Contexto de la militarización de Colombia en el PosAcuerdo

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Cuatro oficiales de policía, algunos con lanzadores de gases lacrimógenos, se paran frente a una tanqueta
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Colectiva Antimilitarista La Tulpa

“En Colombia la guerra viene después de la posguerra”
Juan Manuel Roca

 

Como Colectiva la Tulpa creemos que son varias las caras de la militarización en Colombia.  Tanto en el servicio militar obligatorio que ha sido de las luchas históricas del antimilitarismo, como la militarización de la policía como sucede con el Escuadrón Móvil Antidisturbios, también con las directrices del nuevo código de policía que criminaliza la protesta social, e incluso con la creación de políticas de Estado que llevaron a las ejecuciones extrajudiciales de 10.000 jóvenes civiles entre los años 2002-2010[1] por parte del ejército colombiano, los cuales fueron homicidios agravados de personas desarmadas pero que los hicieron pasar como combatientes y que ahora en el año 2019 vemos que se siguen afianzando desde el Ministerio de Defensa.

Con respecto al Servicio Militar Obligatorio-SMO en Colombia, la última Ley 1861 del 4 de agosto de 2017 incentiva económicamente a los jóvenes a prestar el SMO, que en un país con la tercera mayor tasa de desigualdad según la CEPAL[2] se convierte en una vía de sobrevivencia de los jóvenes y sus familias.  Gracias a las luchas de las organizaciones se logró que el derecho a la Objeción de Conciencia-OxC fuera reconocido, incluso en momentos de guerra, pero siguen las mismas dificultades en su reconocimiento. Gracias a la Corte Constitucional, que en su Sentencia Unificada 108 de 2016 la creación de una comisión de las más altas cualidades (un/a psicólogo/a, un/a médico/a y un/a abogado/a) para evaluar cada solicitud de objeción de conciencia, las cuales nos ha dejado como resultado que la mayor parte por razones aceptadas son quienes esgrimen una creencia católica, no de cualquier religión como exigiría la garantía de este derecho en un país laico, y dejando sin definir o negando las objeciones por razones políticas.

El SMO les representa un martirio tanto a las juventudes como a la sociedad en su conjunto, pues al ser una herencia colonial de la construcción de los estados modernos siguen manteniendo las estructuras clasistas, racistas y patriarcales de dominación de los pueblos. Lastimosamente, algunos sectores de la sociedad ven en la institución militar una manera de conservar el poder para unos cuantos hombres heterosexuales propietarios privilegiados y decidieron importar con sangre a nuestra América.

Esto sucede en parte porque esta “obligación” sólo se aplica para las mayorías empobrecidas étnicas y de las periferias rurales y urbanas. Gracias a la defensoría del pueblo[3] como parte del Ministerio Público sabemos que de los jóvenes reclutados entre 1995 a 2015, el 80% de ellos hacen parte de los estratos 0, 1, 2 y 3[4]. Y no sólo eso, sino que existía la división entre soldado campesino, regular y bachiller, dando a entender que existen vidas que valen más que otras, el campesino tenía que dar 24 meses de su vida, el regular 18 y el bachiller 12.

En Colombia, si no defines tu situación militar quedas en condición de remiso y eres buscado por las autoridades para definirla. En la actualidad contamos con más de 650.000 remisos[5] que nunca definieron su situación militar, los cuales por no tener libreta militar se le vulnera el derecho al trabajo. Años antes por este motivo se vulneraban el derecho a la educación superior, la posibilidad de sacar pase de conducción y hasta para salir de país.

Si lo anterior fuera poco, gracias a un debate de control político[6] realizado en 2017 en el Congreso de la República, pudimos saber que entre 1995 a 2015, 35.237 Jóvenes abandonaron el servicio, de los cuales 1294 jóvenes perdieron la vida prestando el SMO y 7.552 jóvenes quedaron afectados de por vida con daños físicos y/o mentales dan cuenta de las afectaciones que tienen los varones en Colombia por el deber constitucional de prestar el servicio militar.

Tanto dentro del contexto internacional como del conflicto armado colombiano, es muy mencionado el crimen de guerra que implica el reclutamiento de menores por parte de ejércitos ilegales, lo cual condenamos y reprochamos enormemente, pero nunca se menciona que el Ejército Nacional de Colombia reclutó de manera ilegal, de 1993 al 2015, a 19.000 menores de edad[7]. Vemos que el enfoque que se le ha dado al reclutamiento de niños, niñas y jóvenes por parte del ejército es insuficiente e invisibiliza al mayor reclutador ilegal del país con uno de los mayores problemas humanitarios del mundo.

Otra cara de la militarización distinta al SMO es la invasión de la lógica castrense[8] en instituciones como la policía. Para este caso concreto, encontramos preocupante la creación y sostenimiento del ESMAD el cual es un grupo de la fuerza pública que fue creado el 24 de febrero de 1999 mediante la Directiva Transitoria de 0205 como uno de los requisitos del Plan Colombia como principal programa de Cooperación que existe entre los Estados Unidos y Colombia. Desde su creación, el ESMAD se ha visto envuelto en distintas violaciones de derechos humanos. Según datos del CINEP expuestos en la página del representante a la cámara Alirio Uribe, del 2002 al 2014, se “ha documentado 448 agresiones con un total de 3.950 víctimas, en las que se encuentran presuntamente involucrados miembros de la fuerza pública y el ESMAD, de las cuales se reportan 137 casos de personas heridas, 91 casos de detenciones arbitrarias, 107 casos en los que se reportó amenazas individuales y colectivas, 13 casos de ejecuciones extrajudiciales e incluso 2 casos de violencia sexual”.[9] Para el 2016 de enero a junio se reportaron 682 víctimas de este escuadrón[10].

Otro aspecto general que resaltar del ESMAD es que el 26 de junio de 2018 en la conmemoración del Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura, se afirmó que el ESMAD ha sido el grupo con más denuncias de tortura en Colombia. Según informe de marzo de 2018 de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU[11], 14 personas fueron asesinadas durante protestas sociales en el año 2017, entre los cuales 7 víctimas de ejecuciones extrajudiciales fueron de Tumaco durante movilizaciones en el mes de octubre.  

Sumado a las acciones del ESMAD están las violencias que se ven profundizadas con el nuevo código de policía, el cual se vuelve más represivo frente a las manifestaciones. Según esta normativa, es necesario pedir permiso a la autoridad local para poder realizar la movilización, hecho sumamente contraproducente porque si es una marcha contra el mandatario es muy probable que se niegue el permiso o se envié una gran cantidad de fuerza pública para intimidar.[12]    

En cuanto a los factores del militarismo y la militarización en el posacuerdo, se viene construyendo la doctrina militar denominada doctrina Damasco la cual surge en medio de los acuerdos realizados con la FARC-EP y el ELN puesto que se suponía que Colombia era un país caminando hacia el postacuerdo. Para algunos sectores del ejército no tenía mucho sentido conservar la doctrina clásica contrainsurgente en un país que entró en la OCDE[13]. Así mismo, al final del gobierno de expresidente Juan Manuel Santos el cual polémicamente fue nombrado como premio nobel de la Paz en el año 2016 y quien fue Ministro de Defensa en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, firma con la OTAN antes de su salida para colaborar con el esfuerzo global de guerra a favor del capitalismo.

Luego de la firma de la paz como resultado del acuerdo con las FARC-EP el cual fue sostenido más que por el gobierno por los y las excombatientes, las comunidades, las organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos; para el año 2017 se logró que por primera vez en más de cincuenta o sesenta años de conflicto se diera un cese al fuego, un silenciamiento parcial de los fusiles logrando así:

“una disminución en la cantidad de hombres en armas en el país. En 2017, las Fuerzas militares tenían 237.000 uniformados, 36.000 menos que en 2008, lo que marca una reducción del 13% en una década (…) Como era previsible con los acuerdos de paz, los combates han disminuido abruptamente. Entre 2010 y 2017 se redujeron en un 87%, de 1.251 anuales a 168”[14]. Pese a la disminución en pie de fuerza, existe un afán exorbitado en el aumento de la remodelación de aviones, fragatas y demás armamento obsoleto por nueva tecnología, según la Contraloría, aumentando así el gasto público y “Colombia se mantiene como el cuarto país con mayor pie de fuerza en Latinoamérica, después de Brasil, México y Venezuela (…) con 49 por cada 100.000 habitantes”[15]. Estos no son sólo los únicos datos a tener en cuenta sobre los resultados evidentes que ha dado el acuerdo de paz.

Luego de la caída del sí en el plebiscito, en donde el pueblo colombiano votaría sobre si está de acuerdo con lo firmado entre el gobierno y las FARC-EP, es evidente el “retroceso en la seguridad ciudadana. Las cifras muestran ese retroceso con claridad: mientras que en 2017 la tasa de homicidios fue de 22,4 por 100.000 habitantes —la más baja desde 1970— se calcula que en 2018 fue de 24,8”[16].

Sumado a estos datos también es evidente según el medio Verdad Abierta el “exponencial aumento de bajas en combate y enfrentamientos. En el primer semestre del 2019, los combates subieron 82 % y las muertes de delincuentes un 87 %, según FIP. Los enfrentamientos de la Fuerza Pública contra grupos armados ilegales aumentaron un 82 por ciento en el primer semestre de este año frente al mismo periodo del 2018. Así, mientras de enero a junio del año pasado hubo 34 combates, en los primeros seis meses del 2019 se contabilizaron 62”[17].

Este militarismo generalizado en el país nos deja que como colombianos y colombianas tomamos esa pedagogía de la crueldad y la aplicamos sobre quienes consideramos menos:

”64 % de los ciudadanos en Bogotá aprueban tomar justicia por mano propia” (…) “al menos 300 personas fallecieron en el país como resultado de linchamientos de la comunidad. El origen de este fenómeno está, según un estudio de la Universidad Libre de Colombia, en que el 70 % de los ciudadanos dejaron de confiar en la justicia. Otro de los factores que influye en este fenómeno es que el 99 % de los procesos judiciales no llegan a una sentencia y que apenas hay 11 jueces por cada 100.000 habitantes que no dan abasto para la cantidad de casos”[18]

Ahora bien, desde el inicio del gobierno uribista de Duque en el año 2018 hasta el primer semestre de 2019 se viene conociendo un contexto de justicia transicional debilitado y saboteado que atraviesa Colombia en el marco del postacuerdo. Existe actualmente un contexto convulsionado alrededor de la responsabilidad del ejército colombiano en nuevas ediciones de las ejecuciones extrajudiciales. Por un lado, se encuentran las cuestiones relacionadas con la falta de garantías de seguridad de muchos comandantes que vienen denunciando y afirmando no sólo nuevas modalidades de asesinatos de civiles puestos como combatientes de grupos armados no estatales u otros.

Según declaraciones reveladas por la revista semana, el General Eduardo Quiroz, cabeza del Comando de Apoyo de Contrainteligencia, citó en estas instalaciones a 15 militares, reunión en donde para sorpresa de los presentes, el general les dijo tajantemente: “El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso” [19] .

La otra cuestión es que se vienen destapando y rompiendo los pactos de silencio entre grandes generales y comandantes del ejército alrededor de su responsabilidad directa e histórica sobre las ejecuciones extrajudiciales de la primera década del siglo XXI y los escándalos de corrupción en el Ministerio de Defensa, la cual es sin duda tanto la institución pública con mayores gastos públicos y la institución mayor demandada o acusada de violaciones de derechos humanos en el Estado colombiano.

Gracias a los últimos testimonios dados por la Justicia Especial para la Paz, para los casos de las ejecuciones extrajudiciales, supimos de voz del coronel en retiro Gabriel de Jesús Rincón, que el general Mario Montoya, en una conversación le había preguntado: “<<¿y ud, como le va aportar a la guerra? (…) hermano, usted lo que tiene que hacer es, vaya saque unos tipos del anfiteatro, unifórmelos y preséntelos como resultados”>>, no faltando este testimonio, el coronel retirado indica: <<aquí lo que exigían eran muertes en combate y como lo manifestaba en sus programas el comandante del ejército, eran, litros de sangre, tanques de sangre, a mí no me importa nada de capturas, a mí me tienen que dar son muertos en combate y los muertos en combate era a como diera lugar” >> [20].   

El Ministerio de Defensa y el Ejército han guardado silencio ante estas revelaciones de la revista Semana que incluyen otras de corrupción contra cuatro generales de la actual cúpula militar Nicacio Martínez, Eduardo Quiroz, Anselmo Fajardo y Jorge Romero. En el caso de Quiroz hacia exigencias a sus subalternos para conseguir dinero para gastos personales, y Jorge Romero autorizaba expediciones de salvo conductos[21]   Para el caso de Fajardo, no es la primera vez que se le señala por corrupción, ya en 2014 se había realizado una denuncia contra él porque prestó un helicóptero al entonces procurador delegado de las Fuerzas Militares para unas vacaciones en familia.[22]

Este es el contexto de militarización que se viven en el país y frente al cual, como colectiva creemos que es vital como antimilitaristas volcar nuestros esfuerzos a: 1) las víctimas, tanto del conflicto armado, como las de la violencia sociopolítica, así como las de nuestra violencia colonial/patriarcal. Debemos luchar para que sean efectivas las garantías de no repetición. Es imposible que en medio de esta coyuntura histórica no trabajemos por una paz imperfecta, una que aún nos permita soñar. 2) los feminismos, frente al contexto global de contra-ataque del patriarcado deslegitimando a las luchas feministas llamándolas, ideología de género o feminazismo, como antimilitaristas debemos ir contra la raíz de toda militarización y militarismo, esto es, el patriarcado, sistema de dominación que nos humilla, nos viola y nos mata. No nos vamos a dejar, lucharemos en su contra hasta que el sol se apague. Esto no implica dejar atrás la lucha histórica de la eliminación del servicio militar obligatorio, de desarme, de objeción de conciencia y objeción fiscal, pero si nos hace un llamado a reconocer que aislados/as no acabaremos con todas las formas de dominio.  

Notas


[1] Libro: “Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002-2010. Obediencia a ciegas en campos de batalla ficticios”. Consultado el 14 de julio de 2019 en: https://repository.usta.edu.co/handle/11634/11549

[4] En Colombia las clases sociales están determinadas por estratos socioeconómicos y entre los estratos más bajos se encuentran las mayorías excluidas, empobrecidas y violentadas por el sistema capitalista las cuales se ubica en esta escala. Estratos donde por lo general se encuentran población étnica, rural o de sectores urbano-populares.

[6] Son espacios de debate parlamentario en Colombia donde se configuran las alianza entre movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, congresistas, academia, entre otros. En estos espacios se programa una jornada pública donde se discuten temas de relevancia nacional y/o regional. Para el debate de control político que menciona este artpiculo se buscó posicionar las graves violaciones de derechos humanos en que ha incurrido el ejército colombiano por las detenciones arbitrarias con fines de reclutamiento en contra de hombres jóvenes colombianos. 

[8] Es la lógica de las instituciones militares que tienen que ver con la estructura de las organizaciones armadas estatales o no estatales.   

[13] Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es uno de los sectores dominantes del poder financiero global actualmente. Para más información: http://www.oecd.org/acerca/

 

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