Tras el golpe militar que puso fin a la dictadura de Alfredo Stroessner en febrero de 1989, Paraguay vivió un proceso de desmilitarización institucional y social. Ese proceso surgió a inicios de la última década del siglo pasado y un desarrollo acelerado en las postrimerías de esa década y principios de la siguiente, ritmo marcado por el contexto político nacional. Cuatro aspectos marcan este proceso de desmilitarización:

1. El fin de la triada institucional gobierno-Fuerzas Armadas-Partido Colorado (mayoritario y de gobierno), incluyendo decisiones tales como eliminar el requisito de ser afiliado de ese partido para ingresar a la Academia Militar.

2. El recorte progresivo al presupuesto militar y propiedades inmuebles de las Fuerzas Armadas, así para el 2003 el porcentaje del PIB que representaba el presupuesto militar había descendido a 0,9% desde un 1,4% en 1998. Las propiedades militares eran desocupadas a beneficio de poderosos civiles, como sucedió con las tierras de Marinakue.

3. El descrédito de las Fuerzas Armadas por las aventuras golpistas del general Lino Oviedo y el temor a que tuvieran éxito, por el apoyo con que éste contaba al interior de las Fuerzas Armadas y en el Partido Colorado.

4. El descrédito del servicio militar por los casos de conscriptos muertos en sus filas, la existencia de niños-soldados y el uso de los soldados como mano de obra gratuita para oficiales y suboficiales, y por la lucha exitosa por el reconocimiento legal y uso del derecho de objeción de conciencia, en la que tuvieron destacada actuación los movimientos sociales y juveniles paraguayos.

El punto inicial de este proceso social e institucional de desmilitarización está dado por el compromiso de cambiar la Constitución stronista (1967) por otra de origen civil, ciudadano y por la efectivización de dicho compromiso mediante su discusión asamblearia, aprobación y promulgación en 1992. Esta Constitución incorporaba el derecho de objeción de conciencia en su articulado, un derecho con un largo historial antimilitar.

Tras este proceso de desmilitarización, Paraguay ha tenido por más de una década un proceso de remilitarización que continúa hasta el presente.

Militarización, desmilitarización, remilitarización y transarme

Hay una importante discusión en torno a la militarización, en especial respecto a sus formas en América Latina y el Caribe, no así respecto a los conceptos de desmilitarización y remilitarización. Entenderé la militarización:

como la proyección de dos procesos distintos pero constitutivos entre sí: uno en el que las instituciones militares se constituyen como actores centrales en el conjunto del campo organizacional de políticas de seguridad pública, y otro en que las instituciones civiles pertenecientes a ese campo adquieren lógicas militares tras la activación de mecanismos de cambio institucional isomorfo Militarización es un proceso de adopción de lógicas del paradigma de lo militar, que va acompañado por un proceso de cambio en la distribución de poder a favor de las instituciones militares en lo que respecta a la estructuración de la violencia estatal. (Morales & Pérez, 2014).

Además, entenderé el militarismo como:

un sistema, una lógica y un conjunto de normas que perpetúa y recrea nuestras sociedades y nuestras vidas diarias, que perpetúa las rígidas normas de género y está basado en ideas hetero-sexistas de género que definen la masculinidad como físicamente poderosa y agresiva, mientras que la femineidad es sumisa y dócil. El militarismo, finalmente, depende de, y recrea, un orden mundial racista y jerárquico que nos dice la vida de quién merece ser defendida y la de quién no. (Alvine Andersson, 2012).
 

Entenderé el desarme como un “proceso de reducción de armamento, del gasto militar y de la capacidad ofensiva militar que permite eliminar las manifestaciones más duras de la violencia directa pero que mantiene el elitismo y el militarismo así como la delegación ciudadana en el tema defensa.” (Utopía Contagiosa, 2012).

La remilitarización, en tanto:

[se] manifiesta en incremento de efectivos y del gasto militar; nuevas adquisiciones de armamento y medios; construcción de nuevas instalaciones; nombramiento de oficiales activos o en retiro en ministerios de Gobernación (Seguridad), jefaturas policiales y otros cargos públicos; militarización de las policías; creación de unidades militares dentro de éstas; aprobación de leyes y decretos que conceden mayores cuotas de poder y espacios de autonomía funcional a los ejércitos, y operativos conjuntos ejército-policía. (Cajina, 2014).

Frente al desarme, desde el antimilitarismo se plantea el transarme como una propuesta de cambio de paradigma respecto a la defensa, que implica: “reducir progresivamente el poder a lo militar, reconvertir lo militar a fines civiles, aumentar progresivamente el poder de lo noviolento, que implique un cambio de paradigma de sociedad y la participación de los movimientos de base en el diseño de las políticas de defensa.” (Utopía Contagiosa, 2012).

Estos conceptos me permitirán hacer un análisis antimilitarista del proceso de desmilitarización y remilitarización del Paraguay en las últimas décadas.

Proceso de desmilitarización en el Paraguay post-dictatorial

La caída del dictador Stroessner (1954-1989) no significó en lo inmediato la ruptura de la tríada Fuerzas Armadas-Coloradismo-Gobierno, pero sí el inicio de su descomposición. Ciertos avances institucionales y sociales, tales como una Constitución surgida de una discusión abierta, civil y asamblearia, que incluye el derecho de objeción de conciencia: el fin de la obligación de ser militante de la ANR (Asociación Nacional Republicana) para ingresar a las escuelas de formación militar y el incremento de denuncias de maltrato sufrido por quienes hacían el servicio militar, el reclutamiento forzoso y de niños, torturas, muertes y desapariciones incluso, van abriendo camino a cuestionar el predominio cultural del militarismo en la sociedad paraguaya. Serán, en todo caso, las respuestas civiles hacia las aventuras golpistas del general Lino Oviedo las que aceleren el proceso de desmilitarización en Paraguay. Lino Oviedo, ya general, dirigió o participó activamente en intentos de golpes en 1996 (hechos de abril), 1999 (Marzo Paraguayo) y 2000. Un hecho que reforzó el camino desmilitarizador institucional fue la decisión del presidente Juan Carlos Wasmosy (1993-1998), arquitecto de profesión, en abril de 1996 de destituir a Lino Oviedo y a veintisiete comandantes, jefes, prefectos y directores de las Fuerzas Armadas. Con esta acción –respaldada por los Estados Unidos y la OEA– Wasmosy colocó a la dirección civil como la preponderante en lo relativo a lo militar, no sin rechazos al interior de las Fuerzas Armadas, en especial en el ejército, las que fueron encarnadas en Lino Oviedo. La firma del Protocolo de Ushuaia que faculta al Mercosur a interrumpir toda relación ante una ruptura democrática se puede entender también dentro de este proceso desmilitarizador institucional paraguayo.

En el escenario macro, el gato militar como porcentaje del PIB en Paraguay había disminuido de 2.3 % en 1991 a 1,5 % en 1995; para 1997 había vuelto a subir a un 1.7 %, según cifras del Banco Mundial. Tras las intentonas golpistas de Oviedo, el porcentaje del PIB dedicado al gasto militar se redujo al 1,0 %, en 2003 y 0.9 % en 2005, el más bajo en décadas, según la misma institución.

En lo social, las denuncias contra los abusos e impunidad militares, las aventuras golpistas de Lino Oviedo, la constatación del reclutamiento de niños para el servicio militar, las denuncias de muertes, torturas y desapariciones en el mismo, así como la activa promoción del derecho a la objeción de conciencia por parte de movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos, tales como el Movimiento de Objeción de Conciencia de Paraguay y el Serpaj, ayudaron a desmontar el peso cultural de la sumisión al militarismo en Paraguay, decenas de miles de jóvenes se negaron a participar del servicio militar ejerciendo su derecho de objeción de conciencia.

Artistas, activistas y referentes sociales ayudaron a posicionar lo militar como un problema que afecta directamente a cada habitante del país. Algunas campañas contra el gasto militar, por el desarme del presupuesto, dan cuenta de este accionar social desmilitarizador.

En lo cultural educacional, un relato describe ese proceso desde la perspectiva de una estudiante:

Recuerdo que cuando yo iniciaba el colegio e iniciaba la reforma entre los años 2000 a 2001 hubo varios cambios en las costumbres de los colegios que molestó mucho a toda la estructura y cultura autoritaria.

Pasamos de tener la lista separada entre estudiantes por sexo (primero la lista de los nombres de los varones y luego la lista de las mujeres) a tener la lista mixta ordenada por apellido; de usar guardapolvo y polleras a usar jeans con remera del colegio; de hacer los talleres de trabajo y tecnología según sexo (tareas del hogar para mujeres y talleres de carpintería, electricidad, etc., para varones) a hacerlas en grupos mixtos y sobretodo recuerdo cuando muy a pesar del director pasamos de hacer la formación en filas, tomando distancia y cantando el Himno todos los días a hacerlo solo una vez a la semana.

En esas formaciones se ejercía el poder y la coacción simbólica, física y psicológica para inculcar la disciplina que deseaba el mundo adulto compuesto por las autoridades del colegio, recibíamos sermones sobre los trastornos que teníamos según nuestro comportamiento o por escribir en los pupitres o por casi cualquier cosa colectiva y autónoma que hacía algún curso o grupo o por saltar las instancias jerárquicas para hacer algún reclamo. Nos bajaban línea nacionalista y militarista con los días que recordar y por qué, las tradiciones que teníamos que seguir y hasta en ocasiones directamente nos hacían rezar. (Diana González, 2016).

El proceso de desmilitarización llegó a su punto mayor bajo el gobierno del presidente colorado Nicanor Duarte (2003-2008); en lo simbólico cultural, será Duarte quien por primera vez, en la transición democrática, no tenga a un militar o ex militar en el cargo de Ministro de Defensa durante la totalidad de su mandato.

Bajo el gobierno de Nicanor Duarte se inicia el proceso de remilitarización que actualmente vivimos. Esto se observa cuando, tanto el gobierno como la elite política paraguaya, sienten que ha sido superada la amenaza del caudillismo militarista representada por Lino Oviedo, o que al menos resultaba manejable política y electoralmente; al mismo tiempo que se afirma la normalidad institucional que aseguraba gobernabilidad. Lino Oviedo pasó a ser en ese momento un actor político “democrático” al cual se le había quitado influencia directa sobre lo militar. Por otra parte, con la reducción del gasto militar, se les advirtió a los militares sobre las consecuencias de intentar más aventuras golpistas.

El porcentaje correspondiente al presupuesto militar en el PIB volvió a crecer y para 2008 ya era un 1,1 %, según el Banco Mundial. Durante ese tiempo se renovaron y firmaron convenios con Estados Unidos y Colombia para entrenamiento militar que aceleraron la conformación de FOPE (Fuerza Operativa Policial Especializada) y GEO (Grupo Especial de Operaciones) como unidades militarizadas privilegiadas al interior de la Policía Nacional, desde su fundación a principios de los años ’90 del siglo pasado.

Lino Oviedo, símbolo del caudillismo militar, quedó tan rehabilitado y reducido, que pudo lanzar su candidatura presidencial en 2008. Sin éxito.

Remilitarización en Paraguay

El gobierno de Nicanor Duarte restituyó sus derechos civiles a Lino Oviedo, y de ese modo, simbólicamente, marcó la reafirmación del poder y la impunidad de lo militar. El caso de los siete jóvenes asesinados durante el Marzo Paraguayo no solo quedó impune, sino que incluso las familias de las víctimas fueron castigadas por el sistema judicial.

Será el gobierno de Fernando Lugo (2008-2012), el que dará impulso a la remilitarización del país. En lo simbólico institucional, se vuelve a instalar a un militar, un general en retiro, a cargo del Ministerio de Defensa Nacional, así como a incrementar significativamente el presupuesto de Defensa, llegando al 1,4 % del PIB en el año 2012, datos del Banco Mundial.

Fernando Lugo, con la excusa de la existencia del EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo), decreta Estados de excepción y realiza operativos conjuntos policiales-militares en la zona norte del país (San Pedro, Concepción y Amambay); es así que durante el periodo 2009-2011 se contabilizaron cinco operativos en esa zona y la declaración de dos Estados de excepción. Al mismo tiempo, durante el gobierno de Lugo, se publicó la Ley 4013/2010 que reglamenta la objeción de conciencia, a través de la cual se instala inconstitucionalmente el servicio civil obligatorio (con carácter retroactivo).

Marinakue y la remilitarización en Paraguay

La expresión definitiva de la dinámica de remilitarización está dada por el golpe de Estado parlamentario de 2012 tras la masacre de Marinakue, en la que las dos unidades militarizadas de la Policía Nacional tuvieron relevante responsabilidad: el GEO y la FOPE.

La masacre ocurrida en Marinakue fue el justificativo usado por el Parlamento para derrocar al presidente Lugo. Así como los cuerpos militarizados de la Policía Nacional formaron parte activa en la masacre, también está confirmada la participación de fuerzas militares en los operativos realizados en el lugar de la masacre. Fue la Policía Nacional la que tuvo a su cargo efectivizar el golpe, reprimiendo a quienes se manifestaron en contra de la destitución de Lugo por considerarlo un atentado a la democracia, tanto en Asunción como en los otros departamentos del país.

La masacre de Marinakue fue una consecuencia fatal, pero no lógica, del proceso de remilitarización que vivió y vive Paraguay, con el gentil auspicio de la agenda militarista estadounidense.

El caso de la Policía

El actuar policial concreto y preciso de las diversas agrupaciones especializadas de la Policía Nacional paraguaya (PN) en Marinakue el 15 de junio de 2012 responde a cabalidad a formas y procedimientos militares adoptados por el comando policial en el uso de la fuerza y sus consecuencias. Estas formas y procedimientos son:

1. Uso desmedido y desproporcionado de la fuerza con ánimo de aniquilar toda resistencia antes de que ésta se produzca. Para ello, se usa una fuerza seis veces superior al máximo de campesinos y campesinas presentes en el lugar, y más de diez veces superior a quienes la PN consideraba como con capacidad de resistencia. El uso desmedido de la fuerza se amplifica por el uso de armas letales, automáticas y medio aéreo de vigilancia, monitoreo y amedrentamiento, un helicóptero, en este caso.

2. Se concibió a los campesinos y campesinas asentadas en el lugar como “enemigos” a los que erradicar de un territorio, el cual hay que invadir y desocupar. No se trata a los y las campesinas en su calidad de ciudadanos y ciudadanas, de habitantes locales, de civiles con derechos. La policía asumió un discurso de amigo/enemigo reflejado en los epítetos de “invasores” y “supuestos campesinos”.

3. La planificación de la intervención policial: movimiento envolvente, de pinzas, ataque por la retaguardia y vanguardia, grupos de élite militarizados de la PN al frente y al fondo, las agrupaciones aun no militarizadas (Orden y Seguridad), como forma de involucrarlas experiencialmente en el proceso de militarización.

4. El total abandono del protocolo de intervención en ocupaciones masivas basado en los derechos humanos, introducido desde el Ministerio del Interior.

5. Los resultados de la intervención denotan una planificación estratégica de Estado mayor militar: la masacre consiguió efectos en cuatro áreas al menos:

• aniquilación total de la ocupación existente con resultado de muertos, heridos, detenidos e imputados entre los campesinos, así como la pérdida total de sus bienes y haberes;
• en un sentido más amplio, descrédito y derrota mediática de los movimientos campesinos y “carperos”. La propia reocupación de Marinakue no pudo hacerse hasta tres años después. El movimiento “carpero” tuvo escasa incidencia nacional después de eso.
• Al interior de la PN y el Ministerio del Interior (MI) se derrocó al sector de “derechos humanos”, anulándose el protocolo, y cayó el ministro. Comandantes involucrados en la masacre fueron ascendidos.
• Derrocamiento del gobierno de centro izquierda, recuperación del poder por los sectores militaristas de derechas, primero a través del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y luego por el Partido Colorado con la administración de Horacio Cartes, quien impulsa una potente agenda remilitarizadora.

Los gobiernos posteriores al golpe de Estado, del vicepresidente liberal Federico Franco (2012-2013) y del colorado Horacio Cartes (2013 hasta hoy), continuaron y ahondaron este proceso de remilitarización. En el caso del gobierno Cartes, se ha incrementado el presupuesto militar (hasta el 1,4 % para 2014, respecto al PIB, según el Banco Mundial) y quitado poderes al Congreso respecto al control de las operaciones militares. Para ello, el presidente Cartes logró la modificación de la Ley 1337/99 de la Defensa Nacional y Seguridad Interna, otorgando al Ejecutivo el poder legal para decidir el empleo de las Fuerzas Armadas para combate en asuntos internos por simple decreto presidencial. Al mismo tiempo obtuvo la sanción del Congreso a la Ley 5036/13 que habilita a los efectivos de las Fuerzas Armadas a combatir al EPP.

Desde hace siete años se vienen sucediendo en el norte, operativos policiales y militares y estados de excepción, hasta la instalación de la FTC (Fuerza de Tarea Conjunta, integrada por Fuerzas Armadas, Policía Nacional y la Secretaría Nacional Antidrogas, Senad), decidida por el presidente Cartes, cuyo gobierno ha significado tres años de violaciones de derechos humanos, restricciones a las libertades ciudadanas, constantes saqueos y vulneración a los y las más pobres de esa zona.

Esta realidad paraguaya no es muy diferente a la que desde el antimilitarismo latinoamericano se describe para la región:

La tierra, los transgénicos, las forestales, la minería, la soja, las plantaciones para biocombustibles, en fin, todo el extractivismo, ciudades cada vez más sometidas al neoliberalismo urbanístico de carreteras privatizadas y de amplios cinturones de poblaciones marginales por desplazamiento desde el campo descampesinizado, así como la función cada vez más militar de la Policía, el neoliberalismo rampante, la corrupción parlamentaria, el narco, la disputa geoestratégica entre Brasil y Estados Unidos y entre Estados Unidos y China, todo eso forma parte del caldo de cultivo para dar curso a conflictos que se solucionan manu militari, aunque esta mano sea más bien policial. (Carvallo, 2014).

Conclusiones

Paraguay vivió un proceso de desmilitarización institucional y social entre 1989 e inicios de los años 2000, proceso que no ha sido investigado ni analizado suficientemente. En la descripción de ese proceso que se expone acá, varias aristas son perfiladas para un tratamiento exhaustivo: las particularidades de respuesta institucional a una situación militar de amenaza y alianza al mismo tiempo para un partido en el poder; el provecho de situaciones de crisis militar y social para una agenda civilista de control de las Fuerzas Armadas por el poder civil, con apoyo internacional y mediante la reducción del gasto militar, la emergencia de una demanda social por la disminución y control de la influencia militar en la sociedad y en la autoridad y la creación de un discurso desmilitarizador en torno a esa demanda.

Queda por ver si ese discurso desmilitarizador permeó la estrategia institucional de los gobiernos que rebajaron tanto el gasto como la influencia militar en las relaciones de gobierno. Hasta el momento pareciera que la disminución del gasto e influencia militares en los gobiernos paraguayos de fines de los años de la década de 1990 e inicios de 2000, no fue permeada en lo estratégico por la demanda desmilitarizadora social.

La desmilitarización en Paraguay no es expresión de una estrategia antimilitarista, puesto que no cuestiona el militarismo en sus aspectos fundamentales: elitismo y delegacionismo ciudadano en el tema defensa. Mantiene al mismo tiempo, el status quo militarista, sobre el que se ha actuado superficialmente en la emergencia oviedista.

Dejadas incólumes las bases que sostienen el militarismo en Paraguay, el proceso de remilitarización no ha tenido muchas dificultades en instalarse y recuperar para 2014 una situación de poder institucional igual o mayor a la que se tenía en 1993. Este proceso, también complejo, de remilitarización merece un mejor y mayor análisis en tanto forma parte de la actual situación paraguaya, con efectos y consecuencias que se viven en especial en las zonas de intervención de la Fuerza de Tarea Conjunta. En el resto del país, la lógica militar se usa para resolver cualquier conflicto o demanda popular, así las formas de encarar situaciones de emergencia medioambiental, como las inundaciones que han afectado a todo el país en los últimos años, han sido efectuadas desde una perspectiva estratégica militarista y con uso concreto de fuerzas y espacios militares y navales para afrontarlas.

Valorar el proceso desmilitarizador que tiñó efectivamente la política paraguaya hasta bien entrados los años 2000, sus alcances y producciones, permitiría redimensionar ese periodo histórico y también diseñar nuevas estrategias sociales para enfrentar la escalada remilitarizadora que nos afecta hoy.

En lo histórico-político, será posible preguntarse, por ejemplo, cuánto contribuyó el proceso desmilitarizador a la alternancia encarnada en la figura de Lugo, y cuánto contribuyó la remilitarización a la existencia de un golpe de Estado parlamentario y un nuevo gobierno de la ANR en el país.

Servirá también, desde una perspectiva antimilitarista, saber en qué fase del proceso estamos, en tanto movimientos sociales, para ajustar nuestras estrategias y acciones. (Speck, 2015).

Bibliografía

• Andersson, Alvine (2012) Ocho razones por las cuales el antimilitarismo necesita el queer, en El Fusil Roto n° 93, Londres: IRG. pps 1 y 2.
• Banco Mundial, datos revisados el 15 de abril de 2016 en: http://datos.bancomundial.org/indicador/MS.MIL.XPND.GD.ZS?page=4
• Carvallo, Pelao (2014) Antimilitarismo en América Latina, una mirada libertaria. En revista Ekintza Zuzena n°41. Ediciones EZ: Bilbao pps 99-101.
• Colectivo Utopía Contagiosa (2012) Política Noviolenta y lucha social Alternativa noviolenta a la defensa militar, Libros en Acción: Madrid. Pág. 203
• Morales, S. & Pérez, C. (2014). “Militarización: Una propuesta conceptual basada en el caso mexicano (1995-2012)” en MvB Documentos de trabajo. Berlín: México vía Berlín e. V. No. 2, 2014: 36. (Con Sabina Morales Rosas) revisada en: http://mexicoviaberlin.org/wp-content/uploads/2014/04/MvB_WP_2014_002_mpr_Militarizaci%C3%B3n_FULL.pdf
• Speck, Andreas (2015) El plan de acción del Movimiento en Manual para campañas noviolentas, Internacional de Resistentes a la Guerra, segunda edición, página 79.