Campaña del mes: “Stop Blood Coal”

La campaña de “Stop Blood Coal” (Detener el carbón de sangre), está dirigida por la PAX en los Países Bajos, poniendo como objetivo a la compañía minera Drummond and Prodeco (el subsidiario colombiano, con base en Suiza, Glencore). La campaña tiene como objetivo exponer y desafiar a los vínculos entre la violencia paramilitar y la minería del carbón en Colombia, apoyar a las comunidades en su búsqueda de la verdad y la reconciliación y presionar a las empresas de energía europeas para tomar medidas contra sus proveedores, acusados ​​de abusar de los derechos humanos. PAX argumenta que un cuarto del carbón que importa Europa podría ser considerado “de sangre”; el año pasado, solo en los Países Bajos, importaron 15.4 millones de toneladas de carbón de Colombia.

Carbón de sangre

Entre 1996 hasta 2006, los residentes de la región minera de Cesar en Colombia sufrieron gravemente de violencia paramilitar. Al menos 3.100 personas fueron asesinadas, 55.000 granjeros perdieron sus tierras y cientos de personas desaparecieron. Hasta hoy, las atrocidades a las que se enfrentaron las víctimas y sus familias supervivientes nunca han sido reconocidas, sin hablar de una compensación por ello. Los autores y testigos han declarado bajo juramento en procesos legales y a la PAX cómo Cesar, base de la compañía minera Drummond y Prodeco apoyaron las fuerzas paramilitares con dinero, equipo e información.

La organización del frente paramilitar Juan Andrés Álvarez (JAA) aterrorizó a los granjeros locales, cuyas tierras acabaron en manos de las compañías mineras. Por ejemplo, el frente de la JAA empezó a aterrorizar la comunidad de El Prado en 2002, la cual era parte de las tierras del estado. El 19 de mayo la JAA mató a 5 personas; según el testimonio de “El Samario”, esta acción tenía como única intención desplazar a la gente de su tierra. Siete personas más fueron asesinadas durante los siguientes meses, y 48 de las 51 familias de la comunidad huyeron. Las parcelas fueron ocupadas por paramilitares del frente, y los oficiales corruptos subministraron a los nuevos terratenientes papeles falsificados. En 2009, el estado firmó a Prodeco como propietarios de las tierras.

Las compañías mineras niegan cualquier implicación, pero aquellas victimas a las que han abusado de sus derechos humanos y siguen defendiéndose, siguen siendo amenazados. PAX espera que los gobiernos y las compañías energéticas, en su papel de compradores, consideren a sus proveedores, las minas de carbón, responsables de la situación de las víctimas.

La campaña ya ha tenido algunas victorias, con dos actores europeos aumentando la presión en las compañías mineras; la empresa danesa de energía Dong Energy ha suspendido condicionalmente la importación de carbón de la zona minera de Cesar, y el banco francés BNP Paribas ha puesto en la lista negra a Drummond.

Detrás de esta história

En los años 90, la región estaba en manos de dos grandes grupos de la guerrilla: el frente 41 de la FARC y el ELN. Ambos grupos llevaron ataques contra la infraestructura minera, y secuestraron a trabajadores de Drummond y Prodeco. Una organización paramilitar, la AUC, formada en 1997 por un pequeño número de paramilitares de grupos de “auto-defensa”, organizados por rancheros locales para combatir las guerrillas. El enfoque de la AUC era que sería posible ganar a las guerrillas aterrorizando a la población civil en las áreas donde la FARC y el ELN operaban, y en algunos casos despoblando todo el área.

Las minas ya estaban defendidas por los militares del estado; los militares fundaron la organización de la “auto-defensa” por el proyecto “Plan Convivir”, pero para el 1996 Prodeco decidió que los grupos locales no estaban proporcionando la protección necesaria de las guerrillas. El informe de “El lado oscuro del carbón” incluye el testimonio de “El Canoso” que sostiene que el gerente de Prodeco “hizo pagos en efectivo a El Profe (comandante de la AUC) enseguida que llegase con el helicóptero a la zona minera”, después de haber mediado un acuerdo entre la compañía y la AUC.

Respecto al involucro de Drummond, El Canoso describió una reunión con ambas compañías que concluía con todos los presentes de acuerdo “a que le daríamos a la AUC un pago mensual para cubrir salarios, comida y costes de las tropas de la AUC. También decidimos en comprar algunos vehículos para la AUC y subministrarles con combustible”. El Canoso sostiene que las compañías mineras estaban involucradas en estacionar a las tropas paramilitares, y que su llegada hizo aumentar la violencia en la región dramáticamente; “aquellos distritos, municipios y vecindarios fueron inundados por una ola de crimen cada noche”. El informe alega que el CEO de Drummond consintió un pago de $1.1 millones de dólares a los militares colombianos, a pesar de que la administración de seguridad de la compañía predijese que los planes militares “traerían enormes violaciones de los derechos humanos”.

La JAA fue formada en 1999 por otros grupos de la región después de la reorganización de la AUC. La JAA ha operado end contra de los grupos guerrilleros en ambas ciudades y pueblos donde Drummond y Prodeco tenían minas, y por los ferrocarriles usados para llevar carbón al puerto; el informe de PAX incluye un testimonio falsificado de la “FARC” que la JAA atacó el ferrocarril – y el asesinato de 5 personas falsamente identificadas por los paramilitares de la FARC- para asegurarse de que se hiciese un pago rápido a la organización.

Por el 2002, la JAA había crecido a más de 250 hombres fuertemente armados, y por el 2006 incluía a más de 500. La JAA fue disuelta y demolida en 2006 después de que la Ley de Justicia y Paz (Ley de Justicia y Paz 975/2005) fuera promulgada; aún así, la violencia y los abusos hacia los derechos humanos continuaron.

Para más información, visite la página web de PAX: http://www.paxforpeace.nl/stay-informed/in-depth/stop-blood-coal o (en español) la página colombiana de PAX: http://paxencolombia.org