Pronunciamiento frente a amenazas de muerte a organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos en Barrancabermeja, Magdalena Medio en Colombia

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El pasado 26 de noviembre de 2011, mediante un panfleto dejado en el domicilio de un miembro de la Unión Sindical Obrera – USO, la banda criminal asociada al narcotráfico autodenominada “Los Rastrojos” ordena a las Organizaciones Defensoras de Derechos Humanos de la ciudad colombiana de Barrancabermeja (CREDHOS, USO, Organización Femenina Popular – OPF, Gente en Acción, Espacio de Trabajadores y Trabajadoras de Derechos Humanos de Barrancabermeja – ETTDH, Colectivo Quinto Mandamiento, Fundación DRC, SINTRAINQUIGAS, ANDAS) desistir de sus “actividades de caridad, de marchas, eventos, netc.”, para evitar así la muerte al ser declaradas “objetivo militar”. Esta clara amenaza también busca la estigmatización del importante trabajo que realizan estas organizaciones al señalarlas de “guerrilleros disfrazados de ovejas”, “terroristas”, y “Organizaciones de Maricas” (mostrando además su homofobia e intolerancia al libre desarrollo de la personalidad).

Durante décadas, las organizaciones sociales que propenden por la defensa, protección y promoción de los Derechos Humanos en la región del Magdalena Medio han sido objeto de amenazas y desapariciones forzadas, en medio de un ambiente de impunidad y ausencia de justicia para las víctimas.

En esta oportunidad el crimen organizado de origen paramilitar, intimida nuevamente a organizaciones con una amplia trayectoria y reconocimiento por su trabajo en defensa de los derechos humanos, pero también hostiga y amenaza nuevos liderazgos, que como el colectivo “Quinto Mandamiento” promueve la objeción activa de consciencia a toda forma de violencia mediante el rechazo a toda forma de reclutamiento, fomentando la solidaridad, la participación ciudadana y la defensa de los derechos humanos con iniciativas lúdicas, la tolerancia y el trabajo comunitario para vencer el miedo.

Algunos jóvenes miembros del colectivo “Quinto Mandamiento”, han sido objeto de amenazas, estigmatización e intimidación por parte de grupos al margen de la ley. Dagoberto Portillo y John Velásquez recibieron amenazas cuando promovían marchas para fomentar el libre Desarrollo de la Personalidad en los colegios y fomentar procesos de organización social en los jovenes, en ambos casos las autoridades no han avanzado en las investigaciones y se desestima la gravedad de los hechos por su procedencia humilde, manejando hipótesis como que se trata de “delincuencia común” o “ajustes de cuentas” entre bandas delincuencias, sumando así una doble victimización, la primera por parte de la criminalidad y la segunda por parte de las mismas autorizades.

Esta nueva amenaza enviada en el panfleto, transciende a todo el colectivo “Quinto Mandamiento” y a las organizaciones sociales defensoras de los Derechos Humanos arriba mencionadas. Conscientes como somos, del importante trabajo que realizan las organizaciones amenazadas en favor de los derechos humanos y la democracia en la región del Magdalena Medio, y del nefasto poder del crimen organizado para desestabilizar mediante el miedo y sus acciones intimidatorios la capacidad de la sociedad para ejercer cabalmente sus derechos, las organizaciones abajo firmantes solicitamos de manera urgente y respetuosa al gobierno Colombiano en cabeza del señor Presidente Juan Manuel Santos, el Vicepresidente Angelino Garzón y al Ministro del Interior y Justicia Germán Vargas Lleras, tomar las siguientes acciones para garantizar la vida y el trabajo que realizan estas organizaciones:

Pronunciarse públicamente y a través de los medios de comunicación, como ya lo hiciera el Alcalde de la ciudad de Barrancabermeja, sobre la importancia para la democracia y para los Derechos Humanos del trabajo que realizan las organizaciones de la sociedad civil y los defensores y defensoras de derechos humanos en Colombia. Se trata de combatir el rumor y la estigmatización de sus actividades, lo cual es lesivo para su ya complejo trabajo y pone en riesgo su propia vida.
Perseguir decididamente a las organizaciones criminales que intimidan e impiden el ejercicio pleno de los derechos humanos, y sancionar ejemplarmente a los implicados en estos actos para combatir la impunidad y la ausencia de credibilidad en la administración de justicia en Colombia. Se recomienda adelantar las investigaciones para cada caso y sin minimizar su gravedad por parte de la Unidad de DDHH de la Fiscalía General de la Nación.

Adelantar un encuentro y estudio de la situación, ojalá con la participación de las víctimas, funcionarios de alto nivel como el Vicepresidente Angelino Garzón y el Ministro del interior y Justicia Germán Vargas Lleras, así como el Ministerio Público en cabeza de la Procuraduría General, para que se formulen acciones concretas de análisis de riesgo y protección efectiva de las personas y organizaciones amenazadas.

Solicitados además fomentar un trabajo coordinado con otras entidades en Colombia como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General, La procuraduría General de la Nación, las autoridades locales (Alcaldía Municipal de Barrancabermeja, Personería Municipal), así como con la fuerza pública (Policía, Ejército, SIJIN, y El Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía), las acciones de protección de los amenazados, la persecución de los delincuentes y su posterior judicialización.

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