Situación de los Derechos Humanos

La guerra civil de Angola continuaba. Pocas señales había de que se estuvieran respetando más los derechos humanos; más bien, seguían produciéndose las mismas violaciones de las reglas de la guerra por las que este conflicto ha sido conocido, tanto por parte del gobierno como de los rebeldes, la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola (UNITA). El número de personas desplazadas era de 2.5 millones, aproximadamente un 20% de la población total de Angola. El acceso por carretera continuaba restringido en todo el país; las organizaciones humanitarias empleaban únicamente las carreteras y rutas costeras incluidas en el perímetro de seguridad de las principales ciudades de cada provincia. Sin embargo, la falta de seguridad por tierra hacía que más del 70% de toda la ayuda humanitaria se transportara por aire.

A finales de 1999, una contraofensiva del ejército angoleño había expulsado a UNITA de meseta central. A finales de octubre del mismo año, el gobierno proyectaba metros y metros de película sobre su control de las que fueron importantes bases de UNITA en Bailundo y Andulo. Durante finales de 1999 y los primeros cuatro meses del 2000, el gobierno disfrutó de una concatenación de éxitos. El 24 de diciembre, las fuerzas gubernamentales se hicieron con el antiguo cuartel general de UNITA en Jamba. El gobierno declaró haber capturado a 200 soldados de UNITA durante los enfrentamientos. Y también que 400 habían sido capturados durante el enfrentamiento por Calai, que fue tomado por las Fuerzas Armadas Angoleñas (FAA) el 10 de diciembre. Asimismo, que se había destruido más del 80% de la capacidad de combate de los rebeldes, aprehendiendo 15,000 toneladas de armas, munición, 27 tanques, 7 emplazamientos de artillería y 30 misiles, entre otros.

Durante los tres primeros meses del 2000, el gobierno parecía estar en racha en el campo de batalla y UNITA parecía desorientada, actuaba esporádicamente. Sin embargo, esta situación cambió a lo largo del año: UNITA retomó la ofensiva guerrillera y las grandes emboscadas en las principales carreteras. El 30 de abril un convoy del Programa de Alimentos para el Mundo de las Naciones Unidas fue atacado a 85 kilómetros de Lobito, una zona donde se suponía que UNITA no tenía presencia. La violencia de UNITA contra la población civil se intensificó significativamente a lo largo del año. En enero, cuando las FAA se aproximaban al pueblo de Chinguar, UNITA se embarcó en una política de asesinatos masivos, para evitar que la población residente fuera capturada por las fuerzas gubernamentales. Se informó de que habían muerto unas 140 personas, entre militares y civiles; y que UNITA había cometido ejecuciones extrajudiciales en Camaxilo (Lunda Norte), Catchiungo (Huambo) y Quimbele (Uíge).

La mutilación no ha sido una táctica generalizada en el conflicto angoleño. Sin embargo, a lo largo del año incrementaron las amputaciones de orejas y manos, las cuales, según informes, fueron llevadas a cabo por miembros de UNITA. El propósito, al parecer, habría sido de advertencia: no había que traicionar a UNITA ni intentar huir a zonas bajo control gubernamental. Así respondieron a su mayor aislamiento y a las pérdidas que habían sufrido en el campo de batalla. La tortura no era una práctica común, pero se empleaba para conseguir información, especialmente de individuos con conocimiento de los planes militares del gobierno.

UNITA mantuvo el reclutamiento forzoso de niños/as y adultos. En las emboscadas de las carreteras principales, sus soldados asesinaban y saqueaban, y también secuestraban a civiles para que trabajaran para ellos. De esta manera compensaban el hecho de que la población civil huyera siempre a su control. Aunque también se decía que la violencia y el reclutamiento forzoso constituían una represalia en respuesta a que los habitantes abandonaban los lugares, "desobedeciendo las órdenes" de UNITA. La organización también tomaba represalias contra quienes seguían cultivando los terrenos próximos a las zonas con las que se había hecho el gobierno hacía poco. Continuaba siendo común el reclutamiento de niños y niñas de hasta tan solo 10 años de edad, quienes eran secuestrados y entrenados como soldados por los rebeldes.

No había libertad de movimiento en ninguna de las zonas controladas por UNITA. Se exigía un salvoconducto incluso para desplazarse al pueblo más próximo. En la meseta central, UNITA era también responsable de los desplazamientos forzosos producidos a medida que perdía o conseguía territorio, y sus soldados continuaban saqueando y destruyendo la propiedad privada. Los objetivos más comunes de la organización eran los representantes del gobierno, las autoridades tradicionales y quienes trabajaran en labores asistenciales. El 9 de agosto, las Naciones Unidas condenaron firmemente una ofensiva armada en Catete que se cobró la vida de un trabajador de derechos humanos y de tres civiles más.

En junio, tras muchos meses de negociaciones, cinco pilotos rusos fueron puestos en libertad en la frontera de Zambia. No obstante, oficiales de UNITA declararon que un minero del diamante británico y otro sudafricano que habían desaparecido después de uno de sus ataques en noviembre de 1998 estaban muertos. El 18 de agosto, De Beers anunciaba que había suspendido su exploración del diamante en Cambulo (Lunda Norte). El anuncio se produjo después de un ataque de UNITA a otra mina de diamantes próxima a Camafuca, en el que siete trabajadores fueron secuestrados y murió un asesor de seguridad sudafricano.

En septiembre, una unidad armada de UNITA destruyó un pozo petrolero de Total/Elf/Fina próximo a Soyo, al noroeste del país. Mientras tanto, una facción del Frente para la Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC) secuestraba a tres ciudadanos de Portugal y Angola que trabajaban para una compañía constructora en la provincia de Cabinda.

Existían numerosos testimonios sobre los continuos abusos cometidos por las fuerzas del gobierno, aunque fueran menos que los relativos a UNITA. Entre las ofensivas que desarrolló el gobierno de finales de 1999 y principios del 2000 se encontró la política de tierra arrasada (prenderle fuego a pueblos enteros y asesinar a la población civil), que fue aplicada especialmente en las provincias de Cuando Cubango y Lunda Sul. Según informes, el ejército ejecutaba a los habitantes de los pueblos. En al menos un lugar de Lunda Sul, una fosa común que, según el gobierno, contenía a las víctimas de los excesos de UNITA era, con toda probabilidad, el resultado de asesinatos extrajudiciales cometidos sistemáticamente por el gobierno.

En la meseta central, aumentaron las denuncias de violaciones por parte de los soldados del gobierno. Éstos violaban a las mujeres en sus casas o mientras ellas se encontraban trabajando en el campo. Esto ocurría habitualmente en zonas próximas a los campamentos militares; y especialmente durante las batidas, los registros domiciliarios, cuando al llegar a una zona le ordenaban a sus habitantes que les dieran comida y otros artículos y les obligaban a transportar aquellos bienes saqueados. Las personas que se negaban a hacerlo eran golpeadas y en ocasiones violadas. Estos registros y operaciones criminales eran especialmente frecuentes en zonas que acababan de ser ocupadas o re-- ocupadas por las fuerzas del gobierno, como gran parte de las provincias de Bié, Huambo y Uíge. Las Naciones Unidas informaron de que en junio algunos elementos del ejército y de la policía local habían sido acusados por ONG locales de cometer violaciones de los derechos humanos, como asesinar a supuestos simpatizantes de UNITA en las provincias de Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje y Moxico.

Aunque la compra de armas por parte del gobierno decreció significativamente, se produjo otra oleada de entrada de armas en el país, lo que intensificó un conflicto ya renovado y las consecuentes violaciones de derechos humanos y de las reglas de la guerra. Al parecer, Ucrania, Rusia e Israel continuaban siendo la fuente preferida de abastecimiento del gobierno. En mayo, las Industrias Aéreas de Israel confirmaron que desde 1997 habían exportando armas a Angola por valor de $86.5 millones, entre éstas, 27 aviones. A principios del 2000, la República Eslovaca entregaba una flota de aviones militares comprados mediante un préstamo avalado por el petróleo. A mediados de septiembre, llegaban al Puerto de Luanda cargamentos de armas de Ucrania.

Las Naciones Unidas mantenían una serie de embargos contra UNITA. En marzo, el Comité de Sanciones sobre Angola del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sacó un informe de 54 páginas sobre cómo conseguía UNITA eludir las sanciones. Fue elaborado por un panel de 10 especialistas independientes, quienes en mayo de 1999 recibieron el mandato de investigar aquellos casos. El informe incluía información nueva y detallada, como que el presidente de Togo y el presidente Blaise Compaore de Burkina Faso eran una importante fuente de apoyo para UNITA. Asimismo, se documentaba que Ruanda era un importante enclave para el tráfico de armas y de diamantes con UNITA, que el gobierno del país tenía pleno conocimiento de aquello y que incluso proporcionaba protección. Libreville (Gabón) aparece como un importante punto donde repostaban las avionetas que infringían las sanciones tras visitar las zonas de UNITA. Se averiguó que la mayor parte de las armas importadas por UNITA procedían de Bulgaria y que eran costeadas en gran medida por el tráfico ilegal de diamantes. Además, al parecer, UNITA ha demostrado tener una aversión general hacia los bancos y los canales habituales de la banca, aunque sus líderes hayan podido emplear en algún momento tarjetas de crédito. Como ya se ha mencionado, el Comité de Sanciones averiguó que el transporte aéreo ha sido la salvación de UNITA.

Tanto los soldados del gobierno angoleño como los rebeldes continuaron utilizando minas antipersonas. El número de víctimas de las minas ascendió bruscamente en 1999 (de 103 en 1998 a 185 en 1999, únicamente en Luena). Existía información preocupante relativa a que personas angoleñas entrenadas por organizaciones humanitarias para quitar minas habían sido contratadas para plantar nuevas minas.

En Luanda y a lo largo de la costa, las zonas bajo el control del gobierno, hubo mayor tolerancia ante los debates de los derechos, y una ligera mejora en la observancia de los derechos humanos por parte de la policía. Por contra, los periodistas independientes eran sometidos a una campaña de acoso.

A lo largo de todo el año, los medios de comunicación privados concentraron sus esfuerzos para informar a la población angoleña de los asuntos públicos, criticar la mala administración y la corrupción, y dar voz a diferentes opiniones. El gobierno respondió a esto empleando poderes legales, y también yendo más allá de estos poderes, con objeto de estrangular la libertad de expresión. En julio el gobierno introdujo un proyecto de ley sobre medios de comunicación que proponía duras condenas por difamación.

A partir de noviembre de 1999, al menos seis periodistas fueron hallados culpables de libelo o difamación por funcionarios del Estado. Se enfrentaban a posibles penas de cárcel. Al escribir esto, todos se encontraban a la espera de los resultados de sus apelaciones. Como en años anteriores, las diligencias previas y los juicios no respetaron los requerimientos del derecho internacional de los derechos humanos. El 10 de diciembre, el jefe del Departamento de Crímenes Selectivos del Departamento Nacional para la Investigación Criminal (DNIC) le ordenó a los directores de Folha 8 y de los periódicos semanales privados

Agora y Actual que suspendieran la publicación de determinadas historias. Éstas se basaban en un informe elaborado por la organización británica Global Witness [Testigo Global] en el que se exponía que el gobierno había utilizado su riqueza petrolífera de manera corrupta.

Folha 8 y Actual suprimieron el texto del artículo, dejando páginas en blanco, y Agora publicó un artículo aprobado por el DNIC, en el que se le prohibía además mencionar la acción policial. A su vez, los medios de comunicación controlados por el gobierno publicaron una refutación detallada del informe de la organización.

El Tribunal Provincial de Luanda halló culpables a los periodistas Rafael Marques y Aguiar Dos Santos de difamación del presidente Dos Santos el 31 de marzo. Se les condenó a seis y tres meses de cárcel, respectivamente, además de a pagar una cuantiosa multa. Los dos consiguieron la libertad bajo fianza y han apelado.

Los periodistas fuera de Luanda sufrieron más. Isaias Soares de Malanje y Andre Mussamo e Isidoro Natalicio de la provincia de Cuanza Norte sufrieron acoso. Mussamo fue detenido en N'dalatando el 2 de diciembre, le tuvieron incomunicado dos semanas y detenido tres meses más. Se le llevó a juicio el 28 de mayo por obtener "secretos de Estado" y revelarlos. Fue absuelto el 2 de junio.

El 18 de febrero del 2000, el opositor Partido Angoleño para el Progreso y el Apoyo Democrático (PAPAD) protagonizó protestas contra una subida del 1.600 por ciento en el precio del petróleo. El presidente y el secretario general del PAPAD fueron detenidos y acusados de no haber obtenido permiso para manifestarse, aunque según la ley angoleña esto no es un requisito para la celebración de reuniones pacíficas. A pesar de las detenciones, los manifestantes protestaron ante el edificio del Gobierno Provincial de Luanda el 23 de febrero y fueron dispersados por la policía, que usó la violencia contra algunos de ellos. Policías armados con rifles rodearon una segunda manifestación el 24 de febrero, y detuvieron a 10 personas, entre ellas, los líderes de dos partidos de oposición. Muchos de los manifestantes fueron golpeados, tres de ellos gravemente. El 25 de febrero, la policía se disculpó por las detenciones. El 11 de marzo se celebró otra manifestación contra el precio del crudo y los ataques de las autoridades a la libertad de expresión y de reunión. Esta vez no hubo violencia ni detenciones.

El 29 de marzo, la Conferencia Episcopal de los Obispos Católicos de Angola y São Tomé y Príncipe publicó una carta pastoral pidiéndole al gobierno que no descartara el diálogo y que concediera una amnistía general para facilitar la reconciliación nacional. Además, los obispos hacían un llamamiento para que se respetaran más los derechos humanos. Desde entonces, los líderes eclesiásticos angoleños siguen buscando la negociación de la paz. En junio organizaron una marcha por la paz que culminó con un servicio ecuménico al aire libre en Luanda, en el que participaron otros miembros de la sociedad civil y de los partidos políticos, salvo el partido gobernante y los representantes del gobierno.

La posición de las iglesias en esta cuestión tuvo el resultado de que el gobierno variara ligeramente su postura en las negociaciones. El 19 de junio, el presidente Dos Santos reafirmó la validez del Protocolo de Lusaka e indicó que el líder de UNITA, Jonas Savimbi, y quienes le apoyaban podrían ser "perdonados" si deponían las armas.

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