Se prosigue el juicio contra Nevsun Resources

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La Mina Bisha en Eritrea, parte propiedad de la compañía canadiense Nevsun Resources
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En Canadá, un tribunal de la Columbia Británica inició un juicio contra Nevsun Resources, una importante compañía minera canadiense acusada de basarse en la esclavitud moderna en su Mina Bisha en Eritrea, y proseguirá adelante, rechazando una apelación de la compañía para que, en su lugar, el juicio se instruya en Eritrea.

Eritrea es uno de los países más herméticos y militarizados del mundo. A los 18 años, todos los eritreos son reclutados en el «servicio militar» del estado, a menudo de forma indefinida. Además de servir en el ejército de Eritrea, los reclutas, en ocasiones, se ven obligados a trabajar en empresas de construcción estatales en condiciones terribles, las cuales cuentan con el monopolio de aceptación de contratos. En 2015, un ponente especial de la ONU publicó un informe en el que se afirmaba que "se utilizó el trabajo forzoso, especialmente en la fase de construcción [de la mina Bisha], por la simple razón de que todas las [operaciones] de construcción se hacen bajo el mandato del gobierno”. De acuerdo con el Centro Canadiense para la Justicia Internacional: “El caso alega que Nevsun contrató a dos empresarios estatales de Eritrea, así como al ejército para construir las instalaciones de la mina, y que las compañías y el ejército emplearon trabajos forzados en condiciones abominables. El caso también alega que Nevsun aprobó de manera expresa el uso de mano de obra reclutada, supuestamente una práctica tan extendida que constituye crímenes contra la humanidad”.

El tribunal también ha permitido que se inicien las demandas por crímenes contra la humanidad, esclavitud, trabajo forzado y tortura. Es la primera vez que un tribunal canadiense permite que se lleve a cabo un juicio contra una empresa por supuestos abusos contra los derechos humanos. El caso fue presentado inicialmente en 2014 por tres hombres de Eritrea, a quienes se han sumado otros 51 hombres. La compañía intentó la desestimación del caso, argumentando que debería ser instruido en Eritrea en lugar de en Canadá, pero la magistrada Mary Newbury argumentó que el sistema judicial en Eritrea no es lo suficientemente independiente: «el sistema judicial sería accionado en gran medida por los deseos del presidente y sus partidarios militares».

El 60% de la mina Bisha es propiedad de Nevsun Resources y el 40% es del gobierno de Eritrea. En 2013, “Human Rights Watch” publicó un informe titulado “Hear No Evil”, en el que sostenía que las empresas que compiten por aprovechar los recursos minerales en Eritrea se arriesgaban a entrar en “un campo potencialmente minado de problemas de derechos humanos. En particular se arriesgan a verse involucradas en el programa especialmente abusivo del gobierno de Eritrea de trabajo forzoso indefinido”.

 

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