África: Conflictos y desplazamientos provocados por la explotación minera

"La explotación minera fue una de las causas de desplazamientos de personas en África menos citadas, y una de las que más fácilmente pueden aumentar, dado que la extracción minera sigue siendo un motor económico clave en toda la región", fue una de las conclusiones de un informe oficial de la SADC, la Comunidad Sudafricana para el Desarrollo, de principios de 2006.

Al igual que en otros continentes, los horrores de la adquisición de tierras golpean a las comunidades afectadas por la explotación minera de un modo similar, o incluso más contundente, que a las comunidades afectadas por la construcción de presas y otros proyectos de gran envegadura. Al concederse contratos de minería, la amenaza que se cierne de inmediato sobre las comunidades locales es el desplazamiento de personas y la expropiación de tierras. Estos son los efectos inevitables de la explotación minera a gran escala. En Botswana, el desplazamiento del pueblo San de la reserva animal del Kalahari central, para abrir el parque a la extracción a gran escala de diamantes, constituye un ejemplo reciente.

En muchos países -especialmente en los más democráticos- existen complejos procedimientos formales para la adquisición de tierras y para la obtención de contratos de minería para exploración, prospección y extracción. Pero en realidad, los proyectos de minería siempre reciben un gran impulso y los intereses de las empresas mineras cuentan más que la protección de las comunidades locales o de los recursos naturales que puedan existir en una región minera. El objetivo principal de las reformas económicas en África se refleja en los cambios en las políticas laborales, de adquisición de tierras, de conservación forestal y protección del medio ambiente, que muestran en general una creciente falta de respeto por parte del Estado y de las fuerzas armadas hacia los derechos de las comu- nidades. La actividad minera ha multiplicado también la explotación de las mujeres y la degradación de sus derechos. Y las mujeres de las zonas rurales pierden todo acceso a la tierra cuando llegan las empresas mineras. Los testimonios de mujeres de zonas mineras de Ghana indican claramente que el desplazamiento y la pérdida de tierras son los problemas más graves que afectan a sus vidas.

Los mecanismos de adquisición de tierras que prevalecen en África confieren al Estado un poder absoluto para apropiarse de las tierras de la gente para cualquier "fin público", entre los que se cuenta la minería. En la mayoría de casos, la comunidad sólo tiene noticia de los proyectos en el momento del desahucio, cuando llegan las excavadoras, acompañadas a menudo de una fuerte presen- cia policial. Así pues, cuando las empresas y los gobiernos publican sus estimaciones de costes y beneficios de proyec- tos mineros, es crucial analizarlos desde la perspectiva de costes sociales y medioambientales como deforestación, contaminación y otras catástrofes ecológicas, desplazamiento de personas y pérdida de acceso a tierras, acuíferos y bosques, pérdida de medios de vida, exposición a riesgos sanitarios, violencia y abusos, transformación de aldeas en barrios de chabolas culturalmente degradados, así como riesgo de accidentes y catástrofes.

Para citar tan sólo dos ejemplos, entre tantos otros, de desplazamientos de personas provocados por explotaciones mineras: la extracción de oro en Ghana y la explotación ilegal de diamantes y coltan1 en la República Democrática del Congo, un país arrasado por la guerra.

El oro sucio de Ghana

"No Dirty Gold" ('No al oro sucio') era el nombre de una campaña dirigida a los consumidores que lanzaron en 2004 Earthworks/Mineral Policy Center y Oxfam-US, con el objetivo de dar una sacudida a la industria del oro y cambiar la for- ma en que el codiciado metal se extrae, se compra y se vende. Se pedía a los consumidores que firmaran una declaración en la web de la campaña (www. nodirtygold.org). La mayoría de consumidores no saben que en los países africanos la extracción del oro va asociada a abusos de derechos humanos e incluso encarcelamiento y muerte, junto con una gravísima devastación medioambiental. Como parte de la campaña, Earthworks y Oxfam-US publicaron el informe Dirty Metals: Mining, Communities and the Environment ('Metales sucios: minería, comunidades y el medio ambiente') que detalla la contaminación masiva, los enormes pozos abiertos, los devastadores efectos sobre la salud comunitaria, los peligros laborales y, en muchos casos, abusos de derechos humanos. Otros informes también indican que la explotación minera no produce riqueza para el pueblo sino que se convierte en una "maldición de los recursos" en países como Guinea, Níger, Zambia y Togo, una doble maldición para las comunidades locales, pues no sólo provoca desplazamientos físicos sino también la pérdida de sus medios de vida tradicionales.

En Ghana, África occidental, un país con grandes minas de oro, la Comisión Ghanesa para los Derechos Humanos y la Justicia Administrativa publicó un informe en 2000 que halló "evidencias contundentes de violaciones de derechos humanos provocadas por las actividades mineras, que no eran esporádicas, sino que seguían una pauta bien establecida que es común a casi todas las comunidades mineras". Entre 1990 y 1998, más de 30.000 personas del distrito de Tarkwa fueron desplazadas por operaciones mineras. "Nuestra gente ha sufrido palizas, encarcelamientos y asesinatos por defender nuestros derechos comunitarios contra las multinacionales mineras", manifes- tó Daniel Owusu-Koranteng, un activista minero de Tarkwa. Una investigación de un colectivo comunitario de Ghana, WACAM (Asociación Wassa de Comunidades Afectadas por la Minería), halló pruebas de que entre 1994 y 1997 el personal de seguridad de AGC (Ashanti Goldfields Comany), actuando en connivencia con la policía y el ejército ghaneses, había asesinado a tres mineros artesanales. En un incidente de enero de 1997, 16 mineros artesanales fueron brutalmente agredidos por los agentes de seguridad de AGC y otros han sido atacados por perros guardianes de la compañía.

Incluso como generadora de empleo, la explotación minera es insostenible. La destrucción de la base tradicional de empleo viene seguida por la pérdida de la propia mina. Cuando los depósitos de mineral se han agotado, los empleos desaparecen. La mayor parte de los proyectos de gran envergadura tienen una vida activa de 10 a 40 años, tras los cuales las empresas cierran el negocio y se van en busca de nuevos proyectos. Las escuelas, clínicas y otros servicios creados por la empresa normalmente dejan de recibir financiación. Cuando esto sucede, los mineros y las comunidades se ven generalmente abandonados a su suerte. Puesto que la minería es un trabajo especiali- zado, los mineros pocas veces tienen otras habilidades de trabajo que puedan ofrecer en el mercado.

Más que en otros países africanos, la sociedad civil ghanesa se encuentra inmersa en la lucha contra los abusos de derechos humanos a manos de las empresas mineras y los órganos de seguridad del Estado, y ha creado la Coalición Nacional de Minería (NCOM) en solidaridad con las comunidades afectadas por las minas. El Gobierno ghanés, sin embargo, ha liberalizado el sector minero según las directrices del FMI y del Banco Mundial y está atrayendo cada vez mas inversiones de las compañías mineras transnacionales. Este aumento de las inversiones extranjeras no se traduce en un aumento de empleo ni de ingresos para el Gobierno.

Las comunidades afectadas por las minas informan desde hace años de ataques a su dignidad y violaciones de sus derechos, sobre todo los derechos sociales y económicos. En 2006, la NCOM denunció casos concretos de abusos salvajes de los derechos civiles por parte de las empresas mineras, la policía y el ejército. Entre estos se cuentan: arresto violento y detención ilegal de personas de la comunidad; tortura de personas arrestadas o detenidas ilegalmente; asaltos y agresiones (a veces con armas de fuego u otras armas mortales) a jóvenes acusados de participar en extracciones ilegales o de entrar sin permiso en propiedades mineras; injerencia en el derecho constitucional de los ciudadanos de protestar públicamente contra las actividades de las empresas mineras que les afectan negativamente.

"El poder represivo del Estado ha aumentado", señaló la Iniciativa Africana de Minería, Medio Ambiente y Sociedad (AIMES) en 2004: "La actitud y la actuación del Estado y de sus instituciones ha sido hostil hacia sus ciudadanos, que están decididos a defender sus intereses y derechos frente a los de las grandes empresas transnacionales. En toda África existen ejemplos de la represión del Estado, a través de fuerzas de seguridad estatales y privadas, contra comunidades y ciudadanos por expresar su desacuerdo o manifestar sus legítimas reivindicciones. Esta actitud y conducta del Estado inhibe la transparencia y la participación en las cuestiones relacionadas con el sector minero". En 2007, AIMES emitió una advertencia contra los "nuevos" agentes del mercado africano: "La inversión directa extranjera en el sector minero africano ha aumentado significativamente durante las últimas décadas, especialmente con la entrada de nuevos actores como China e India, así como la presencia de EE UU en la extracción de petróleo en el Golfo de Guinea. Este aumento no ha llevado a ninguna mejora en la reducción de la pobreza, protección del medio ambiente o respeto por los derechos humanos en África; en lugar de ello, se ha dado una creciente privación de los pueblos y gobiernos de África a beneficio del sector minero. Entre las peores consecuencias se cuentan un aumento de la incidencia de la pobreza, escasez de recursos ambientales y de medios de vida, conflictos, opresión de la mujer, violencia e inseguridad".

Diamantes y coltan ensangrentados en Congo

La mayor parte de los llamamientos por un control legislativo del comercio de diamantes proceden de ONG de todo el mundo, y especialmente de las que trabajan por el restablecimiento de la paz en África. Si bien existe una industria legítima del diamante, cada vez se presta más atención al comercio ilícito e incluso al comercio legal con beneficios ilegales. De ahí fue que surgió el debate sobre los "diamantes del conflicto". Dichos diamantes son productos cuyos beneficios comerciales y financieros se utilizan inmoralmente para alimentar las guerras civiles que asolan a numerosos países de África. La República Democrática del Congo (RPC) no es ninguna excepción. Las fuerzas rebeldes controlan algunas de las zonas en las que se extraen los brillantes y, en consecuencia, se han convertido en actores del drama minero, extrayendo diamantes, vendiéndolos ilegalmente y usando el dinero para financiar sus actividades de insurgencia.

Como resultado de la presión, se han intentado implantar algunos controles, entre ellos las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU sobre los "diamantes ensangrentados", que imponían sanciones contra UNITA, un antiguo grupo rebelde de Angola acusado de utilizar los ingresos procedentes de los brillantes para financiar la guerra civil angoleña. Si bien sólo tratan el problema de Angola, las campañas de diferentes organizaciones para detener el comercio de diamantes del conflicto están presionando para que estas estipulaciones se apliquen también al caso de la RDC.

Sin embargo, un problema aun mayor es la industria de extracción de diamantes y sus actividades ilegales para financiar la guerra. La mayor parte de la extracción de diamantes en la RDC tiene lugar en la región oriental del país, que durante mucho tiempo estuvo controlada por facciones rebeldes con el apoyo de Uganda y Ruanda. Los terribles efectos de esta situación son el desplazamiento forzoso de la población congoleña que vive en las zonas mineras y los abusos de derechos humanos que se cometen. Los perpetradores no son sólo los grupos rebeldes de Nord-Kivu y Sud-Kivu, sino también las fuerzas gubernamentales. Las violaciones de derechos humanos se producen en forma de asesinatos de civiles, malos tratos a personas detenidas, ejecuciones extrajudiciales de prisioneros y reclutamiento de niños soldado. De hecho, todas las partes han sido acusadas de tener intereses comerciales en esta guerra debido a los vastos recursos existentes.

Algunos grupos de derechos humanos han apuntado que algunas multinacionales han especulado con la guerra y han creado "redes elitistas" de privilegiados grupos políticos, militares y empresariales para saquear los recursos natura- les del Congo. Numerosas empresas y gobiernos occidentales presionaron a una comisión de la ONU para que omitiera los pormenores de algunos de sus turbios negocios en un informe de octubre de 2003. Según informó el periódico londinense The Independent: "El pasado mes de octubre [2002], la comisión acusó a 85 empresas de infringir las normas de la OCDE en sus actividades de negocio. Violaciones, asesinatos, tortura y otros abusos de derechos humanos siguieron a la reyerta por explotar las riquezas del Congo tras estallar la guerra en 1998. Por ejemplo, el comercio de coltan, un raro mineral que se usa en ordenadores y teléfonos móviles, tuvo efectos sociales 'equiparables a la esclavitud', manifestó la comisión. Pero ningún gobierno occidental había investigado a las empresas presuntamente relacionadas con dichos abusos. Algunas de éstas, entre ellas compañías británicas, estadounidenses, belgas y alemanas, ejercieron presión política para que los nombres de sus empresas fueran eliminados de la 'lista de la vergüenza'... Algunas empresas ofrecieron explicaciones legítimas sobre sus negocios en el Congo, o salieron del país. Pero los abogados de otras cuestionaron los resultados de la comisión, aprovechándose a menudo de errores de informes anteriores como prueba de falta de fiabilidad".

Cuando la ONU por fin publicó el informe a finales de octubre de 2003, figuraban en la lista aproximadamente 125 empresas e individuos que habían sido ya nombrados en un informe anterior de la comisión por haber contribuido directa o indirectamente a la especulación con la guerra en la RDC. Otras empresas, observaba el informe, podían no haber estado directamente relacionadas con el conflicto, pero mantenían vínculos indirectos con los protagonistas. Dichas empresas se beneficiaban de la caótica situación de la RDC. Por ejemplo, obtenían concesiones o contratos de la RDC con condiciones que les eran más favorables que las que podrían conseguir en países en los que reinaba la paz y la estabilidad.

Jan Van Criekinge

Fuentes: