Contra la extracción de la vida y por la justicia ambiental, social, y de género
Petróleo y minerales son dos recursos que el sistema consume con una voracidad y ansiedad similares a la adicción, al colmo que cuando estos recursos están en peligro de escasear ya sea por su agotamiento o por una subida de los precios internacionales el sistema entra en crisis, en un "delirium tremens" y es capaz de matar, de robar y de asaltar a mano armada, con tal de volver a inyectarse en su economía el flujo de estos dos recursos. Lo vimos en Irak y en Medio Oriente de lo que es capaz por el petróleo, vimos en Conga Perú y en cada uno de nuestros países llamados "mineros" de las muertes y violencia que esta dispuesto a desencadenar por el oro y otros metales.
La necesidad de articular la solidaridad y apoyo entre quienes asumen la resistencia contra la violencia y despojo de los grandes intereses económicos mundiales en su adicción llamada "extractivismo", es por lo cual desde el 2008 nos llevó a conformar el Colectivo de Coordinación de Acciones Socio Ambientales (COLECTIVO CASA) en Oruro Bolivia.
Asumir la resistencia contra los impactos del extractivismo, en un país como el nuestro cuya economía depende en un 80% de la exportación de hidrocarburos y minerales, es algo muy difícil. A menudo las comunidades indígenas, originarias campesinas principales víctimas del despojo y violencia de las empresas, son acusadas de ser "anti-desarrollo", de estar contra el "interés público" y son llamadas a sacrificarse por el bien del país. Sin embargo, su lucha de a poco también ha demostrado que, Bolivia a pesar de estar mas de un siglo y medio en una economía basada en la extracción intensiva de recursos naturales no renovables, aun esta lejos de alcanzar el bienestar o lo que ahora llamamos "el buen vivir" de su gente, al contrario, los lugares donde se extrae intensivamente hidrocarburos y minerales terminan convirtiéndose en desiertos contaminados, en pueblos fantasmas.
Estos años de caminar al lado de los pueblos y comunidades que se resisten a que les extraigan la vida de sus territorios, nos ha enseñado que la gente se mueve no en contra del "desarrollo", sino a favor de la vida y la convivencia pacífica, pues donde entra una minera o una petrolera, se vulneran derechos elementales de la personas y los pueblos. Algunos de esos derechos en juego, que defienden los pueblos y por los cuales nos ponemos a su servicio con nuestra labor cotidiana son los siguientes.
Derechos colectivos a la Consulta y Consentimiento Previa, Libre e Informada
Estos derechos, reconocidos en el Convenio Nº 169 de la OIT, de la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y en nuestro país en la Constitución Política aprobada el 2009, en la actualidad pretende ser desconocido en las nuevas propuestas legislativas, no se aplica antes de autorizar el ingreso de cualquier empresa extractiva en los territorios. Por ello las principales organizaciones indígenas como el Concejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (CONAMAQ) y la Central de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (CIDOB), vienen demandando una Ley Marco de Consulta que se elabore en consenso con los pueblos indígenas y no como pretende suceder ahora, se les imponga desde el gobierno recortándoles muchos derechos.
Defensa de la producción agropecuaria contra el extractivismo
En comunidades campesinas como Challapata en el departamento de Oruro o Vitichi en el departamento de Potosí, con una tradición e importante producción agropecuaria, ganadera lechera en la primera, frutícola en la segunda, la minería es una amenaza para la continuidad de esta producción por lo cual estas comunidades ha rechazado contundentemente la presencia minera y sus impactos en sus territorios, y se mantienen en una alerta constante.
Defensa del agua, un derecho Humano
No hay minería que no consuma grandes volúmenes de agua. Eso lo saben dramáticamente los pobladores de las comunidades de Antequera y en especial los del pueblo de Totoral, quienes reciben el aprovisionamiento de agua por una hora a la semana, en cambio la empresa minera Bolivar de la empresa Sinchi Wayra- Illapa subsidiarias de las Suizas Glencore Xtrata, asentada en la misma zona evacua cerca de 160 litros/segundo, desde interior mina. Otro caso similar es de la empresa San Cristobal subsidiaria de la japonesa Sumitomo Corporation y utiliza 50000 m3 de aguas subterráneas dando lugar a la explotación minera del agua y a una competencia por este recurso con las comunidades de la región de Uyuni.
Lucha contra la criminalización de la protesta: Anteproyecto de Ley Minera y Ley de avasallamientos mineros
En Bolivia se está consensuando entre el Gobierno y los actores mineros una nueva ley minera que replica el espíritu de saqueo de las transnacionales, que atenta contra el Territorio, el Medio Ambiente, los Derechos de los Pueblos Indígenas y a la Madre Tierra, estamos exigiendo e impulsando un amplio debate con las organizaciones sociales.
La ley de avasallamientos mineros promulgada en mayo de 2013 pretende criminalizar a los pueblos indígenas mostrándolos como avasalladores de operaciones mineras cuando defienden su territorio.
Justicia de Género
En conflictos entre comunidades campesinas y operaciones mineras, se vulneran muchos derechos, en especial el de las mujeres. Una lamentable muestra de aquello ha sido el caso de la comunidad Mallku Quta contra la transnacional canadiense South American Silver, donde ocurrieron incluso casos de violaciones a jóvenes, que lamentablemente se mantienen sin investigar. Por ello, en una iniciativa con las comunidades afectadas, durante este año se vino implementando una "Escuela de Conflictos Ambientales para el ejercicio de los Derechos Colectivos y la Justicia de Género" de la cual recientemente nace la Red Nacional de Mujeres en Defensa de la Madre Tierra que será una red de afectadas para el apoyo, la solidaridad y la resistencia.
Desde el COLECTIVO CASA te convocamos a sumarte al apoyo de la lucha de estas comunidades y organizaciones que buscan lo mismo que tu, defender la VIDA.
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