El Garzal: La resistencia pácifica de una comunidad campensina por más de 40 años por el derecho a la tierra

El siguiente artículo recoge la experiencia del caso El Garzal, en el Sur de Bolívar en Colombia y comparte elementos de la ponencia realizada por el Pastor Salvador Alcántara durante la Conferencia "Antimilitarismos en Movimiento"

La propiedad de la tierra y su concentración han hecho parte de la historia del conflicto armado colombiano. Históricamente las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes han denunciado la distribución inequitativa de la tierra, el despojo y han pedido por el acceso digno a la tierra.

Diferentes intentos de reforma agraria han tratado sin éxito de redistribuir la propiedad rural que se ha concentrado en pocos sectores de la sociedad colombiana. En el entre tanto, actores del conflicto armado, se han apropiado de tierras, aumentando la concentración en unos cuantos y dejando millones de víctimas en ese camino.

Muchas comunidades rurales en nuestro país han tenido que sufrir a la violencia, la corrupción, la indiferencia y el abandono estatal. En el Sur de Bolívar, en el municipio de Simití, se encuentra una de ellas: la comunidad de El Garzal, que en la actualidad acoge a más de 300 familias y quienes reclaman la propiedad sobre tierras del Estado que han venido trabajado por dos generaciones.

Hace más de 40 años, familias provenientes de los departamentos de Bolívar, Cesar, Córdoba y Santander llegaron hasta El Garzal para asentarse principalmente en cerca de 4.000 hectáreas de baldíos (tierras del Estado) en las cuales, se han dedicado a la producción agrícola y pecuaria y la sostenibilidad y seguridad alimentaria familiar con cultivos de maíz, cacao, plátano, arroz, yuca, aguacate, mango, entre otros. El resto de la tierra del corregimiento El Garzal, que asciende a unas 15.000 hectáreas, está integrada por las sabanas, playones y cuerpos de agua de 7 ciénagas y humedales.

Durante los años 80 y la mitad de los 90, el ELN y las FARC-EP tuvieron el control total del sur de Bolívar. En este contexto llegó a la región Manuel Enrique Barreto, posteriormente vinculado con las actividades ilícitas del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y quien a través de supuestos títulos de propiedad pretendió obtener el pleno control y dominio sobre estas tierras. Debido a sus actividades relacionadas con el narcotráfico, a finales de la década de los 80’s salió del sur de Bolívar sin que se tuviera noticia durante casi una década sobre su paradero.

La comunidad de El Garzal ha sido víctima de desplazamiento forzado, extorsión y amenazas con el objetivo de despojarles la tierra que han dedicado por más de medio siglo a la sostenibilidad alimentaria familiar, para beneficiar intereses económicos como la ganadería extensiva, los monocultivos y el extractivismo. Estos hechos han sido documentados por la Defensoría del Pueblo[1] y puestos en conocimiento de las autoridades locales.

Entre finales de 2003 y comienzos de 2004, las amenazas de despojo volvieron a ser pan de cada día. A la comunidad llegaron comentarios de que Manuel Enrique Barreto entraría a El Garzal para sacar a sangre y fuego a los que consideraba invasores de sus tierras. En este escenario la figura de Salvador Alcántara, Pastor de la Iglesia Cuadrangular de El Garzal, cobró relevancia pues fue el quien lideró a través de la fe un proceso de resistencia pacífica ante estas advertencias.

A partir de la oración, campesinos y campesinas permanecieron en sus tierras sabiendo que en cualquier momento podrían ser desterrados. Algunos que no pertenecían a la iglesia prefirieron salvaguardar sus vidas y se fueron del corregimiento, pero otros al ver la determinación del Pastor y los miembros de la iglesia se unieron en conjunto para hacer frente a la amenaza.

Sin embargo, estos no han sido los únicos medios para intentar despojar a las familias campesinas de El Garzal de sus tierras, pues desde 2004, Manuel Enrique Barreto, sus sucesores y aliados, han interpuesto diversas acciones judiciales y administrativas con la finalidad de impedir que el Estado les entregue la propiedad de la tierra a los campesinos y campesinas de El Garzal. La inseguridad jurídica que han generado estas acciones  ha significado que en la actualidad estas familias no sean propietarias de la tierra que han labrado durante tantos años, impidiendo además que puedan tener acceso a servicios públicos esenciales como el agua potable y la electricidad, así como a subsidios agrícolas que puedan asegurarles una seguridad alimentaria y una sostenibilidad económica.

El proceso de resistencia pacífica de la violencia y la organización de la comunidad alrededor del objetivo de que le sean reconocidos sus derechos sobre la tierra que han trabajado y cuidado, ha sido acompañado por organizaciones nacionales como Justapaz e internacionales como Equipos Cristianos de Acción por la Paz – ECAP y Peace Watch Switzerland.

Tras años de resistencia pacífica y como una luz de esperanza ante la inacción por tantos años del Estado, la Corte Constitucional revisará una acción de tutela interpuesta por la comunidad en 2018, con la cual los campesinos solicitaron que se protegieran sus derechos a la tierra y el territorio, a la dignidad humana, al trabajo, a presentar peticiones, al acceso a la información y al debido proceso administrativo.

Se espera que la Corte Constitucional proteja los derechos de la comunidad y ordene a la autoridad agraria, hoy la Agencia Nacional de Tierras (ANT) dar respuesta a sus reivindicaciones por la tierra, dentro de un plazo razonable y sin demoras injustificadas.

Mientras tanto, con la fuerza e imponencia del río Magdalena, esta comunidad organizada y pacífica continuará con el ejercicio de resistencia desde la fe, la exigencia y la reivindicación de sus derechos. El Garzal, al igual que cientos de comunidades campesinas y étnicas, seguirá exigiendo el respeto por la vida y la garantía de los derechos fundamentales como herramientas para la construcción de una cultura de paz en Colombia.

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