de esta categoría en todas las situaciones forma parte de las garantías de protección de este derecho.
Corea del Sur:
El 28 de junio de 2018, en una decisión histórica, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur ordenó al gobierno introducir un servicio alternativo de naturaleza civil para los objetores de conciencia. El tribunal dictaminó que el Artículo 5 de la Ley del Servicio Militar (MSA), que no proporciona formas alternativas de servicio nacional, es inconstitucional y obligó a los legisladores a cambiar la ley para fines de 2019.
Después de más de un año desde el fallo, la Asamblea Nacional todavía está revisando los proyectos de ley propuestos sobre el servicio civil alternativo. Hay 18 proyectos de ley propuestos, de diferentes partes, incluido uno del gobierno. El debate sobre la forma del sistema de servicio alternativo continúa. Hay una creciente preocupación entre los objetores de conciencia y los activistas de que el nuevo sistema será de naturaleza punitiva. Por ejemplo, la propuesta del Ministerio de Defensa, que se hizo pública en diciembre del año pasado, requiere que los objetores de conciencia trabajen el doble de tiempo que, si se unieran al ejército, y limita su servicio a las instalaciones correccionales.
Se espera que se adopte una ley de servicio alternativo para los Objetores de Conciencia para el año 2020, pero no hay seguridad de que ésta cumpla con los estándares internacionales.
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