Refugiados de Eritrea que huyen del servicio militar no deberían ser devueltos, según dicen organizaciones de derechos humanos

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Human Rights Watch y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) han publicado recientemente extensos informes sobre la situación de los derechos humanos en Eritrea, pidiendo a otros países que no deporten a los solicitantes de asilo eritreos que huyen del servicio militar. Human Rights Watch escribe: "El servicio nacional indefinido obligatorio es un elemento cada vez más importante de la crisis de los derechos humanos en Eritrea. Los reclutas pasan un entrenamiento militar, en sí mismo no ilegal. Sin embargo, son sujetos a castigos militares y a torturas crueles (...). Muchos pueden ser desplegados en formar de trabajo forzado ilegal. Aquellos que tratan de evadirse del servicio nacional son tratados cruelmente. Los desertores son detenidos en condiciones terribles, y duras penas pesadas son impuestas sobre las familias de los que evaden el servicio o huyen del país."

"La ley establece que todos los ciudadanos eritreos, hombres y mujeres, entre las edades de 18 y 50, tienen la obligación de llevar a cabo el servicio militar. En circunstancias normales, se supone que el servicio militar dura 18 meses (artículo 8). Éste consiste en seis meses de entrenamiento militar y otros 12 meses de despliegue para cumplir con el deber militar, o en algún otro proyecto de desarrollo nacional. Sin embargo, el artículo 13 (2) indica que incluso después realizar los 18 meses obligatorios, el servicio nacional puede ser extendido hasta los 50 años de edad por ‘directivas de movilización o de situación de emergencia dictadas por el gobierno.'"

"Aunque la guerra con Etiopía terminó en el año 2000, en mayo del 2002 el gobierno inició la Campaña del Desarrollo de Warsai Yekalo (CDWY), una proclamación que amplió indefinidamente el servicio militar. El gobierno había prometido desmovilizar a millares de reclutas después de la guerra, y desmovilizó a algunos, pero en el 2007 suspendió el programa de la desmovilización. La CDWY era un esfuerzo nacional en que la generación que había luchado para la independencia se uniría a los nuevos reclutas para construir la nación. En efecto, significó el reclutamiento forzado de cada hombre adulto de hasta 50 años, aunque algunos refugiados afirman que ahora la edad máxima llega a los 55 años, mientras que otras fuentes afirman que llega hasta los 57 años para los hombres y a los 47 para las mujeres."

ACNUR escribe: "Desde el año 2003, un año final obligatorio (12º grado) se ha añadido al plan de estudios de la escuela secundaria, que los estudiantes deben asistir al centro de entrenamiento militar de Sawa bajo autoridad militar y seguir un entrenamiento de carácter militar. 65 estudiantes que se acercaban a edad del reclutamiento han huido del país a millares o se han escondido".

"Además, existe un patrón de violencia sexual contra las reclutas de sexo femenino en el ejército. Se tienen noticia que algunas reclutas de sexo femenino son sometidas al acoso sexual y a la violencia, incluida la violación. Se tiene constancia de que mujeres reclutas han sido forzadas a tener sexo con comandantes, incluso con amenazas de obligaciones militares pesados, de duros destinos, y de denegación de permisos. La negativa de someterse a la explotación y al abuso sexual alegado es castigada con detención, tortura y malos tratos, incluyendo la exposición al calor extremo y la limitación de las raciones del alimento. No existe ningún mecanismo eficaz de reparación del daño o de protección dentro o fuera del ejército, y los autores quedan generalmente impunes. Las mujeres que quedan embarazadas a causa de estos actos, son retiradas del servicio y probablemente padezcan el ostracismo social de sus familias y comunidades por ser madres solteras, y pueden recurrir al suicidio para escapar el ciclo de abusos. A la luz de la violencia de género generalizada en el ejército, y de sus serias consecuencias, las mujeres prófugas/desertoras pueden estar en peligro de persecución en tanto que grupo social particular.

Los familiares de los prófugos y de los desertores también pueden estar en peligro de persecución debido a la práctica del servicio substitutorio y/o penas de multa y encarcelamiento, y podrían ser considerados, a este respecto, como un grupo social particular. Desde el año 2005, el gobierno ha instituido medidas para tratar la evasión generalizada y la deserción del servicio militar, incluyendo: detención de familiares, especialmente los padres, de niños que no han informado al campo de entrenamiento militar de Sawa de su año final escolarización secundaria o no se han presentado para el servicio nacional; imposición de multas a las familias de prófugos; reclutamiento forzado de familiares, particularmente del padre del prófugo; y la retirada de las licencias comerciales y el cierre de negocios sostenidos por miembros de la familia nuclear de un desertor/de un prófugo.

Además, según se informa, las autoridades no conceden visados de salida a las personas en edad de hacer el servicio militar. Entre los visados de salida denegados rutinariamente hay hombres de hasta 54 años de edad, independientemente de que hayan terminado el servicio nacional, mujeres menores de 47, así como estudiantes que quieren estudiar en el exterior. Los 102 individuos en edad de reclutamiento, o edad cercana a éste, que han dejado Eritrea de forma ilegal, estarán en peligro de persecución por (ser percibidos como) desertores o prófugos a su vuelta a Eritrea. Esto es igualmente válido para aquellos que han terminado el servicio nacional activo o han sido desmovilizados, dado que todas las personas en edad de reclutamiento están sujetas al servicio nacional y, como tales, pueden llamadas de nuevo."

Sobra decir que Eritrea no reconoce el derecho a la objeción de conciencia. Algunos testigos de Jehová eritreos han sido encarcelados desde 1994 por negarse a realizar el servicio militar, y más detenciones han ocurrido durante los últimos años.

A la luz de tal evidencia, ACNUR concluye que “la mayoría de los Eritreos que huyen de su país deben ser considerados como refugiados (...) particularmente por motivos de “opinión política” (tanto real como imputada) y de “religión”.” La principal categoría considerada de estar “particularmente en peligro debido a la situación de la situación militar, política y de derechos humanos en el país” es la de los “prófugos/desertores”, y, específicamente, dentro de esta categoría, “[o]bjetores de conciencia, particularmente testigos de Jehová, pueden (...) estar en peligro de persecución, debido a su religión, opinión política imputada o pertenencia a un grupo social determinado.”

Fuentes: Human Rights Watch: Service for Life [Servicio de por vida], 16 de abril de 2009; UNHCR: UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Eritrea, [Directrices de elegibilidad de ACNUR para evaluar las necesidades de protección internacional de los solicitantes de asilo de Eritrea] abril de 2009; Conscience and Peace Tax International: Universal Periodic Review, December 2009: Submission Eritrea [Revisión Periódica Universal, diciembre de 2009: Eritrea], 14 de abril de 2009

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