IRG: haciendo campaña y fortaleciendo lazos en Colombia

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Presentamos aquí un informe del viaje a Colombia realizado por Hannah Brock (trabajadora del programa El derecho a rechazar matar) e Igor Seke (del comité de El derecho a rechazar matar), del 28 de octubre al 8 de noviembre de 2013. También estuvo con nosotros durante unos días Rachel Brett, de la Oficina Cuáquera ante las Naciones Unidas (QUNO) y miembro del comité de El derecho a rechazar matar, del 30 de octubre al 3 de noviembre. La Internacional de Resistentes a la Guerra mantiene una estrecha colaboración con grupos colombianos desde 2006 (ver nuestro último informe de viaje, de 2012, para más información). El presente informe se divide en dos partes: unas líneas sobre las actividades en las que tomamos parte en Colombia (pulsar aquí), y el trabajo futuro que puede surgir de la colaboración de la IRG con los grupos colombianos (leer más aquí). La objeción de conciencia en Colombia

Colombia ha sufrido casi 60 años de conflicto armado entre guerrillas de izquierdas y paramilitares de derechas junto con las fuerzas armadas del gobierno, todo ello más complicado aún por la presencia del narcotráfico. Visitamos el país en un momento en que muchos analistas –de dentro y fuera de Colombia- hablan de una transición hacia un “escenario postconflicto”. Esto se debe mayormente a las conversaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Si bien muchos colombianos sienten alivio y optimismo ante esta oportunidad de cambio, las FARC no son, ni de lejos, el único actor armado no estatal en Colombia, y el propio ejército colombiano no inspira precisamente mucha confianza.[1] Mientras tanto, la objeción de conciencia –aunque queda recogida en la Constitución colombiana [2] – no es para nada una opción real para los reclutas “de la calle”. A los objetores de conciencia los aprisionan por “deserción”, los reclutan a la fuerza durante las batidas (redadas de reclutamiento forzoso, que a menudo tienen lugar en las calles o autobuses), y sufren discriminación. La discriminación se practica a menudo contra aquellos que no poseen la libreta militar (la tarjeta de identidad que se entrega a quien ha realizado el servicio militar), sin la cual no pueden obtener un título universitario ni acceder a muchos puestos de trabajo. No poseer esta libreta también les hace más vulnerables en las batidas.

De campaña en Bogotá

Comisión de distrito

Desde 2009, año en que el Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que el derecho a la objeción de conciencia al servicio militar está recogido en la Constitución colombiana, Acción colectiva de objetores y objetoras de conciencia (ACOOC), nuestra anfitriona en Bogotá, ha realizado campañas junto con otros grupos reivindicando que se llevara a la práctica este dictamen. En los últimos tiempos, un proceso que se ha llevado a cabo en todos los distritos de Bogotá ha reunido a la Defensoría (Defensor del pueblo), al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Bogotá Humana (un programa de la Alcaldía de Bogotá), ACOOC y otros organismos con el Ministerio de Defensa y representantes de las fuerzas armadas para crear una comisión que trabaje con el objetivo de llevar a la práctica este dictamen del Tribunal Constitucional, a la vez que otro dictamen del mismo Tribunal que declaraba inconstitucionales las batidas. Asistimos a la puesta en marcha de la comisión y hablamos de la labor de la IRG en Colombia. En este acto, nos enteramos de que a menudo llegan patrullas de distintas partes del país a Bogotá para realizar batidas, y viceversa. El oficial de reclutamiento militar que asistió al acto causó malestar al marcharse precipitadamente tras su intervención, sin dar tiempo a ningún tipo de debate y evitando mencionar el derecho a la objeción. Una gran parte de la red de la IRG se abstiene de trabajar con los ejércitos, y está claro que hacer esto planteará no pocos desafíos a los activistas de Bogotá, si bien alegan que esta táctica acelerará un cambio en las políticas con efectos directos para los objetores. Bogotá Humana (de la Alcaldía) quiere declarar la ciudad “libre de batidas”. También declararon su compromiso de ofrecer empleo a aquellos, incluidos los objetores de conciencia, que no posean la libreta militar, así como presionar a las universidades de Bogotá para permitir que se gradúen.

Ofrecen también espacio en su página web –y formularios de papel (ver foto)- para denunciar las batidas. Actualizado 10 de diciembre:: El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, ha sido destituido de su cargo. Esto deja en entredicho el papel de la alcaldía de Bogotá.

Taller de OC y foro público

ACOOC, junto con JustaPaz, moderó un foro público en el que se exploraron las herramientas políticas y judiciales que se pueden utilizar para dar apoyo a los OC. La charla de Rachel Brett (se puede descargar aquí o ver International Standards on Conscientious Objection to Military Service and Alternative Service applicable to Colombia, más abajo) se centró en las numerosas normas internacionales que Colombia debe respetar en relación con la objeción de conciencia. Tras el dictamen de 2009 del Tribunal Constitucional que establece que la objeción de conciencia queda contemplada en la Constitución, se abrió un proceso jurídico, seguido por ACOOC, que propone una ley que regule el derecho a la objeción. Este proceso viene explicado en un video de Julián Ovalle, de ACOOC, y en la presentación del Proceso legislativo objecion de conciencia a continuación. Yo presenté la Guía del Sistema Internacional de Derechos Humanos para Objetores de Conciencia (la versión en Inglés es A Conscientious Objector's Guide to the International Human Rights System) – una herramienta en línea que ofrece a los movimientos de OC la información que necesitan para acceder a los mecanismos de derechos humanos. Se habló también de la movilización del 24 de agosto, un momento importante en el que grupos de toda Colombia se manifestaron en apoyo de la objeción (ver video a continuación). [video:http://www.youtube.com/watch?v=eOm7nalOASs width 400 lenght 300 | align=right] La mesa redonda al final del acto abarcó un debate sobre la militarización de la juventud, el avance hacia la "guerra por control remoto" (librar guerras con ejércitos más reducidos, profesionalizados, a menudo no "sobre el terreno", con el uso de drones, por ejemplo), y sobre si ejercer presión por una ley de objeción de conciencia que contemple un servicio alternativo obligatorio era la mejor estrategia antimilitarista. El acto fue seguido por un taller de un día con objetores de conciencia, sus partidarios y defensores, así como jóvenes que se plantean la objeción de cara al futuro; participaron en el taller unas treinta personas de todo el país.

Se habló de los irregulares y escandalosos casos de varios objetores que habían sido reclutados a la fuerza o arbitrariamente detenidos. Junto con la QUNO, seguiremos acompañando a varios de estos objetores para utilizar los sistemas internacionales y regionales de derechos humanos para que se conozcan sus casos. Resultó muy positivo ver en la evaluación que todos los participantes sentían que asistir al taller les había capacitado para brindar un mejor apoyo a los objetores, con más información sobre cómo aprovechar los mecanismos nacionales e internacionales, gracias a las aportaciones de la IRG, la QUNO y ACOOC.

Bucaramanga y Medellín

Tras despedirnos de Rachel en Bogotá, Igor y yo viajamos a Bucaramanga para el Décimo Festival Nacional de la Juventud. Allí nos encontramos con algunos desafíos respecto a nuestro compromiso con la noviolencia, pero nos quedamos asombrados ante el grado de interés por la objeción de conciencia en tanto que postura política, tanto en individuos como en grupos como ANDES (Asociación nacional de estudiantes de secundaria). También mantuvimos reuniones con miembros de grupos antimilitaristas como Laboratorios de Paz en Bogotá, y Quinto Mandamiento en Barrancabermeja.

Algunos de los que manifestaron su interés por la objeción de conciencia lo hacían porque no quieren ser alistados en el ejército nacional: no se trataba de activistas noviolentos, sino que expresaban un respeto implícito o explícito por otras fuerzas armadas, como los paramilitares de izquierdas. Si bien, por un lado, podría celebrarse que exista un rechazo al ejército, por el otro representará un impedimento para otros objetores que quieran hacer oír sus voces, manifestarse por la OC como estrategia antimilitarista y mantener la objeción como una parte de la lucha pacifista ante los ojos del público. Repartimos algunos ejemplares de El Fusil Roto, y Objetoras de conciencia. Antología.. En Medellín nos reunimos con la sección colombiana de la IRG– Red Juvenil de Medellin – que estaba formulando su estrategia para los próximos tres años, en la que se inscribe su escuela feminista. Su labor por el antimilitarismo feminista supone una fuerza para la red de la IRG. En Medellín actúa también el Kolectivo Antimilitarista de Medellín, y en el apartado de "Planes de futuro" a continuación se exponen las ideas para acciones que nos planteamos con ellos. En Medellín también asistimos a una reunión de un grupo de organizaciones antimilitaristas que han empezado a reunirse periódicamente, entre ellas un colectivo que explora masculinidades alternativas antimilitaristas (ver también en "Planes de futuro").

Fortalecer contactos y trabajo con los medios

Nuestra visita a Colombia también supuso una oportunidad para establecer contactos con los medios de comunicación y ser entrevistados para varios canales de radiotelevisión y medios escritos, como El Tiempo y Prensa Rural. Estos contactos podrían resultar útiles en el futuro para dar mayor visibilidad a la objeción de conciencia en Colombia. Aprovechamos también la ocasión para realizar encuentros con otros grupos que trabajan con la objeción y otros temas de interés para la IRG. Entre ellos estaban Fellowship of Reconciliation USA, la Comisión Colombiana de Juristas (que trabaja con ACOOC en la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos) y miembros del afiliado catalán de la IRG Centre Delàs actualmente radicados en Colombia. Nos reunimos también con la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) – que será de ayuda en el futuro para entender las militarizaciones y comunidades indígenas en la IRG – y asistimos a un desayuno informativo con representantes de las embajadas presentes en Bogotá.

Trabajo futuro

Hay tres temas clave –e interrelacionados- sobre los que la IRG espera realizar campañas en colaboración con los grupos colombianos. Estas son algunas de las ideas para campañas:

Batidas

  • La IRG se planteará realizar una declaración que condene las batidas y aplauda medidas que se tomen en Bogotá para prohibirlas. Esta declaración se realizará en conjunto con el Kolectivo Antimilitarista de Medellín y otros grupos.
  • La IRG cuestionará a Defensorías y Personerías de la región de Medellín, preguntando, en primer lugar: ¿Qué se hace para acabar con la impunidad de los que organizan batidas? Como las batidas son inconstitucionales, la IRG preguntará si se pueden denunciar sus actividades. Esto se hará en una carta abierta (pública). Las respuestas (incluidas las no respuestas) podrán formar parte de un expediente sobre la objeción en Colombia que presente la IRG al Comité de Derechos Humanos de la ONU.

Objeción de conciencia

    • Trabajando con la Comisión Colombiana de Juristas y ACOOC, y otros colaboradores, elaboraremos una plantilla para intervenciones de terceros en tutelas (instrumentos de protección que pueden impedir que un objetor sea reclutado). Si bien las tutelas sólo resultan útiles en algunos casos, el corto plazo de tiempo que se concede para presentar la solicitud hace que disponer de una plantilla pueda ser de ayuda.
    • La

Comisión Interamericana de Derechos Humanos

    está quedando rezagada respecto a otros organismos internacionales y regionales en cuanto al tratamiento de la objeción de conciencia. Trabajaremos con la Comisión Colombiana de Juristas, QUNO y otros para fomentar un entorno positivo en el que se puedan oír los casos futuros de objetores. Es importante que el Tribunal reconozca la complicada situación y las múltiples consecuencias que tiene para los objetores, que no se limitan a su paso por la cárcel. Se debería pedir a la Comisión que reconozca que en países como Colombia, en los que la objeción de conciencia está reconocida constitucionalmente pero el Estado no ha promulgado los debidos reglamentos, los objetores no deberían ser acosados ni castigados por esta omisión.
  • Tras conocer a más objetores en el foro y el taller de Bogotá, aumentó el número de ellos que podemos acompañar. Se les dará publicidad a través de nuestra base de datos sobre objeción, la publicación de su declaración de objeción de conciencia y les proporcionaremos tarjetas civiles (documentos acreditativos de objetor de conciencia, expedidos por la IRG, que han resultado de protección contra el reclutamiento).

Campaña Libreta militar

  • Tomando a un objetor como centro de la campaña, la IRG prevé lanzar una campaña internacional sobre la discriminación contra los objetores, trabajando para que aquellos que no posean la libreta puedan graduarse en la universidad. Dentro de un mes tendremos más información en la web sobre esta campaña.

Mirando adelante

Nuestro viaje, además de ser una experiencia muy agradable en la que la IRG pudo demostrar en persona su solidaridad con los

antimilitaristas colombianos, nos enseñó mucho sobre el estado actual de la objeción de conciencia en Colombia y dio pie a muchos planes de colaboración futura con los grupos de OC colombianos. Habiendo visitado el país por primera vez en 2006, Igor se quedó impresionado con la considerable diferencia en conocimiento y magnitud de la objeción de conciencia entre antes y ahora. El reto para los objetores antimilitaristas en Colombia, y aquellos que los apoyan, teniendo en cuenta este cambio, es mantener las bases de un movimiento noviolento en el que la objeción de conciencia se considere una postura contra la violencia de todo tipo, no sólo la de Estado. Traducción: Matias Mulet Truyols

 

 

 

[1] A esto contribuyen en gran manera los llamados falsos positivos. Los falsos positivos son situaciones orquestadas por los militares en las que civiles o reclutas son capturados o asesinados y entonces se dice, engañosamente, que eran guerrilleros. El año pasado informamos sobre el pueblo de Tacueyo, en el que 25 personas fueron asesinadas en un falso positivo.

[2] El art. 216 de la Constitución colombiana establece el servicio militar obligatorio para varones de 16 a 28 años. La Constitución también recoge que “queda garantizada la libertad de conciencia. Nadie será obligado a actuar contra su conciencia”. En octubre de 2009, el Tribunal Constitucional de Colombia dictaminó que el derecho a la objeción de conciencia servicio militar está contemplado en la Constitución colombiana e instó al Congreso a promulgar una ley que regulara el derecho a la objeción.

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