Venezuela

Este miércoles 13 de Julio de 2016, organizaciones no gubernamentales acudieron ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con la finalidad de introducir un recurso de nulidad parcial por inconstitucionalidad de la Ley de Registro y Alistamiento para la Defensa Integral de la Nación, la cual establece la obligatoriedad de la inscripción en el Registro Militar.

Durante la década de los 80´s, muchos países de América Latina estaban gobernados por dictaduras militares o sufrían las consecuencias de la guerra civil en sus territorios. Eran tiempos de la Guerra Fría, por lo que Estados Unidos consideraba a la región como zona de su influencia, un “patio trasero”.

La IRG ha emitido una declaración en apoyo de los defensores de los derechos humanos en Venezuela. La declaración hace un llamamiento a las organizaciones de derechos humanos de Venezuela, entre ellas PROVEA y Espacio Público, dos organizaciones cuyos trabajadores se han visto puestos en peligro recientemente por parte de las autoridades, y alienta a aquellos que se solidarizan con ellos a servirse de la alerta Acción Urgente de Amnistía Internacional para ejercer presión sobre las autoridades, y se puede leer aquí en español, aquí en inglés, y aquí en alemán .

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En la Internacional de Resistentes a la Guerra (IRG) nos preocupa la seguridad de sus miembros y sus colegas defensores de derechos humanos en Venezuela.

El 13 de mayo, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, difundió públicamente detalles de los preparativos de viaje de Rafael Uzcátegui, miembro de IRG, del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), y los de Carlos Correa de Espacio Público. La información se difundió en el programa semanal de televisión de Diosdado Cabello, “Con el Mazo Dando”. En este programa, se cuestiona con frecuencia el trabajo de los defensores de derechos humanos y se difunden detalles de su paradero. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha calificado de “bandidos” a los trabajadores de ONG que critican al gobierno, y ha solicitado que se produzca un documentary para ser emitido por televisión que exponga la verdad' sobre el trabajo de las organizaciones de derechos humanos.

Por Rafael Uzcátegui

 

En el marco del Día Internacional de Acción contra Chevron, el periódico El Libertario difunde el informe “Chevron: La conexión bolivariana”, sobre la expansión de la transnacional en Venezuela en los últimos años

 El 21 de mayo ha sido el día escogido por diferentes movimientos sociales alrededor del mundo para realizar una jornada planetaria de acción contra Chevron. El objetivo es exigir que la petrolera estadounidense modifique sus prácticas, y reconozca su responsabilidad por los graves crímenes ambientales que ha cometido alrededor del planeta a lo largo de su historia.

Venezuela, quien cuenta con los yacimientos petroleros y gasíferos más grandes de la región, tiene una relación antigua con Chevron. Sin embargo, las consecuencias ambi entales y sociales de la explotación energética en Venezuela no son un tema de discusiónen el país, ni tampoco la responsabilidad en la contaminación y desplazamiento de comunidades indígenas y campesinas de las compañías trasnacionales que desde 1996, tras la nacionalización de la industria ocurrida en 1976, participan como socias en el negocio.

Por Rafael Uzcátegui

Actualmente se discute en el seno de la Asamblea Nacional un proyecto de reforma a la Ley de Conscripción y Alistamiento Militar. La ley ha sido incluida dentro del paquete legislativo calificado como prioritario por la directiva parlamentaria, contando con una aprobación en primera discusión el pasado 18.06.13. El proyecto presentado, sin embargo, es inconstitucional porque vulnera lo expresado en el artículo 134 de la Carta Magna, que expresa: “Toda persona, de conformidad con la ley, tiene el deber de prestar los servicios civil o militar necesarios para la defensa, preservación y desarrollo del país, o para hacer frente a situaciones de calamidad pública. Nadie puede ser sometido a reclutamiento forzoso (…)”.

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Rafael Uzcátegui

Rafael Uzcátegui

En 1998 el Teniente Coronel Hugo Chávez gana la presidencia de Venezuela tras protagonizar un golpe de Estado en 1992. Por primera vez en el período democrático (iniciado en 1958) un miembro del ejército era elegido como primer mandatario del país. Desde ese momento se inicia una progresiva militarización del país, con especial énfasis en la juventud, el cual utiliza a las Fuerzas Armadas como uno de los ejes fundamentales del mantenimiento de la gobernabilidad.

Hace once años, durante las 47 horas que una facción de derecha mantenía detenido a Hugo Chavez y Pedro Carmona se había declarado nuevo presidente de Venezuela, una de las primeras organizaciones en condenar el golpe de estado fue PROVEA (Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos). Cuando los gobiernos de EEUU y España ya habían reconocido al “nuevo gobierno”, PROVEA – independiente de los riesgos que la organización pudiera sufrir – circuló a nivel nacional e internacional su denuncia al golpe de estado y un llamamiento a respetar la constitución de 1999. El valor y la determinación de investigar y decir la verdad que marcó el actuar de PROVEA en aquel momento, ha continuado siendo una característica de sus investigaciones e informes.

Después de 13 años en el poder hay muchos problemas sin resolver en Venezuela, a pesar de las promesas del presidente Chávez. Un problema es la impunidad de la policía y los militares, y su violación del derecho a la vida.

En los barrios pobres de Barquisimeto, la quinta ciudad más grande de Venezuela, las familias cuyos parientes han sido asesinados o víctimas de abusos por parte de la policía o el ejército no pueden pagar a abogados que los representen. En 2004 formaron un comité popular para autoorganizarse, llamado Comité de Víctimas contra la Impunidad (COVICIL).

Rafael Uzcátegui