La militarización se viraliza en Colombia

En Colombia la reacción frente a la pandemia, hasta el momento, ha manejado la más clásica retórica nacionalista y militarista que se sustenta en una guerra contra un enemigo común y que despliega una respuesta de acción militar en los territorios. 

Queremos abrir este reporte de la grave situación de militarización en contexto de pandemia señalando que las resistencias no paran, que las resistencias se regeneran. Consideramos necesario resaltar que las resistencias no paran desde el confinamiento, que los pueblos indígenas siguen conteniendo el avance del extractivismo, deteniendo movidas legislativas que favorecían acciones extractivistas sin garantía de consulta previa[1]. La solidaridad ha crecido de distintas formas, germinándose desde la necesidad y la creatividad: en Bogotá fuimos testigos de cómo se forman redes de solidaridad con el pueblo indígena Emberá que vive en condiciones precarias en las ciudades.    

Asimismo, en este tiempo de confinamiento se conmemoró el Día de la Objeción de Conciencia, ocasión por la cual se celebró un Festival Antimilitarista el 15 y 16 de mayo de 2020 en el que participaron diferentes organizaciones del país. Este Festival significó una unión significativa de muchas organizaciones para celebrar todas las luchas que se han dado alrededor del antimilitarismo, para celebrar la vida en medio de días de reportes de muertes. Hombres y mujeres juntas para gritar lo que hacemos por acabar con el militarismo en Colombia.

Pandemia y militarización

El Estado de Excepción decretado el pasado 25 de marzo por el Gobierno de Colombia, ha implementado medidas muy cercanas a lo que sería un Estado de Sitio, otorgándole a las fuerzas armadas facultades preponderantes para resolver y contraatacar militarmente las afectaciones del Enemigo Público: Covid-19; un microorganismo biológico, invisible pero mortal, el cual, bajo la lógica armamentista del Gobierno Colombiano, será derrotado a bala.

Las medidas de mitigación en principio respondieron a un toque de queda sanitario, pero rápidamente se transformaron en un toque de queda militar. En el mes de abril, el Gobierno Nacional emitió un Decreto en el que señala que las medidas que adopten los gobiernos y entidades locales frente a la reacción, con respecto de la pandemia, deberán ser concertadas con el gobierno central y las fuerzas armadas. En esta misma línea, el Ministerio de Defensa dispuso acuartelamiento de primer grado para todas las fuerzas. Las condiciones sociales de desigualdad y de hambre se han hecho visibles, incluso a ojos incautos, en los territorios en los que se observan trapos rojos, que son una triste convención para comunicar que esa persona, familia u hogar, no tiene alimentos básicos para sobrevivir.

El pasado lunes 18 de mayo, Colombia llegó a los 16.295 casos de contagio y 592 personas fallecidas a causa del virus, una cifra estimada como la entrada al pico alto de contagios en el país. Es importante aclarar que las cifras oficiales se distancian sustancialmente de la realidad de contagios, pues el incremento de resultados positivos es directamente proporcional al número de pruebas realizadas, las cuales han sido "escasas": 47.500 pruebas son alarmantemente insuficientes para cubrir a 49 millones de personas. A la par de la progresiva cifra de contagios por Covid-19, se han develado incesantes brotes de xenofobia y ataques a las comunidades empobrecidas a través de la represión de protestas por falta de condiciones básicas y de garantía de derechos a través del desalojo de familias que ocupan territorios y no cuentan con habitaciones formales.

Colombia es un hervidero, al menos 19 defensores de derechos humanos y líderes sociales han sido asesinados en Colombia en lo que va de 2020 y están en verificación otras 34 posibles muertes de personas por razones asociadas a su activismo. Mientras la violencia no encuentra contención en la crisis sanitaria, la insurgencia del ELN declaró cese al fuego unilateral y propone al gobierno reactivar diálogos a través de la delegación presente en La Habana.

Represión a protestas en las ciudades

En distintos lugares del territorio nacional se presentaron protestas para exigir garantía de derechos. Las comunidades de sectores populares empobrecidos fueron reprimidas tras verse en la necesidad de salir de sus casas para protestar pacíficamente con trapos rojos exigiendo en las calles condiciones mínimas de garantía de derechos. En Bogotá sorprendió la respuesta de la policía en sectores en los que se desplegó la campaña "Somos uno, somos todos" con la cual buscaban, en sus propios términos, subir la moral de la ciudadanía con mensajes positivos por perifoneo y con clases de danza. Pero no sorprendió que al mismo tiempo la misma policía hiciera desalojos de viviendas "hechizas" en las que viven las familias en los sectores más empobrecidos.

Fronteras cerradas y militarizadas:

Varios legisladores exigieron la militarización de las principales ciudades como parte de las medidas de cuarentena. Varios departamentos han tomado la decisión de cerrar sus fronteras y pasos a otros lugares al interior del país, soportando esta decisión con la presencia militar. En el departamento de Boyacá pidieron al gobierno central la militarización de los territorios y el control de las fronteras departamentales. Así mismo lo hicieron municipios vecinos a Bogotá y en varios lugares de paso transitorios para otras ciudades y regiones han tomado la decisión conjunta de cerrar y militarizar sus territorios. 

A mediados del mes de mayo el gobierno anunció el cierre de la frontera amazónica con Brasil. La ciudad de Leticia fue ocupada por fuerzas militares, que llegaron con protección sanitaria que los profesionales de la salud de los hospitales de las principales ciudades no tienen. A partir de este operativo el gobierno anunció: “se ha tomado la decisión de militarizar con más presencia todos los puntos de frontera y ejercer el respectivo control para evitar que estén llegando casos importados de población flotante”.

La frontera del Pacífico norte en el departamento del Chocó, habitada ancestralmente por las comunidades indígenas en riesgo de exterminio debido a los niveles de pobreza multidimensional y a los brotes de malaria aún presentes en la región, han sido gravemente afectados en tiempos de pandemia: un incremento de la presencia militar en su territorio ancestral regulando el ingreso de turistas, migrantes y comerciantes provenientes de países de Centroamérica y el Caribe.

Migrantes y confinamiento

Frecuentemente los migrantes han sido señalados como peligrosos y son frecuentes los desalojos de sus habitaciones por falta de trabajo para el pago. Muchas personas migrantes "incluso con bebés en brazos y sin alimentos" según la DW se han visto obligados a regresar caminando hasta Venezuela. A pesar del cierre de la frontera, representantes del gobierno colombiano gestionan la salida de migrantes a través de un corredor humanitario, en el cual militares que custodian los campos de la frontera están permitiendo el paso de venezolanos de regreso a su país. 

Así mismo, en el barrio Santa Fe de Bogotá, lugar de concentración de habitación y trabajo de la comunidad trans en Bogotá y de alta concentración de migrantes venezolanos, las calles han sido militarizadas como respuesta al desacato de la medida de cuarentena. En la ciudad de Cali la policía y el ESMAD arremetieron violentamente el pasado 16 de mayo contra una comunidad sin techo asentada en un barrio popular.

Así mismo en Altos de la Estancia, un asentamiento de 350 familias en un sector empobrecido de Bogotá, muchas de ellas familias de desplazados por la violencia y migrantes, se ha desarrollado un operativo de desalojo que se han prolongado por varios días desde mediados de mayo.

Decreto de ampliación del Servicio Militar Obligatorio

Por efecto de la pandemia el pasado 13 de abril el gobierno emitió el Decreto 541 de 2020 por el cual prolonga el tiempo de prestación del servicio militar obligatorio a los jóvenes que estaban próximos a cumplir su tiempo de prestación. Este no señala con ninguna claridad la relación de la medida, que afecta las garantías constitucionales de 16.241 jóvenes, con la emergencia sanitaria.