Bahréin: “Ley marcial no declarada”

Publicado originalmente en OpenDemocracy.

Hace seis años, Nicholas Kristof, periodista del New York Times, describió su experiencia de ser detenido luego de las protestas de la primavera árabe en Bahréin como un vistazo “a los indicios de un estado policial a través de una bruma de gas lacrimógeno”.

Kristof explicaba cómo incluso el personal médico, como el Dr. Ali al-Ekri –momentáneamente libre, pero con una larga temporada en prisión por delante– fue torturado y perseguido por tratar a los manifestantes heridos. Observando que, si hubiesen sido Siria o Irán los perpetradores de tales abusos, “la Casa Blanca retumbaría de indignación”, Kristof imploró a los EEUU que condene de igual manera la represión cometida por aliados como Bahréin.

Lamentablemente, esas mismas palabras podrían haber sido escritas el día de ayer.

Esto no quiere decir que no ha habido cambios. Desde el 2011, los “indicios de un estado policial” han hecho metástasis. Mientras el Dr. al-Ekri resistía cinco años en prisión, su profesión –la medicina– ha pasado bajo control directo de los militares. Ahora la policía maneja el servicio de ambulancia.

La expansión incesante del aparato de seguridad –o derechamente: militarización– ha ido contagiando a cada vez más sectores de la sociedad bahreiní. De hecho, ahora ha sido plasmada en la propia constitución.

El 3 de abril de 2017, el rey de Bahréin confirmó una enmienda constitucional que hace tiempo se venía gestando y que ya había sido aprobada por las dos cámaras del siempre anuente parlamento del reino: los tribunales militares ahora pueden procesar a civiles “acusados de amenazar la seguridad del estado”.

Anteriormente, la constitución del 2002 prohibía a los tribunales militares procesar a civiles a menos que el rey hubiese declarado ley marcial o estado de seguridad nacional. Esto fue lo que ocurrió en el 2011, cuando el gobierno estableció tribunales militares para acelerar el dictado de condenas contra manifestantes, defensores de derechos humanos, médicos y políticos.

Aquello terminó –luego de una clase maestra en teatro judicial autoritario repleta de testimonios forzados y cajas de evidencia sin sellar ni registrar– con cientos de personas encarceladas bajo cargos asociados a libertad de expresión, asociación y reunión.

Los tribunales arbitrarios violaban el debido proceso de manera tan flagrante que la Comisión Independiente de Investigación de Bahréin (BICI), celebrada por los EEUU, instó al gobierno a ordenar la revisión de los juicios por magistrados civiles y conmutar todas aquellas condenas “en las que los principios fundamentales del juicio justo no hayan sido respetados”, así como en aquéllas “por ofensas que implican expresión política”.

Un año después, en el segundo ciclo del Examen Periódico Universal de Derechos Humanos de la ONU, Bahréin aceptó varias recomendaciones de otros estados que reiteraban dichas propuestas, incluyendo un llamado de Irlanda a prohibir expresamente “el procesamiento de civiles en tribunales militares en el futuro”.

Hoy, en vez de cumplir con alguna de estos compromisos, el gobierno ha decidido llevar al país por una senda sin precedentes de retroceso de la democracia, convirtiendo a la autocracia militarizada en parte del tejido estatal. Los activistas han descrito de manera simple este desarrollo como una “ley marcial no declarada”.

No obstante, la enmienda no es inesperada para quienes están familiarizados con las últimas tendencias de la justicia criminal y la seguridad en Bahréin.

Como ya se indicó, el gobierno ha ido integrando cada vez más el aparato de seguridad en sectores claves de la sociedad e incluso de los servicios públicos básicos, como la salud. En enero de 2017 –el mismo mes en que el rey Hamad habría propuesto la enmienda de los tribunales militares– las autoridades también devolvieron las facultades de arresto a la Agencia de Seguridad Nacional (ASN), la policía secreta de Bahréin.

Al igual que la enmienda, esta decisión expandió el rol de las fuerzas de seguridad en los asuntos cotidianos, al mismo tiempo que contraviene un anterior compromiso de reforma. De hecho, el previo revocamiento de parte del gobierno a la ASN de sus facultades de arresto luego de haber cometido tortura sistemática, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales en 2011, era una de las apenas dos recomendaciones de BICI que habían sido implementadas totalmente.

A semanas del re-empoderamiento de la ASN, fuimos testigos de un violento ejemplo de la profundización del estado militar en Bahréin, así como de la intersección de estos diversos resultados de la actual estructura de vigilancia e intimidación.

En la noche del 26 de enero de 2017, personal de seguridad vestidos de civil y con máscaras negras, a la usanza de los escuadrones de la ASN en el 2011, ingresaron a la aldea de Diraz y se apostaron cerca del domicilio del jeque Isa Qassim, el clérigo chií más importante de Bahréin.

En junio de 2016, después de que el gobierno anunciara la revocación de la ciudadanía al jeque Qassim e iniciara su persecución judicial por cargos relacionados con prácticas religiosas tradicionales, cientos de manifestantes realizaron un sit-in pacífico en torno a su casa. Desde entonces, las fuerzas de seguridad bahreiníes mantienen acordonada la aldea, restringiendo el acceso a los no residentes, e incluso imponiendo bloqueos de internet entre otras tácticas cercanas al asedio.

Pero aquella noche, las autoridades se aproximaron a las tiendas mientras dormían y abrieron fuego con balas reales. Mustafa Hamdan, de 18 años, recibió un tiro en la nuca. Un paramédico que estaba cerca intentó brindarle cuidados médicos, pero la herida era demasiado severa. Temeroso de llamar a la ambulancia, ahora manejada por la policía, Hamdan fue llevado de inmediato a un hospital privado.

Sin embargo, una vez allí, el personal dijo tener órdenes de suspender la atención de potenciales manifestantes hasta que las autoridades se hicieran presentes. En su desesperación, y con Hamdan perdiendo sangre, su hermano lo llevó al mayor hospital público de Bahréin, ahora administrado por los militares. Cuando llegó, y mientras su hermano era interrogado por personal de seguridad, Hamdan había caído en coma. Falleció el mes pasado.

El paramédico que trató a Hamdan en la escena fue arrestado y, según se sabe, permanece detenido.

Éste es el rostro del nuevo estado militar de Bahréin: un adolescente asesinado por la policía secreta a quien se le niega tratamiento médico por un sistema hospitalario ocupado por fuerzas de seguridad, y su paramédico a la espera de juicio ante un tribunal secreto. Cabe notar que son estos mismos militares a quienes los EEUU y el Reino Unido han recompensado con nuevas compraventas de armas y mayor cooperación.

Ante la ausencia de una censura internacional fuerte y concertada, el proceso de militarización seguirá su curso. Sólo podemos imaginar qué sector será el siguiente. ¿La educación? ¿El comercio? ¿El atletismo?

Si ello llega a ocurrir, la próxima vez que el rey Hamad vista un uniforme militar, ya no tendrá que fingir que gobierna una “monarquía constitucional”; ya habrá convertido a Bahréin en otra dictadura militar.