Informe sobre la situación de militarización de la sociedad colombiana

Contenido

• Presentación


• Introducción


• ¿ESTADO SOCIAL DE DERECHO O GOBIERNO AUTORITARIO?


• PRESUPUESTO PARA LA GUERRA


• LA POBLACIÓN COLOMBIANA: ¿CIVILES O COMBATIENTES?


• NIÑOS Y NIÑAS CON JUGUETES DE GUERRA.


• MUJERES SIN TREGUA, NI EN TIEMPOS DE PAZ, NI EN TIEMPOS DE GUERRA .


• ANIQUILAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.


• SOBRE LA LÓGICA DEL CONFLICTO ARMADO DE ENAJENACIÓN: EL CASO DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ.

• MUERTES VIOLENTAS LOCALIDAD 19 2.004/I - 2.005/I
• MILITARIZACIÓN CULTURAL E IMAGINARIOS DE GUERRA.
  
  
  
  • 1. En Latinoamérica persiste una leyenda rosa sobre los militares, y el Servicio Militar Obligatorio se ha convertido en un importante espacio de socialización.
  
  
  • 2. Las fuerzas armadas estatales y su uso en los medios de comunicación en Colombia.
  
  
  • 3. Fiestas: Las fuerzas armadas y el desfile del 20 de julio.
  
  
  • 4. Símbolos: Simón Bolívar en las FARC
  
  
  • 5. Símbolos en los medios: Los Paramilitares sin camuflado piden perdón. "Todos somos culpables".
  
  
  • 6. La escuela: ¿Cuál enseñanza?
  
  
  • 7. Discursos: "No somos muchos pero somos machos"
  
  
  
  


• ¿DIALOGANDO O PARAMILITARIZANDO?


• ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA DESMOVILIZACIÓN Y LA REINSERCIÓN EN COLOMBIA.


• LA GUERRILLA Y SU "ESTRATEGIA" DE ACCIÓN.


• Conclusión

Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia- ACOCC

Bogotá-Colombia, abril de 2006.

Presentación

Colombia tiene uno de los conflictos armados internos más antiguos de todo el mundo; es el país con más ayuda militar estadounidense en el hemisferio; además, tiene diferentes actores armados dentro de la confrontación, como son las guerrillas del ELN y las FARC, los Paramilitares y las Fuerzas Militares, de Policía y diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Paralelamente, cuenta con una inmensa diversidad de recursos naturales, por la cual es un punto estratégico para los intereses trasnacionales; su ubicación es importante desde el punto de vista político militar, ya que es la entrada a Latinoamérica; la mayoría de los medios masivos de comunicación son empresas comunicativas, cuyos dueños son los hombres más ricos y poderosos del país, y cuya función es servir a los intereses de esos hombres. A esto, se le puede seguir agregando "caracterizaciones" sin más. Lo que cabe resaltar es que la guerra que vive Colombia no es arbitraria, por el contrario, tiene múltiples relaciones de interdependencia entre problemáticas. En la actualidad no es posible identificar el fenómeno de militarización que aqueja al país, entendido éste desde una perspectiva amplia si lo desligamos del actual modelo económico imperante, a saber, el capitalismo en su forma desarrollada, el neoliberalismo.

Es por esta razón que desde la Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia- ACOCC, nos hemos propuesto resaltar estas relaciones intrínsecas entre el modelo económico del capitalismo y la situación de militarización de la vida cotidiana a diferentes niveles, como lo son el económico, el cultural, el armado, entre otros, con todo lo que ello acarrea a nivel humanitario en materia de violaciones a los Derechos Humanos. Nuestro propósito con este informe, es denunciar las nefastas consecuencias que está dejando la creciente agudización del conflicto armado y militarización de la sociedad colombiana. Por lo mismo, nuestro objetivo como objetores y objetoras de conciencia es mostrar otra cara de la realidad que los medios masivos de información se han empeñado en ocultar, sumando este esfuerzo al que vienen adelantando las diferentes organizaciones populares, comunitarias y defensoras de derechos humanos.

También queremos mostrar, de cara a la actual coyuntura electoral, las consecuencias que ha dejado la nefasta política de "seguridad democrática" del presidente Uribe y su fracaso como pilar de desarrollo de Colombia, buscando exponer para lo que realmente ha servido esta política autoritaria y militarista, a saber, para subastar los recursos públicos y ceder la soberanía nacional al capital trasnacional. Ello con la indiscutible complicidad con el paramilitarismo, componente fundamental del modelo de seguridad que defiende el Estado colombiano.

Por otro lado, queremos mostrar que el fenómeno de militarización que vive Colombia es mucho más complejo que simplemente la acción por parte de la fuerza pública. Nos referimos con ello, a que las acciones militaristas son análogas también en las guerrillas del ELN y las FARC, y que en últimas es la evidencia que en el campo de batalla no es posible distinguir ideologías. Desde el punto de vista de los métodos de guerra todos los grupos armados, legales o ilegales, cumplen el mismo papel de subordinación, control, violación a los Derechos Humanos y demás. Por lo mismo, sea esta la oportunidad para tomar posición, como antimilitaristas, objetores y objetoras de conciencia desde el ejercicio de la noviolencia activa, declarándonos en abierta oposición a la participación en cualquier grupo armado y negándonos a colaborar con cualquiera de ellos.

Este informe es el primero y tendrá una periodicidad anual buscando especializarse en la problemática de militarización de la sociedad colombiana. El presente, ha sido una sistematización de diferentes informaciones de los últimos cuatro años, sobre la militarización y la violación a los Derechos Humanos por parte de los paramilitares, el ejército y las guerrillas, publicadas en diferentes informes, nacionales e internacionales, de organizaciones de derechos humanos y organismos multilaterales, así como en los principales medios escritos de comunicación del país. Como se podrá ver, este informe es más una compilación de diferentes fuentes que ayudará a visibilizar la grave crisis a nivel de militarización, que aqueja al país. Con el tiempo, esperamos que la información publicada sea de primera mano, aunque esperamos que en definitiva el problema se vaya reduciendo, así como también esperamos que sea introducido como uno de los puntos transversales en la agenda de las distintas organizaciones de derechos humanos y sociales.

Finalmente, esperamos que este material sirva para no olvidar el dolor de las víctimas de la guerra y para sensibilizar y prevenir sobre el advenimiento de más dolor. Este material está dedicado a todos y a todas aquellas que hoy continúan resistiendo desde la civilidad y a todos y todas aquellas que murieron defendiéndola.

--Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia- ACOCC.

Autonomía, Dignidad y Conciencia para Vivir en Libertad.

Bogotá, Colombia.

Abril de 2006

Introducción

En el primer semestre de 2002, Álvaro Uribe Vélez, el principal crítico de los procesos de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana y los grupos insurgentes FARC y ELN, fue elegido Presidente de la República por 6 millones de colombianos; el 25% del censo electoral. "La política de seguridad fue el centro estratégico de su programa de gobierno y su carta de triunfo electoral; de su éxito se hacía depender la solución de otros problemas agobiantes como la pobreza, el desempleo, el atraso de la agricultura, la debilidad de la inversión, la crisis fiscal, el desplazamiento forzado"[1], entre otros. La elección dio lugar a un mandato de mano dura, una reestructuración del conflicto armado y un nuevo periodo de medición de fuerzas donde las reformas planteadas en las agendas de negociación fueron reemplazadas por programas focalizados hacia las necesidades de la guerra.

Las principales consecuencias de esta reestructuración han sido: un escalamiento de la ofensiva militar por parte del Estado, la expansión del paramilitarismo, el aumento de las desapariciones, el desplazamiento forzado en regiones de confrontación militar, el refugio internacional de colombianos, las detenciones arbitrarias, los asesinatos políticos, la restricción del espacio político para construir salidas basadas en el diálogo y la negociación, así como de las garantías para la acción de los movimientos sociales, entre otras.[2] En últimas, el deterioro de las garantías democráticas y humanitarias en el país.

¿ESTADO SOCIAL DE DERECHO O GOBIERNO AUTORITARIO?

El gobierno de Uribe ha dado a entender que la Carta Constitucional es un obstáculo para desarrollar su política de seguridad democrática y que se requiere de un poder nacional que subordine la exigibilidad de los derechos a las necesidades militares.

En términos del régimen político, la tendencia general ha sido el fortalecimiento autoritario del presidencialismo en detrimento de las autonomías institucionales y ciudadanas consagradas en la Carta del '91. Las reformas constitucionales, efectuadas o previstas por el actual gobierno, buscan modificar la estructura del Estado, incluida la administración de justicia, con el propósito de ampliar sustancialmente el ámbito de acción presidencial y de someter todas las instituciones bajo la dirección del Ejecutivo y acomodar la Constitución y la ley a sus políticas e intereses inmediatos, reforzando los altos índices de impunidad que históricamente prevalecen en materia de Derechos Humanos (de aquí en adelante DDHH) y Derecho Internacional Humanitario (de aquí en adelante DIH).

Ejemplos de esto son la reforma a la fiscalía, la eliminación del control judicial, la reducción de las facultades de la Corte Constitucional, la reelección, la salvedad por 7 años ante la Corte Penal Internacional para militares estadounidenses que violan Derechos Humanos en Colombia y el estatuto antiterrorista.

"Los informes de inteligencia y los testimonios de los testigos de cargo no son sometidos a procesos de verificación, sino que se convierten en razones suficientes para ordenar o realizar capturas masivas y arbitrarias que perjudican a la población civil, y especialmente a las organizaciones populares, sindicales y sociales. El papel de la fiscalía se reduce muchas veces a la legalización de las capturas y detenciones masivas y/o arbitrarias, y queda en el olvido que su función de ente investigador debe estar acompañada de su obligación de respetar y hacer respetar los derechos fundamentales de las personas y de asegurar las garantías judiciales. De esta manera la Fiscalía queda reducida a un ente que acata ciegamente las directrices del Ejecutivo o de la autoridad militar en vez de ser una administración de justicia independiente e imparcial"[3].

Los altos funcionarios del gobierno, empezando por el presidente de la República, niegan los principios fundamentales del Estado Social de Derecho tales como: la independencia de los poderes, la distinción entre población civil y combatientes armados, la universalidad e interdependencia de los derechos humanos, el respeto y garantía al debido proceso y la libertad de pensamiento y expresión, entre otros. Esa negación de principios se corresponde con políticas encaminadas al establecimiento de normas de excepción, a los recortes de garantías y derechos consagrados en la Constitución, a la persecución a organizaciones y líderes sociales de la oposición, al desarrollo de operaciones militares indiscriminadas contra la población civil, y al control territorial a través de la instalación de los grupos paramilitares, entre otros.

La aplicación de la política de seguridad democrática ha implicado que la fuerza pública cuente con atribuciones jurídicas excesivas, que conducen al debilitamiento sustancial del Estado Social de Derecho, e incurra en violaciones de los DDHH y del DIH. Además, el gobierno responsabilizó a las fuerzas militares y policiales para la implementación de la política de seguridad democrática, sin antes haber depurado estas estructuras, tomando en cuenta los vínculos entre éstas y los grupos paramilitares, así como los crímenes de lesa humanidad y de guerra en los que han incurrido tanto militares como policías.

Esto se puede evidenciar en los casos de Cajamarca y Guaitarilla, donde, en el primer caso, 5 campesinos (entre ellos un bebé de 6 meses y otros tres menores de edad de 14 y 17 años) fueron asesinados por uno de los pelotones, adscrito al Batallón 'Pijaos' de la Sexta Brigada del ejército, cuya sede está en Ibagué. El hecho ocurrió en cercanías de la vereda Potosí, de la inspección de Anaime, a más de una hora del casco urbano de Cajamarca, en límites de Tolima y Quindío el 10 de abril de 2004. En el segundo, se vieron comprometidos miembros del ejército, adscritos al Batallón Boyacá en Nariño, y agentes del Gaula del mismo departamento, hechos en los que murieron 7 agentes de este último y cuatro civiles en medio de un cruce de balas entre estos, el 19 de marzo de 2004.

A continuación reseñamos algunas de las violaciones masivas a los DDHH ocurridas en los últimos 4 años:

• Desarrollo de operaciones militares indiscriminadas: justificadas por la presencia de un actor armado ilegal y por el supuesto apoyo de la población civil a este actor armado. Durante el año 2002, en la ciudad de Medellín se realizaron 19 operaciones militares de este estilo, como las operaciones mariscal y orión en la Comuna 13, y entre enero y agosto del 2003 se han realizado más de 25 operaciones similares en distintos lugares del país.


• Despliegue de un amplio pie de fuerza: combinación de todas las unidades de inteligencia, de campaña, redes de informantes, redes de cooperantes, testigos a sueldo, organismos de control, de tal forma que la responsabilidad individual ante un caso violatorio de DDHH pueda ser ampliamente diluida, asegurando así la impunidad de los posibles excesos y violaciones por parte de los organismos estatales de seguridad involucrados. Como ejemplo, en las operaciones mariscal y orión de Medellín, participaron: el Ejército Nacional, la Policía Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana FAC, el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía CTI, la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía URI, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, los testigos pagados por las autoridades militares, la red de informantes, los desertores de grupos armados ilegales, el Bloque Cacique Nutibara de las AUC y el Bloque Metro de las AUC[4].


• La población civil como objetivo central de las operaciones: en Arauca, Sucre y Bolívar se realizaron "pescas milagrosas", redadas de 2.000 y 2.500 personas, para terminar judicializando a 50. Un ejemplo de ello lo encontramos en el Departamento de Arauca:

DETENCIONES MASIVAS REALIZADAS POR EL EJÉRCITO, DAS, CTI, FISCALÍA DENTRO DE LA POLÍTICA DE SEGURIDAD DEMOCRÁTICA

Fuente: Foro Social Humanitario; Efectos del Plan Colombia y la Seguridad Democrática en la Región del Arauca y el Oriente, Agosto 3, 4 y 5 del 2005. Pág. 13.

• Sometimiento de los organismos de control e investigación a las lógicas, intereses y necesidades militares, para asegurar la impunidad: si algún funcionario judicial se sale de las reglas de juego debe asegurarse que sea relevado de las investigaciones, y los testigos pagados e informantes reciben claras indicaciones con respecto a quienes deben señalar y acusar al momento de hacer los 'reconocimientos en fila'. El caso de Arauca es representativo de esta situación: "la utilización del publicitado plan de reinserción que no es otra cosa que un grupo de delincuentes al servicio de la Brigada XVIII y de la Unidad Especializada de la Fiscalía, quienes a cambio de dinero y beneficios jurídicos se convierten en testigos que gozan de su credibilidad para sembrar el terror judicial, acusar y señalar a los dirigentes sociales y sindicales como auxiliadores de la guerrilla"[5]. El caso de Arauca llama la atención en la medida que es evidente la subordinación del poder judicial al militar y ejecutivo. La mayor expresión de esta situación, es el hecho que las llamadas Estructuras de Apoyo de la Fiscalía se encuentran al interior de la Brigada XVIII, Batallón Reveis Pizarro. En esta situación ¿quién se atreve a denunciar las violaciones cometidas por la Brigada XVIII y la Brigada Móvil No. 5 adscrita a la misma?


• Cooptación total de la agenda informativa y comunicativa: los medios de comunicación están autorizados para difundir solamente las versiones oficiales de la guerra, en gran parte porque los principales medios masivos de comunicación pertenecen a los imperios económicos nacionales, los cuales respaldan abiertamente el gesto militar y beligerante de la política del actual gobierno.


• Militarización de la vida civil: retenes militares, allanamientos, registros, detenciones, ocupación militar de escuelas, parques, centros culturales y recreativos, instalación de redes de informantes, entre otros, garantizan que la cotidianidad, la convivencia y las relaciones sociales estén controladas por las lógicas de la guerra estatal y por los modelos de control implementados desde el Estado. A ello hay que sumarle la militarización de la vida diaria que establecen los grupos al margen de la ley en zonas en las cuales tienen pleno dominio.


• Represión de la oposición política y social: todo el que no comparta y se oponga a las políticas oficiales es considerado un traidor del régimen estatal y un colaborador de grupos guerrilleros y de acciones terroristas, los cuales bajo la lógica del presidente Uribe deben permanecer vigilados y controlados. Ello es una evidencia del 'Estado Social de Derecho' que propone el actual gobierno y de la idea de democracia que persigue: la eliminación de la oposición política.


• Instalación de grupos paramilitares en los 'territorios recuperados': por medio de la legalización y legitimación del paramilitarismo se busca consolidar rápidamente los territorios bajo su control. El proceso de 'reinserción' deberá asegurar la legalización de sus bienes y propiedades, conseguidos a través del ejercicio de la violencia y garantizar la impunidad de sus crímenes. (Ver Titulo Dialogando o Paramilitarizando, Pág. 30)


• Jóvenes asesinados en Ciudad Bolívar y Cazucá: durante el 2005 más de 300 jóvenes fueron asesinados en Ciudad Bolívar y Cazucá (este último es el mayor punto de recepción de población desplazada por la violencia en Bogotá). El principal actor de este magnicidio han sido los paramilitares, dirigidos por Martín Llanos y el Bloque Centauros. Esta problemática contrasta con la alta presencia de policía y militares en toda la localidad, quienes tienen gran cuota de responsabilidad en la violación de derechos de la población juvenil. Entre éstas, cabe destacar las violaciones ejercidas por la policía a través de 'la perrera' o Unidad de Control al Contraventor (de aquí en adelante UCC) y la Unidad Permanente de Justicia (de aquí en adelante UPJ), esta última dependencia directa de la Secretaría de Gobierno y no de la policía como muchos creen. Lo cierto es que, en los territorios de Cazucá y Ciudad Bolívar, se hace obvia la estrategia sistemática de eliminación, control y masacre de la población juvenil. Según Indepaz, "las cifras hablan de cerca de mil niños y jóvenes asesinados en los últimos años, sin contar los cientos de desaparecidos, que en un sólo periodo (agosto de 2003 a agosto de 2004) sumaban 620 casos reportados"[6]. Estas cifras contrastan con las reportadas por Medicina Legal, según la cual la cifra de homicidio de jóvenes suma 114 en el periodo de enero a octubre de 2005[7].


• Asesinatos en la Comunidad de paz de San José de Apartadó: el 21 de febrero de 2005 fueron asesinados 8 civiles, entre ellos cuatro niños, a manos de la Brigada XVII[8] del Ejército Nacional. Las víctimas pertenecían a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Ellos, al igual que Arlen Rodrigo Salas David, asesinado el 17 de noviembre de 2005 y Edilberto Vásquez Cardona, asesinado el 12 de enero de 2006, se suman a la larga lista de víctimas de esta comunidad que, desde su proceso de fundación, el 23 de marzo de 1997, llega a más de 130 víctimas. A ello se suma un sinnúmero de acciones militaristas cuyos principales actores han sido los paramilitares y la "fuerza pública", incluso en operaciones conjuntas o portando doble fusil; uno con el que patrullan como militares y el otro como paramilitares.

De estas acciones se destaca la violación a la declaración de la comunidad referente a no participar en la guerra y no colaborar con ningún actor armado, la violación al DIH, en la medida en que no se aplica el principio de distinción, y la sistemática campaña de estigmatización y deslegitimación a la que se han visto sometidos los pobladores de la comunidad, en cabeza del presidente y su ex ministro de Defensa, Jorge Alberto Uribe, quienes los han tildado de colaboradores de la guerrilla, poniendo en peligro las vidas de las y los miembros de la comunidad.

A esta política de hostigamiento y persecución se le debe agregar los bombardeos, especialmente los de diciembre de 2004 y enero de 2005, en los cuales se ha puesto en riesgo la vida de 200 campesinos; los bloqueos económicos, cuyo principal componente ha sido el bloqueo al ingreso de alimentos; los montajes del ejército para inculpar a miembros de la comunidad, tildándolos de guerrilleros de las FARC a través de testigos a sueldo o torturados.

Llama la atención de toda esta situación, la complicidad en la que han actuado militares y paramilitares, complicidad que ha solicitado investigar ante el gobierno colombiano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así la describió Alfredo Molano: "Los paramilitares son la punta de lanza del ejército y el ejército la punta de lanza del capital. Sanear una zona equivale a sembrar el terror para que la gente desaloje y el capital puro o impuro entre a apropiarse de tierras, ganados, mejoras... La cuestión va más allá. Detrás del desalojo hay un plan previsto: el cultivo a gran escala de palma africana"[9].

Estos ejemplos nos muestran como el actual gobierno, en asocio con la clase política, económica y los grandes medios de comunicación, ha colocado a Colombia en el umbral de un Estado autoritario y paramilitar, sometiendo a los excluidos del campo y la ciudad, a las organizaciones comunitarias y sociales, a las ONG defensoras de DDHH, a la cooperación internacional no gubernamental, y a los sectores políticos y académicos democráticos, a su modelo represivo y de control social, basado en el uso de lo militar como principal componente.

La estrategia de llevar la presencia del Estado a todos los rincones del país es otra evidencia de la política de militarización que ha perseguido el actual mandatario, buscando de esta manera llenar a las poblaciones históricamente abandonadas y empobrecidas por el Estado colombiano de militares, tanques, aviones y armas. Todo ello contrasta con la pretendida negación del conflicto armado interno que ha abanderado directamente Álvaro Uribe Vélez.

Lo paradójico de toda esta acción militar, bajo el turbio argumento de la 'seguridad' como fundamento para el desarrollo del país, es que el pie de fuerza del Estado ha crecido, con todo y el desangre económico que ello representa, sin vislumbrar un horizonte claro para la terminación de la guerra. Por el contrario, la confrontación se ha agudizado, pese a que las cifras oficiales pretendan mostrar lo contrario, y las violaciones a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario siguen siendo un tema de preocupación.

Tampoco es claro un debilitamiento de las guerrillas, las cuales siguen ejerciendo pleno poder en ciertas zonas, como es el caso del sur del país, donde pese a la segunda fase del Plan Colombia, llamada Plan Patriota, con el cual se ha hecho un despliegue de 17.000[10] hombres fuertemente armados, aún las guerrillas, concretamente las FARC, decretan paros armados, como el ocurrido en el departamento de Putumayo en enero del presente año o el que actualmente se viene presentando en el departamento de Arauca. Esta es evidencia suficiente para demostrar que la política de 'seguridad democrática' es un fracaso y que su implementación ha tenido más bien el fin de beneficiar a los grandes sectores económicos y políticos nacionales e internacionales.

PRESUPUESTO PARA LA GUERRA.

Lo primero que hay que decir con relación a los presupuestos de la guerra es que al respecto solo es posible hacer aproximaciones. La principal razón tiene que ver con el acceso limitado a la información, debido al celo que de ella hacen los diferentes entes de seguridad del Estado, bajo el argumento de la 'seguridad nacional'. Ello no es más que la evidencia de la intocabilidad que tiene lo militar en Colombia, donde contradecirlo o controvertirlo es maliciosa y maniqueamente interpretado como un acto de 'rebelión' según los términos utilizados por ellos. Lo cierto es que, aún cuando se haga solamente una aproximación de los presupuestos de la guerra, resulta alarmante a primera vista lo escandaloso de las cifras y la ausencia de control institucional a las finanzas militares.

Por su parte, es igualmente difícil determinar los presupuestos de los actores ilegales, pues como lo señala este último calificativo, sus finanzas están por fuera de los registros 'legales'. De éstos, el único registro existente es el de los celosos reportes oficiales, basados en la calculadora inteligencia militar, que los utiliza como estrategia de guerra, a través de la mediatización que de ellos hacen, generando imaginarios falsos sobre el oponente.

Lo importante a resaltar con los presupuestos para la guerra, es que de ellos se hace depender los recursos que se destinan a problemáticas sociales tales como la pobreza, el desempleo, la salud, la educación, entre otros. Lo cierto es que los presupuestos militarizados no son un fin en sí mismo, sino que tienen que ver con la perpetuación e instauración de poderes políticos y económicos bien determinados en el mundo.

La centralidad de la política de seguridad en el plan de gobierno y su horizonte eminentemente bélico orientó buena parte de los recursos institucionales y presupuestales de la nación y le marcó perfiles claramente militaristas a la gestión pública.

Para el año 2004, el presupuesto general de la nación era de $77,6 billones de pesos, de los cuales $27,8 se destinaban a cubrir los servicios de la deuda pública interna y externa, y $8,5 a cubrir actividades de defensa y seguridad nacional. Sólo $33 billones correspondían a la llamada política social (salud, vivienda, pensiones, educación, obras públicas, recreación y deporte, ciencia e investigación, entre otros) mientras 1,6 millones de niños colombianos no tienen los suficientes recursos para acceder a la educación y 16,7 millones de colombianos se encuentran por fuera del sistema de salud.[11]

Otros datos señalan que entre el 2003 y 2004 el gasto en defensa alcanzó 5.4% del PIB, del cual 2.1% correspondió a las Fuerzas Militares, 0.3% para otras entidades de las Fuerzas Militares, 1.2% para la Policía, 1.1% en seguridad privada legal y 0.7% con base en la ayuda estadounidense[12].

Llama la atención, como se señala en las memorias de la IV Plenaria de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, que "según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, el número de vigilantes privados legales, 130.000 hombres, supera el pie de fuerza policial, 100.000 hombres, y que podría haber otros 40.000 hombres afiliados a empresas no registradas en la Superintendencia". De esta Plenaria cabe destacar una de las conclusiones con respecto a los costos de la guerra, a saber, que el 22% de los impuestos recaudados son destinados para ésta[13]. Estos datos contrastan con lo afirmado por el presidente Uribe quien dice que el porcentaje de gasto militar representa sólo el 3.3% del PIB.[14]

En el 2005 la tendencia no cambió como se evidencia a continuación: "de acuerdo con las cuentas nacionales, en los rubros de defensa, seguridad y justicia y servicio de la deuda, aparece un gasto presupuestado para el 2005 del 45% del PIB"[15], ello frente a un risible 15% en gasto social. Esta situación de deterioro de la esfera social frente al fortalecimiento de los aparatos militares da cuenta de la crisis humanitaria por la que atraviesa el país, condición que se establece como elemento determinante para el permanente sostenimiento de la guerra, haciéndose evidente la directa proporcionalidad entre el empobrecimiento y la agudización del conflicto armado colombiano.

De esta manera, el plano social es el principal sacrificado y el campo donde el gobierno tiene la principal fisura en términos de legitimidad, ya que su alianza básica es con las élites tradicionales del poder económico y su interés está puesto en los ajustes fiscales que afectan significativamente a amplios sectores populares de la sociedad colombiana. Los indicadores sociales son en buena parte negativos: aumento de la pobreza absoluta, disminuciones muy leves en las tasas de desempleo con un aumento en la tasa de subempleo, crisis en la salud, deterioro de la calidad de la educación a expensas de la ampliación de cobertura, disminución de los presupuestos para cultura, ciencia y tecnología, y abandono casi total de la política universitaria. A ello se le suma la implementación del IVA en productos de la canasta familiar que antes se encontraban por fuera de éste y la intención de grabar la mayoría de estos para el 2006-2007 con la nueva reforma tributaria propuesta para el 2006.

Resulta paradójico que pese al crecimiento económico presentado para el año pasado de 2.5, que se traduce, según el Departamento Nacional de Planeación, en 2 millones de pobres menos, los índices sociales sigan tan alarmantes. Dicho crecimiento económico es una evidencia de que la política anti-pobreza del actual gobierno distribuye la pobreza pero no la combate con soluciones de fondo, tales como la redistribución de la riqueza. Por el contrario, esos 2.5 puntos de crecimiento siguen engrosando las arcas de la pequeña minoría dueña del país. La otra parte, la gran mayoría de empobrecidos, debe conformarse con la siguiente operación: "la misma torta repartida en partes mucho más pequeñas". Ese es el crecimiento económico del que hablan las cifras oficiales.

En cambio, se avanza en la reestructuración de las fuerzas armadas, que no consiste únicamente en aumentar el pie de fuerza (hasta finales del 2004 se sumó un total de 357. 000 efectivos), sino que comprende también el incremento de la tecnología, las comunicaciones, el mejoramiento de los equipos, el armamento y la capacidad de movilización de las tropas, la creación de nuevas unidades militares en regiones de precaria presencia estatal, la profesionalización de las unidades de combate, la fumigación de cultivos especialmente en zonas de presencia insurgente, y mayor presencia de asesores civiles y militares estadounidenses[16].

Desde finales del 2003 se está ejecutando la segunda fase del Plan Colombia, denominado Plan Patriota: la más grande ofensiva militar de los gobiernos de EEUU y Colombia contra las FARC en los últimos 40 años. En su aplicación, EEUU ha invertido más de 3.500 millones de dólares en los 3 años anteriores y para el 2005 se tramitaron otros 700 millones que se sumaron a los $11,8 billones aprobados del presupuesto nacional para la guerra. Para el año 2006 y con relación al rubro anterior, según Más Allá del Embrujo, "la administración estadounidense le presentó al congreso un paquete de asistencia para Colombia por US700 millones, que deben ejecutarse a lo largo del 2006. Cerca del 80% de tal ayuda se concentra en rubros para el fortalecimiento del ejército y la Policía Nacional, y para apoyar la presencia de personal militar estadounidense en nuestro territorio"[17].

Las acciones contrainsurgentes son desarrolladas por fuerzas combinadas del ejército norteamericano, militares y paramilitares colombianos; no se trata solamente de dar entrenamiento, asesorar, financiar y brindar ayuda técnica al gobierno en su lucha contrainsurgente, con el objetivo de derrotar militarmente a la guerrilla en el sur del país (Meta, Guaviare, Caquetá) y llevarla a la mesa de negociaciones. Cabe señalar que dicho plan va de la mano con los intereses económicos inherentes al Tratado de Libre Comercio, cuyo objetivo fundamental es asegurar el dominio económico, político, militar, social y cultural del país para los intereses de la oligarquía colombiana, los grandes consorcios internacionales y los EEUU que ven en la firma de un acuerdo de libre comercio la oportunidad de realizar multimillonarios negocios que les permiten acumular enormes fortunas. Mientras el gran capital se enriquece el resto de los colombianos se queda con el desmonte de las conquistas laborales de tiempo atrás y con las leyes que regulan el mercado laboral en beneficio de los patrones, los despidos de miles de trabajadores al servicio del Estado, la mercantilización de la salud y la educación, la reforma del régimen de pensiones, la aprobación de nuevos impuestos en el Congreso, la ruina de la pequeña y mediana industria y del agro, nuevas privatizaciones en sectores estratégicos para el desarrollo y la soberanía nacional, el abandono de las responsabilidades sociales del Estado y su entrega a manos privadas y la feria de los recursos naturales. Además de todo lo anterior, juega un papel importante la ubicación estratégica, desde el punto de vista político, económico y militar de Colombia, para la incursión en Latinoamérica por parte de EE.UU.

Otra fuente de financiación de la guerra en Colombia, tiene que ver con la estrategia de profesionalizar las Fuerzas Armadas y la relación que tiene con el reclutamiento y la definición de la situación militar de todos los barones colombianos. Esta tendencia se hace más evidente con la llegada al poder de Álvaro Uribe Vélez y su política militarista de la mal llamada seguridad democrática. Así lo afirmó el representante a la Cámara Wilson Borja en la Asamblea de Objeción de Conciencia realizada en enero de 2004:

"Realmente el Servicio Militar Obligatorio se ha vuelto un negocio para el Estado. Si se miran las estadísticas, vemos que de 434.000 jóvenes que salen del bachillerato, sólo salen aptos para prestar el SMO 175.000 y los demás tendrían que pagar (cuota de compensación militar). ¿Qué tal si se le sumara lo de la propuesta de incluir a las mujeres, que de hecho es inconstitucional?"[18].

Podemos ver de esta forma que la tendencia consiste en vincular menos jóvenes a las fuerzas armadas del Estado, y a cambio cobrarles la cuota de compensación militar, cuya estrategia se complementa con hacer de la libreta militar un requisito cada vez más indispensable. Esto se evidencia en el Informe de Derechos Humanos de Niños y Niñas en el 2004, cuyos cuadros reproducimos a continuación.

PERSONAS LLAMADAS A DEFINIR SERVICIO MILITAR

CUOTA DE COMPENSACION MILITAR

LA POBLACIÓN COLOMBIANA: ¿CIVILES O COMBATIENTES?

Otra característica específica de la política de Uribe ha sido la estrategia de vincular la población civil a la lógica del conflicto armado, reduciendo la autonomía ciudadana frente al Estado y los grupos irregulares y eliminando, en la práctica, la distinción entre la fuerza pública y la sociedad civil.

En los estados de derecho la fuerza pública está encargada de salvaguardar el orden público y de librar las guerras contra los enemigos internos y externos, pero el actual gobierno colombiano está convirtiendo la guerra en un asunto de todos por medio de la vinculación de los civiles a tácticas de inteligencia militar, como la vigilancia, el control y la información sobre lo que, a juicio de estas personas, pueda parecer sospechoso o peligroso. De esta manera se ha venido consolidando la red de (casi 5 millones de) informantes, los programas de recompensas, los frentes de seguridad ciudadana[21] y las agencias privadas de seguridad[22]. Además, se desconoce de plano el principio de distinción, postulado básico del DIH, según el cual, para proteger a la población civil hay que diferenciar con toda claridad a los combatientes de los civiles.

Silenciosamente la sociedad colombiana se está convirtiendo en una sociedad vigilada y vigilante, donde las confianzas entre vecinos y las viejas lealtades solidarias se fracturan, porque cualquiera puede ser el sospechoso, el enemigo, el informante. La consecuencia es la destrucción del tejido social y la desaparición de la organización social y las acciones colectivas.

Esta fractura de tejido social contrasta con la proliferación de discursos y símbolos patrióticos que son utilizados como táctica de guerra, que tocan la esfera de los sentimientos y convocan un imaginario de unidad y cohesión nacional, que a su vez asegura la lealtad ciudadana con el Estado y la obediencia a los mandamientos de su presidente.

Esta práctica de involucrar a la población civil en la lógica de la guerra ha llevado a un peligroso juego de polarización social. De una parte, el gobierno considera como un deber absoluto la colaboración de los civiles con la fuerza pública, pero al asignarle a la población civil una función militar en el conflicto armado, expone a esas personas a ser blanco de los ataques de las guerrillas. De otra parte, a la población que se resiste o que denuncia las estrategias de militarización y vinculación de la población civil al conflicto, la considera sospechosa de colaborar con las fuerzas insurgentes del país, convirtiéndola en enemiga y, por tanto, en blanco de ataques oficiales.

El presidente Uribe y altos funcionarios de su gobierno se han empeñado en una campaña sistemática de desprestigio y estigmatización pública de las organizaciones sociales y de DDHH, llegando al extremo de satanizar toda actitud crítica, y señalar públicamente a estas organizaciones como 'voceras o cómplices del terrorismo'.

Colombia se destaca como el ejemplo más extremo de la táctica de utilizar medidas supuestamente destinadas a combatir a los grupos armados ilegales para perseguir, dar muerte y amordazar a los activistas de DDHH, por medio de allanamientos, interceptaciones de comunicaciones, detenciones ilegales o arbitrarias, montajes judiciales, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, entre otros.

Además, el gobierno cuenta con una mayoritaria colaboración de los medios masivos de comunicación que contribuyen con la manipulación de la información y la difusión de los montajes, a la par que guardan silencio sobre las persecuciones a defensores de DDHH y a las organizaciones sociales.

Cuando hablamos entonces de la militarización de la sociedad, no aludimos solamente al despliegue de la fuerza pública, a los soldados campesinos, a la proliferación de batallones de alta montaña y al incremento de los recursos logísticos, sino también, a esta tendencia de organizar la sociedad a la manera de un ejército ciego de ciudadanos-soldados obedientes y comprometidos en los escenarios bélicos.

A continuación, se exponen las situaciones de varios sectores de la población colombiana vinculada de múltiples formas al conflicto armado, como víctimas y victimarios / as.

NIÑOS Y NIÑAS CON JUGUETES DE GUERRA.

A pesar de las Convenciones de Ginebra de 1949 y la Convención de los Derechos del Niño, que prohíben el reclutamiento de niños menores de 18 años[23] o su utilización en hostilidades, al menos uno de cada cuatro combatientes irregulares de la guerra civil colombiana es menor de 18 años. De hecho, cada una de las fuerzas irregulares en conflicto continúa violando claramente sus propios reglamentos sobre la edad mínima para el reclutamiento, de tal forma que el fenómeno de incorporación de niños/as en las filas tanto de la guerrilla como de los grupos paramilitares ha aumentado significativamente en los últimos años.

Hacia la década de los noventa, la guerrilla y los paramilitares iniciaron sus grandes campañas de reclutamiento. En 1996, la Defensoría del Pueblo publicó un informe que daba cuenta de esta situación, en el que concluyó que hasta el 30% de las unidades guerrilleras estaban compuestas por niños/as. Se cree que, en las milicias urbanas, la mayoría de los reclutas, al menos el 85%, son menores de 18 años[24].

Aunque no hay datos precisos sobre el número de niños/as vinculados al conflicto armado en Colombia, Human Rights Watch[25] calcula que la cifra total de menores combatientes supera probablemente los 11.000, siendo éste un cálculo que puede estar significativamente debajo de la cantidad real. Debido en parte a que se trata del grupo armado más numeroso, la mayoría de los niños combatientes forman parte de las FARC-EP (este grupo tendría en sus filas más de 4.100 niños, sin contar los de las milicias urbanas, que serían otros 3.300, lo que sumaría 7.400, más de una cuarta parte de los efectivos estimados del grupo). Con respecto al ELN se calcula que al menos un tercio de sus combatientes son niños/as, es decir, 1.480 de ellos, y en cuanto a los paramilitares se calcula que al menos el 20% de sus efectivos son niños/as[26]

Human Rights Watch ha entrevistado incluso niños que tenían hasta ocho años cuando empezaron a combatir. Al cumplir los 13 años, la mayoría de los menores reclutas habían sido entrenados en el uso de armas automáticas, granadas, morteros y explosivos (bombas de cilindros de gas y minas antipersonales).

Los reglamentos internos de las FARC-EP estipulan los 15 años como edad mínima para el reclutamiento, en consonancia con las normas del DIH; sin embargo, más de dos tercios de los excombatientes cuentan que se unieron al grupo cuando tenían 14 o menos años, y la mayoría de ellos fueron reclutados después de la promulgación de estos reglamentos en 1999.

Las reglas del ELN permiten que los menores de 15 años participen en las "actividades revolucionarias", pero no en las hostilidades. En 1996, se aumentó la edad mínima oficial de reclutamiento en su fuerza militar a 16 años. Aún así, la mitad de sus ex miembros entrevistados, se unieron al grupo cuando tenían 14 o menos años.

Por su parte, los paramilitares pagan a sus reclutas un salario financiado con los ingresos del narcotráfico, la extorsión y las contribuciones. Tampoco allí se acatan a cabalidad los reglamentos establecidos en lo que a edad de reclutamiento se refiere.

La mayoría de los niños combatientes colombianos se unen a la guerrilla o a los paramilitares por voluntad propia. No los obligan con amenazas y tampoco los coaccionan ni sus familias ni actores armados. En el caso de la investigación realizada por Human Rights Watch, de los 112 entrevistados, sólo 13 niños o jóvenes mencionaron que los habían forzado físicamente a incorporarse a un grupo armado; sin embargo, es difícil asegurar con firmeza que el resto tomó la decisión libremente, más bien, parece condicionada por las precarias condiciones del contexto inmediato.

Todos los grupos armados irregulares de Colombia reclutan a mujeres y niñas para el combate. De hecho, más de una cuarta parte de los 112 menores excombatientes entrevistados por Human Rights Watch eran niñas, la mayoría excombatientes de las FARC-EP. Según testimonio de las exguerrilleras, las unidades de las FARC-EP tienen habitualmente entre una cuarta parte y casi la mitad de mujeres, y pueden contar con niñas de hasta ocho y nueve años de edad. La proporción es similar en el caso de la UC-EPL y para el caso de los paramilitares, estos suelen tener una proporción mucho menor de mujeres y niñas que la guerrilla

En 2003, Colombia recibió más de 750 millones de dólares en ayuda de Estados Unidos, la mayoría de la cual estaba destinada a la asistencia militar y policial; sin embargo, los niños excombatientes paramilitares sugieren que el personal militar colombiano continúa colaborando en su entrenamiento, están en estrecho y permanente contacto con sus comandantes y, en ciertos casos, combaten junto a ellos. Al respecto es importante tener en cuenta, las condiciones de la asistencia militar de países como Estados Unidos, en razón a la cooperación continuada de las unidades del ejército colombiano con los grupos paramilitares y sus graves violaciones de los Derechos Humanos.

En el año 2001, la Agencia Internacional para el Desarrollo comprometió un paquete inicial de 2.5 millones de dólares para asistir al gobierno de Colombia en el mantenimiento de centros de reinserción social para niños excombatientes. Esta cantidad se duplicó en el 2003 y se destinó al programa de rehabilitación del ICBF, la formación de los empleados del sistema de justicia de menores sobre el trato especial necesario para los niños combatientes, la aplicación de una estrategia de prevención con el objetivo de disminuir la participación de los niños en el conflicto armado, y el desarrollo de un plan de contingencia para una eventual desmovilización.

La pregunta es ¿por qué los actores armados reclutan niños? según el senador Rafael Orduz Medina, quien ha propuesto leyes para la protección de los niños excombatientes, "los niños son especialmente útiles en la guerra ya que muy pocas veces calculan los riesgos, se adaptan fácilmente a un ambiente violento, comen menos, ganan menos y siempre están dispuestos a obedecer"[27].Además, en caso de captura a los menores no se les puede imputar una pena o castigo igual al de un combatiente adulto, y sin embargo, puede causar igual daño que aquel.[28]

MUJERES SIN TREGUA, NI EN TIEMPOS DE PAZ, NI EN TIEMPOS DE GUERRA .

Hasta la primera guerra mundial, las mujeres, los niños y niñas, hacían parte del grupo de víctimas de los conflictos como participantes de segundo orden (ayudantes marginales, integrantes de grupos auxiliares y bajo mando militar, haciendo parte exclusivamente del personal sanitario). Sin embargo, hoy, un número creciente de mujeres actúan en condición de soldados[29].

Ahora bien, los efectos específicos de las mujeres en las guerras y las modalidades de su participación en las mismas comenzaron a ser visibles en el siglo pasado. Sin embargo, aún hoy los mecanismos e instrumentos internacionales de Derechos Humanos, utilizados por las organizaciones de mujeres, no son suficientes para atender las realidades que caracterizan la situación de la mujer en contextos de guerra.

La violencia sexual, en sus diversas modalidades, es utilizada tradicionalmente como una estrategia de guerra. Todos los actores armados (paramilitares, guerrillas y fuerzas del Estado) utilizan la violación como arma de guerra, convirtiendo el cuerpo de las mujeres en territorio de apropiación para fines privados y sexuales.

Para citar algunos casos, veamos los siguientes: la violación sexual de dos niñas en Sonsón (Antioquia), atribuida a miembros de la IV Brigada del Ejército Nacional en julio de 2004; y la desnudez forzada y el intento de violación sexual de dos jóvenes indígenas de la etnia Embera Wounaan, por parte de soldados del Batallón Alfonso Manosalva Flórez en el Chocó, en marzo del mismo año (Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los Derechos Humanos en Colombia. E/CN.4/10.2005.28, 2005: Pág. 59).

Cabe señalar que, en situaciones de conflicto armado, la esclavitud sexual, la prostitución, el embarazo y los matrimonios forzados, la imposición de conductas morales por la fuerza, la mayor exposición a enfermedades de transmisión sexual, e incluso, la vulnerabilidad de sus organizaciones familiares, sociales y comunitarias, configuran actos de violencia contra las mujeres.

En cuanto a la prostitución, en las guerras, las mujeres han sido contratadas para satisfacer las solicitudes sexuales de las tropas, y en muchos casos, obligadas a su confinamiento en el campo de batalla.

Los actores armados también amenazan y ultrajan a las mujeres por ser solidarias con sus compañeros y por defender a sus hijos/as del reclutamiento forzado. En el departamento del Tolima, por ejemplo, las mujeres y sus familias huyen para evitar el reclutamiento de sus hijos y en especial de sus hijas, que ahora son requeridas a partir de los 12 años y bajo el criterio de cumplir determinados patrones estéticos ("que sean mujercitas"). Las madres señalan el riesgo de que sus niñas sean obligadas no sólo a combatir sino a servir de esclavas sexuales[30].

Otro tipo de agresión que se viene manifestando particularmente desde el mandato del actual gobierno, ha sido la imposición de códigos de conducta, particularmente por parte de los grupos paramilitares, que obligan a las niñas a vestir y a comportarse de una manera específica, pues, de lo contrario, son señaladas como objetivo militar (Coalición 2005b: 29).

"Cuando los paramilitares entraron, sacaron listas de personas en los postes. Las acusaban de vicio. Dicen que por lesbianas y homosexuales, o porque son mujeres infieles [...] Han prohibido que las muchachas lleven ombligueras y descaderados. [...] En San Francisco a una muchacha en noviembre de 2002 le arrojaron ácido en el ombligo" (Amnistía Internacional 2004: Pág. 45).

La imposición de códigos de conducta por grupos paramilitares ha crecido por la convivencia que, en muchos lugares del territorio, tienen con la fuerza pública (Alto Comisionado E/CN.4/2005/10: párrafo 22). En zonas donde la presencia militar se ha incrementado (como Altos de Cazucá en Ciudad Bolívar y Soacha, y otras zonas en Arauca, Bolívar y Antioquia), también han aumentado las denuncias de la población por restricciones a sus libertades sexuales (Coalición, 2005b: Pág. 29). Pobladores del departamento de Arauca y Altos de Cazucá han manifestado a los miembros de organizaciones defensoras de derechos humanos que, a partir de la creciente militarización desde el año 2002, los miembros de las fuerzas militares presionan a las adolescentes a establecer relaciones sentimentales con ellos. Esto ha forzado el desplazamiento de muchas familias para no ser objeto de retaliaciones (Coalición, 2004).

En el departamento de Arauca, zona rural del municipio de Tame, dentro del resguardo indígena de Betoyes, miembros de la Brigada de Contraguerrilla Nº 5, adscrita al Ejército Nacional, ocuparon parte de la escuela y en sus paredes hicieron dibujos de carácter sexual que vulneraban gravemente la figura femenina, causando en los niños y niñas que asisten a las clases un impacto psicosocial altamente negativo (Coalición, 2004: Pág. 65). Las agresiones sexuales de ese tipo buscan causar terror entre la población, demostrar la superioridad de los actores armados sobre la misma y utilizar el cuerpo femenino como un blanco de agresión cultural. Este tipo de violencia, ejercida en este caso por el Ejército Nacional contra la comunidad y contra el cuerpo de las mujeres indígenas, afecta la cosmovisión cultural y la significación de lo sexual en sus niños y niñas.

En general, estas agresiones tienen tres justificaciones:

"1. Por relacionarse con los que consideran el adversario, bien sea porque les prestan servicios de cocineras, lavanderas, compañeras sexuales o simplemente por hablar con el oponente, o ser parientes de ellos; 2. Por desafiar prohibiciones impuestas por los grupos armados, como no usar determinado tipo de ropas, asistir a fiestas o reuniones sociales, socorrer a heridos durante combates o ir a preguntar por sus detenidos, sus muertos o sus desaparecidos; y 3. Por ser consideradas un blanco útil a través del cual pueden humillar al enemigo." (Amnistía Internacional 2004: 1).

Otra de las formas de violencia contra las mujeres que ha cobrado fuerza durante los últimos años es el fenómeno de las amenazas selectivas a las organizaciones de mujeres y a sus dirigentes por parte de actores armados, interesados no sólo en atentar contra el derecho a la vida, sino también contra la fuerza comunitaria de sus organizaciones y redes tendientes a la resistencia activa frente a la guerra y la violencia. Esta violencia sociopolítica incluye no sólo amenazas, sino también asesinatos, atentados, desapariciones forzadas y torturas.[31]

ANIQUILAMIENTO DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS.

La cultura de los pueblos indígenas ha sido permanentemente invisibilizada en los contratos y negociaciones que el gobierno ha desarrollado con las diferentes transnacionales y multinacionales, debido a que se ha desconocido su participación, negándoles el derecho a ser consultados y reconocidos como parte fundamental de dichos procesos. Esta situación ha revivido la discriminación étnica, expresada en la aniquilación de los pueblos indígenas ancestrales representantes fieles de nuestros orígenes latinoamericanos que se resisten a desaparecer física y culturalmente.

La comunidad Guahiba, conformada por los Macaguanes, Sikuanis, Cuibas, Betoyes y Guahibos Playeros, ha sido una de las afectadas en el encuentro cultural con el "blanco", ya que las políticas estatales generaron una agresión permanente, pues sus territorios infortunadamente fueron objeto de colonización y despojo por parte de los intereses de los blancos.

En un principio la usurpación de sus tierras fue producto de los planes nacionales de reforma agraria impulsados por el Estado a través del INCORA y posteriormente sufrieron la pérdida total de sus tierras y de sus lugares sagrados, objeto de interés para las multinacionales petroleras, como en el caso del área de Caño Limón y su "Santuario de la Laguna del Lipa". Además, la intervención ilegal que efectuó la Occidental de Colombia Inc. al territorio de este pueblo, con la complicidad del Estado, puso en confrontación su modelo social con el modelo capitalista, dejando como resultado la indigencia y marginación[32].

En el caso de la comunidad indígena U'Wa, la Occidental de Colombia, con la complicidad de los miembros del parlamento colombiano y los ministros de minas y energía y del medio ambiente, se apoderó de sus tierras. Frente a su exigencia social de restablecimiento de derechos, el Estado colombiano ignoró los espacios de encuentro intercultural, desconociendo documentos legales que demuestran que sus tierras están amparadas por cédulas reales otorgadas en el siglo XVII, optando por la fuerza y la violencia como único mecanismo para resolver el problema. Nuevamente la muerte, la desaparición, los desalojos, la persecución y el maltrato físico fueron las consecuencias para estos pueblos indígenas, demostrando así que en la región el Estado Social de Derecho no existe, lo que existe es la fuerza y la represión estatal.

Muestra de ello son las denuncias que se han hecho y que aquí mencionamos:

Según el Sistema de Información Geográfica del Centro de Cooperación al Indígena, Cecoin, entre 1974 y 2004 fueron asesinados 1.889 indígenas y 228 desaparecidos, situación que ha sido tildada por el relator especial de Naciones Unidas como etnocidio, en especial porque ha llevado a pueblos enteros al borde del exterminio. Tal es el caso de los Coreguaje en el Caquetá (actual epicentro del Plan Colombia) o el Tawano en la Amazonía, del cual sobreviven 22 personas.

En el marco de la Política de Seguridad Democrática se han cometido 609 homicidios contra miembros de los pueblos indígenas, el 30% de los ocurridos en los últimos treinta años sin que el Estado haya resuelto o procesado a los responsables, es decir, han quedado en la impunidad, violando permanentemente los Derechos Humanos y el DIH.

Según el texto 'Violencia Política contra los Pueblos Indígenas en Colombia 1974-2004', son más de 6.745 las violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario y a los Derechos Humanos[33], situación que se agudiza con la aparición del fenómeno paramilitar, el cual representa una vulneración más sistemática y con intenciones explícitas de disputarse el control territorial y el tejido social de las comunidades indígenas. La estrategia militar y el desarrollo de megaproyectos en sus territorios constituyen importantes factores asociados al conflicto armado, al igual que las iniciativas de inversión.

Uno de los casos que reflejan esta situación es el de los Embera Katío, afectados con la construcción de la represa Urrá I en la cuenca hidrográfica del río Sinú, proyecto asociado a un sinnúmero de violaciones a los Derechos Humanos, entre las cuales figura la desaparición del líder Kimy Pernía Domicó, el 2 de junio de 2001, a manos de las AUC[34].

El relator especial de la ONU para pueblos indígenas, Rodolfo Stavenhagen, en visita oficial realizada a Colombia entre el 8 y el 17 de marzo de 2004, señala en el informe presentado el 10 de noviembre del mismo año que: "El pueblo Embera Katío del Alto Sinú ha sufrido asesinatos, desapariciones y desplazamientos forzados, amenazas y destrucción de bienes en el marco de su resistencia a la construcción en su territorio de la represa hidroeléctrica de Urrá. Las medidas cautelares que a su favor ha demandado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no han sido cumplidas aún" (Stavenhagen 2004).

Actualmente se exploran yacimientos petroleros en territorios U´wa y Sicuani, se realizó la canalización del río Meta, se continúa con la extracción de carbón en La Guajira en territorio Wayú, y se estudia la iniciación de la represa Urrá II, entre otros proyectos, los cuales han contribuido a la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas de Colombia, haciendo del territorio indígena un botín de los actores armados y los grupos económicos nacionales y extranjeros que cuentan con el respaldo del Estado colombiano[35].

Algunas cifras, consignadas en el Foro Social Humanitario: Efectos del Plan Colombia y la Seguridad Democrática en la Región del Arauca y el Oriente, son las siguientes: [36]

COMUNIDADES CAMPESINAS E INDIGENAS DESALOJADAS DE FLOR AMARILLO A NOMBRE DE PARAMILITARES DURANTE EL OPERATIVO MILITAR DEL EJERCITO EL 26 DE ABRIL DE 2003

En cuanto a la legislación colombiana, se evidencia una tendencia a favorecer los intereses de las transnacionales y la empresa privada, en especial, en lo que se refiere a lo territorial, pasando por encima de los derechos constitucionales reconocidos para los pueblos indígenas del país, pero también sobre su cosmogonía y cosmovisión.

Las políticas adoptadas por el presente gobierno en materia de territorio son más que un problema cuantitativo, pues tienen que ver directamente con la posibilidad de las comunidades de ejercer la autonomía en el uso y disposición de su territorio, para garantizar el pleno ejercicio de los derechos según sus propias variables culturales. Un ejemplo claro de ello es lo planteado en el Plan de Desarrollo en lo relativo a la exclusión de la consulta y concertación con los pueblos indígenas, con lo cual se restringe la autonomía de las autoridades nativas y sus derechos territoriales, limitando a las comunidades a simples habitantes del territorio, despojándolas de la potestad de administrarlos y de paso quitándoles la disposición sobre los recursos naturales renovables.

Otros casos similares son la Ley Forestal, Proyecto 025 de 2004 de la Cámara y la Ley del Aguas, y el artículo 15 de la Ley 21 de 1991, Decreto 2164/95. Según lo planteado en esta última referencia, la propiedad de los recursos no renovables queda en cabeza del Estado, más específicamente, de sociedad de economía mixta del orden nacional denominada Empresa Promotora Colombiana de Bosques (Procolbosques), de la cual serán principales socias la entidades del sector financiero, minero y energético, que la manejarán comercialmente; mientras que la titularidad de la propiedad de los recursos renovables se encuentra en la comunidad que habita ese territorio, lo que significa que el Estado estará en capacidad de dar en concesión los recursos no renovables boscosos e hídricos a favor de los particulares que lo soliciten a la autoridad ambiental respectiva.

En algunos casos ni siquiera se garantiza la consulta previa a las comunidades, tal como acontece con una concesión minera en el cerro llamado Careperro, que comprende 1.800 hectáreas del resguardo Emberá Katío del río Murindó, en el Atrato Medio antioqueño, que el gobierno departamental entregó a la inversión privada sólo aplicando el código de minas sin respetar los mandatos de normas superiores que garantizan la consulta (Oficio 166705 del 10 de agosto de 2005, emitido por la dirección de titulación y fiscalización minera del Departamento de Antioquia).

El nuevo código de minas, Ley 685 de 2001, en los artículos 35 numeral f y 121 a 129, señala a las zonas mineras indígenas como zonas de exploración y explotación restringidas para el Estado y los particulares concesionarios; restricción que tiene un límite temporal para que la comunidad ejerza su derecho de preferencia en la explotación minera en sus territorios, pero el código no da posibilidades a las comunidades étnicas de negarse a realizar los proyectos, ya que si no explotan los recursos en un tiempo determinado, la inversión de capital lo hará, con el argumento que los recursos del subsuelo son de propiedad del Estado y por ende tiene la potestad de entregarlos en concesión a la iniciativa particular, que en últimas sería la verdadera beneficiaria de los recursos ubicados en territorios indígenas, desconociendo la autonomía, las necesidades y aspiraciones de los pueblos sobre sus territorios ancestrales, sin contar la explotación de los recursos de biodiversidad y la propiedad intelectual del saber ancestral de las comunidades indígenas, que persiguen las negociaciones sobre el ALCA y TLC[37].

SOBRE LA LÓGICA DEL CONFLICTO ARMADO DE ENAJENACIÓN: EL CASO DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ.

Ciudad Bolívar es una de las localidades de Bogotá donde la sociedad civil sufre diariamente un sinnúmero de vulneraciones a los Derechos Humanos, que no sólo tienen que ver con los actores armados ilegales. La legalidad constituye un Estado más efectivo para encubrir el autoritarismo, la arbitrariedad y el abuso del poder.

En 2005 se realizó un documento[38] con base en la sistematización, documentación y análisis de una serie de denuncias formuladas por jóvenes de la localidad. 32,6% de los comentarios se referían a situaciones relacionadas con la fuerza pública, entendida ésta como el personal de la Policía que se encuentra en los Centros de Atención Inmediata (de aquí en adelante CAI) de la localidad y en la Unidad Penal Juvenil (de aquí en adelante UPJ) del Distrito Capital. La información que se presenta a continuación resulta del proceso de sistematización, el cual contiene los datos extraídos de las tarjetas que se encontraron en el buzón de denuncias, el cual se abrió en presencia de la Personería Local y la Defensoría del Pueblo, además de varias instituciones oficiales, organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, organizaciones juveniles y comunitarias.

Según las tarjetas escritas por los y las jóvenes, el abuso del poder es la característica más común que se logra evidenciar en las acciones que emprende la fuerza pública en nombre del cumplimiento de su deber. Además, su papel no es claro para la sociedad civil y menos para los jóvenes, quienes sienten atropellados algunos de sus derechos más fundamentales, entre ellos, el derecho a la igualdad, a la libertad, a la equidad, a la libre expresión, a la libre asociación, al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad de conciencia, al uso y disfrute del espacio público, y particularmente, a la dignidad humana.

"La Policía abusa de su poder al recoger a los jóvenes sin preguntar, sólo porque quieren llenar la UPJ".

"Me quejo contra el abuso a los jóvenes, por obligarlos al Servicio Militar"

Este abuso de poder se materializa también, según la percepción de los y las jóvenes, en la arbitrariedad y el autoritarismo que impregnan los procedimientos rutinarios que son utilizados en contra de los diferentes sectores de la población. Las faltas al debido proceso resultan, en muchas ocasiones, parte de un reglamento interno cotidiano que prevalece sobre el legal.

Los y las jóvenes aparecen como un blanco en las redadas que se realizan por Unidades de Planeación Zonal (UPZ); portar un documento de identidad, ser menor de edad, pertenecer a una institución educativa, y no poseer antecedentes penales, no son condiciones que garanticen su seguridad, puesto que arbitrariamente son obligados a permanecer en un CAI o son trasladados a la UPJ, donde son detenidos alrededor de 24 horas.

"Denuncio al camión de la UPJ por recoger a los jóvenes sin pedir siquiera documentos para verificar antecedentes, sólo lo hacen para llenar ese antro"

La fuerza pública crea un ambiente de miedo que se ha fortalecido con el tiempo y con los imaginarios que construyen sus acciones. Su presencia y la percepción que tiene la población juvenil está relacionada con diversas formas de intimidación, ligadas a procedimientos donde predomina el vocabulario rudo, la agresividad o el uso de la fuerza, e incluso el maltrato físico en algunos casos, hasta el punto de poder entender las afirmaciones de los y las jóvenes como manifestaciones de "violencia policíaca".

"Abuso y violencia policial, estos encargados del orden, violan los derechos de los jóvenes, ya es hora de parar los atropellos sociales"

"Denuncio a la Policía Nacional que en vez de luchar por la gente, la aprisiona con instrumentos ilegales"

Los y las jóvenes asocian la fuerza pública con su negligencia frente a las problemáticas sociales, la falta de impacto que sus acciones denotan, y la corrupción e impunidad, que en algunos casos logra evidenciarse por la tendenciosidad y conveniencia que impregnan sus decisiones. Se tiene la impresión de que su tarea principal no es resolver conflictos o velar por la ley, sino involucrarse en ellos y pasar por encima de la normatividad que regula y limita sus acciones.

"Existe un vínculo entre la fuerza pública y los mafiosos que venden drogas"

"Denuncio a la Policía por llevarse muchachos que no han hecho nada y dejar a los que sí hacen cosas desagradables"

Además, en las acciones que emprende la policía, no se evidencia un trato diferenciado entre personas que, en efecto, han cometido delitos y quienes son detenidos arbitrariamente. Tampoco se permite establecer una conversación entre jóvenes y fuerza pública en condiciones de igualdad y equidad, no se procuran espacios para aclarar, explicar, preguntar, defenderse u objetar. Predomina la imposición y el autoritarismo, independientemente si la causa amerita o no el trato que se está recibiendo, es más, si existe o no causa real que justifique la decisión que toma la fuerza pública.

La estigmatización a la población juvenil y los espacios públicos que frecuenta, tanto en el día como en la noche, les impide transitar y ocupar su territorio con naturalidad y seguridad. Según los y las jóvenes, ciertas características suyas terminan por afectar su derecho a ser considerados y tratados como inocentes. Así, en el contexto de Ciudad Bolívar, la pobreza no es leída como una condición social, sino como un criterio para realizar juicios arbitrarios e injustos que en últimas llevan a prácticas de exclusión.

"Yo denuncio la injusticia a la que nos somete la Policía, ya que para ellos todos somos delincuentes y no tenemos derecho a ser inocentes"

Al respecto, es necesario revisar si la policía acata su código normativo y si lo aplica con la misma rigurosidad en todos los casos, puesto que se evidencia un notable grado de indiferencia frente a la normatividad existente y a los procedimientos, pero también una especie de sesgo según la condición social de las personas con las que tratan.

La cuota mínima de la policía, es decir, la exigencia de un comandante o un efectivo de alto rango sobre el número determinado de jóvenes que deben ser capturados en un periodo de tiempo establecido, es una constante que ejerce presión sobre quienes deben cumplir ese tipo de órdenes, donde prevalece la cantidad para garantizar y certificar algún grado de efectividad y resultados convincentes ante la sociedad en general, y no, la promoción de una cultura de y por los Derechos Humanos que respalde condiciones de vida digna para los habitantes de una localidad que, además, es tildada de "Zona Roja".

En cuanto a la UPJ, es necesario revisar los objetivos para la cual fue creada y evaluarla a la luz de los efectos que acarrean sus procedimientos y estrategias, tales como el inconformismo y el resentimiento que provoca en quienes alguna vez la han transitado, teniendo en cuenta que la violencia genera más violencia, y que al contrario de lo que se esperaría, la UPJ no está cumpliendo el papel para el cual fue creada[39] y contribuye más bien a reproducir alternativas violentas, ilegales o no éticas en la vida cotidiana.

"La policía golpea a los jóvenes por sentirse más que ellos, ayudando a crear un inconformismo que lleva a la violencia"

Se utiliza la detención como un medio para abusar de la sociedad civil, vulnerar sus derechos fundamentales y servir a intereses o beneficios personales, ya que en muchos casos se despoja a las personas detenidas de sus pertenencias; se implantan pruebas para justificar la detención; se extorsiona con base en amenazas y se imponen multas mucho mayores a los rubros que la ley contempla.

"Denuncio a los policías por la forma en que abusan de los jóvenes que montan cicla en la calle, y hasta que han llegado a golpear y en casos extremos a quitar las ciclas sin compasión y aludiendo a que, porque son policías, nos pueden hacer lo que ellos quieran"

Pareciera que la errada concepción de la función que debe cumplir la UPJ y el mal manejo que en ocasiones se le da a los casos, contribuye a que se presenten una serie de irregularidades y vulneración al debido proceso de quienes han sido detenidos, con todas las implicaciones que esa situación conlleva para los y las jóvenes. Los procedimientos, una vez se presenta la detención, también son proclives a la vulneración de los derechos fundamentales de los individuos quienes son desconocidos como sujetos sociales de derecho.

Con respecto a la presencia y acciones de los actores armados ilegales (paramilitares, guerrilla y pandillas) en la localidad, los comentarios encontrados en el buzón de denuncias no resultaron significativas cuantitativamente (2.49%).

"Quiero denunciar que en el barrio se están llevando a los jóvenes a las AUC."

"No podemos permitir que grupos como la guerrilla acaben con nosotros los jóvenes."

Sin embargo, el informe de riesgo No. 013 - 04, emitido por la Defensoría del Pueblo, delegada para la evaluación del riesgo de la población civil como consecuencia del conflicto armado: Sistema de Alertas Tempranas - SAT, del mes de marzo del 2004, evidencia la urbanización del conflicto armado:

''Los hechos que se vienen presentando en la localidad de Ciudad Bolívar desde mediados de 2001 no se constituyen como fenómenos aislados, sino que se pueden ubicar en el marco de la orientación estratégica de las FARC y de las AUC de lograr un control territorial y poblacional en la localidad, lo que puede favorecer la expansión del conflicto al interior del Distrito, encontrando en la marginalización y los altos niveles de vulnerabilidad de la población civil de esta localidad un ambiente propicio para su expansión''.

''Desde el año 2001 hasta mediados del 2003, las FARC y el Frente Capital del Bloque Centauros de las AUC han librado una disputa territorial en la localidad de Ciudad Bolívar, marcada por el interés de las FARC de conservar sus corredores de movilidad y redes de apoyo en la localidad y por parte de las AUC, copar el corredor de entrada y salida de Bogotá y establecer un proceso de control y posicionamiento sobre la población civil en la zona urbana de Ciudad Bolívar."

Las AUC actúan en la localidad por medio del reclutamiento de jóvenes, dotándoles de armamento y ofreciéndoles un pago que oscila entre los 300.000 y 600.000 mil pesos; amenazas, mediante graffitis y la circulación de listas, a quienes se les acusa de participar en actividades delictivas o de ser informantes de las FARC y a líderes sociales y comunitarios en aras de copar el espacio de trabajo social y cultural y desarticular cualquier proceso que permita un fortalecimiento de la comunidad; y la ejecución de homicidios selectivos como mecanismo de presión.

A finales del mes de octubre de 2003 se da un repliegue de las Milicias Urbanas Antonio Nariño de las FARC y se consolida el proceso de implantación de las autodefensas en la localidad. Sin embargo, las FARC siguen reclutando jóvenes y mantienen algunas redes, en aras de contrarrestar el avance del Frente Capital de las AUC al interior de la localidad y desarrollar actividades de inteligencia y control, que podrían derivar en ataques indiscriminados, amenazas y homicidios selectivos de configuración múltiple contra posibles auxiliadores del Frente Capital de las AUC.

Esta disputa por el control del territorio y la población por parte de las autodefensas y la insurgencia, y el uso de la violencia selectiva y masiva como recurso estratégico para lograr los fines de consolidación e implantación en la localidad y sectores circunvecinos fue hecho evidente por el SAT desde el 05 de Julio de 2002 cuando en la Alerta Temprana número 062 se advirtió que "se tiene conocimiento de listas de personas a ejecutar por parte de las AUC y las FARC; comisión de homicidios múltiples en el marco de la denominada "limpieza social"; amenazas y tratos crueles infligidos a jóvenes, y estigmatización de integrantes de la población desplazada, considerada objetivo militar".

A pesar de las acciones emprendidas por las autoridades policiales en respuesta a la Alerta Temprana, declarada en 10 barrios de Ciudad Bolívar por el CIAT, durante los primeros meses del año 2004 se registró una leve disminución de dichos homicidios, pero en los cuatro primeros meses del año 2005 este índice excedió las estadísticas de los años anteriores, consolidándose una cifra que ascendió a 150 muertes violentas.[40] El balance de las muertes violentas de la Localidad 19, al comparar el primer semestre de 2004 en relación con el primer semestre de 2005, es el siguiente:

MUERTES VIOLENTAS LOCALIDAD 19 2.004/I - 2.005/I

Como se aprecia en el cuadro, de las variables que conforman las muertes violentas de la localidad, la única que se ha incrementado es la correspondiente al homicidio común, al pasar de 113 casos en 2.004 a 150 en 2.005, lo que representa un incremento porcentual de 32.7%.

Ciudad Bolívar presenta el mayor número de homicidios comunes entre las localidades que componen Bogotá, registrando en el primer semestre del año 2003 102 muertes, correspondiente al 13% del total de los casos presentados en el distrito, situación que se mantiene para el primer semestre de 2004 en el cual la localidad 19 registró 113 casos de homicidio, correspondiente al 15% del total de los casos registrados en Bogotá.

MILITARIZACIÓN CULTURAL E IMAGINARIOS DE GUERRA.

Cuando hablamos de militarización cultural tenemos que desglosar lo cultural en los diferentes espacios de socialización que influyen en la construcción de nuestra identidad y posturas frente a la vida, como la familia, la escuela, la religión, el trabajo, entre otros.

En este apartado nos centraremos en unos pocos elementos relacionados con el militarismo en la construcción de identidades nacionales, buscando, en primer lugar, señalar similitudes en el fenómeno con el resto de Latinoamérica, para luego abordar las especificidades del caso colombiano en cuanto al uso que las fuerzas armadas estatales, la guerrilla de las FARC y los paramilitares hacen de los medios de comunicación, las fiestas y los símbolos. Luego miraremos algunos discursos y prácticas intrínsecas en la vida cotidiana que fomentan la militarización de la vida civil.

1. En Latinoamérica persiste una leyenda rosa sobre los militares, y el Servicio Militar Obligatorio se ha convertido en un importante espacio de socialización.

En los países de la región, a pesar de las dictaduras, se recuerdan algunos gobiernos militares como épocas doradas de abundancia y, sobre todo, de progreso: en Argentina la figura de Perón todavía se evoca en los sectores sindicales, Omar Torrijos desde la tumba endosa a su hijo el carisma de haber nacionalizado el Canal de Panamá, y Hugo Chávez en Venezuela es elegido presidente por voto popular pocos años después de fallar un golpe militar.

En Colombia, el general Gustavo Rojas Pinilla fue la versión de un populismo de derecha que promovió la introducción de la televisión en el país y la construcción del aeropuerto internacional, al lado de políticas asistencialistas dirigidas a los sectores urbano populares y la clase media. Su amplia aceptación entre los votantes lo prueban las elecciones para presidencia del 19 de abril de 1970, que según la tradición oral había ganado pero le fue arrebatada la victoria por una artimaña del candidato del Frente Nacional. Esa fecha además, sería el nombre de un grupo guerrillero: Movimiento 19 de Abril o M-19.

El presidente actual, sin ser militar de carrera, se ha nombrado a sí mismo "Primer Soldado de la Patria". Estadísticamente goza de aceptación y, aunque sea cuestionado por la falta de resultados en temas socio-económicos y acusado de violaciones de Derechos Humanos, públicamente recibe el apoyo de alcaldes, pobladores de municipios alejados que salen en los consejos comunitarios trasmitidos por televisión, y medios de comunicación que difunden el mensaje que la pobreza se disipará con la rendición de la guerrilla.

También compartimos con la mayoría de los países latinoamericanos el hecho que el Servicio Militar se ha convertido en un importante espacio de socialización. Durante décadas las fuerzas armadas fueron el referente de institucionalidad más claro que se conoció en los campos y ciudades. Con escasa o ninguna escolaridad, los adolescentes campesinos fueron formados en la ritualidad castrense, la doctrina de seguridad nacional, y la obediencia corporal y mental como culto a la institución. Y todavía hay muchos jóvenes que dejan el colegio para entrar a la instrucción militar, mientras nadie cuestiona por qué la educación media no es obligatoria y el servicio militar sí.

La socialización que el estamento militar realiza en Colombia ha sido tan eficaz, que en 1997 el relator de las Naciones Unidas, luego de reunirse con procesos organizativos y autoridades gubernamentales, señala como una muestra de discriminación hacia los afrocolombianos que "el pasado sigue influyendo con todo su peso en las fuerzas armadas colombianas, en que los afrocolombianos y los indígenas no pueden acceder a puestos de mando" (Figura como documento E/CN.4/1997/71/Add.1).

Aunque muchos jóvenes no quieren prestar el servicio militar y lo hacen solamente por necesidades económicas o por cumplir una obligación legal, también hay muchos otros que siguen creyendo en las palabras publicitarias del ejército que dicen que uno no es hombre si no va al ejército y que hay que defender la patria, palabras que se enseñan a los hombres desde la cuna, despertando así las ganas de ser soldado, entre otros, por medio de los 'soldados por un día', los soldados-payasos, las charlas del ejército en los colegios (con obligación de asistir).

2. Las fuerzas armadas estatales y su uso en los medios de comunicación en Colombia.

Desde mediados de la década del ochenta a la fecha, existen acuerdos con los principales medios de comunicación para aplicar limitaciones a la libertad de prensa y de expresión. Estas limitaciones han estado encaminadas a "respaldar la labor de las Fuerzas Armadas y la Policía en la lucha contra la subversión y el crimen, manejar con mesura las informaciones sobre secuestro, dejar de publicar cifras, evitar el sensacionalismo, utilizar los calificativos adecuados para no crear distorsiones en la información, no idealizar a personas vinculadas a movimientos atentatorios contra las buenas costumbres, y tratar de representar un equilibrio noticioso optimista"[41]. Ejemplo actual de esto es la manera en la cual los medios masivos de comunicación muestran los éxitos de los operativos del ejército y de la Seguridad Democrática, convenciendo así al público de la necesidad y los beneficios de la militarización.

Los relatos de ficción como seriados y telenovelas nacionales también han recibido presión para mostrar de manera más amable y menos crítica al ejército ("Tiempos Difíciles" de Cempro Televisión) o controlar temas como la objeción de conciencia (Seriado "Francisco el Matemático").

Además, las fuerzas armadas han creado varios programas de televisión como concursos ("Comando" producido por RCN), series de ficción ("Hombres de Honor", producido por RCN y luego por Jorge Barón TV), y un magazín ("En Contacto", presentado en RCN y en el canal institucional), y tienen una emisora propia, presupuesto para propaganda radial y televisiva, vallas y monumentos, todo lo anterior en franca contraposición a los pactos y declaraciones suscritas por el Estado colombiano respecto al uso de la propaganda bélica e incitación a la guerra en medios de comunicación.

3. Fiestas: Las fuerzas armadas y el desfile del 20 de julio.

En 1907 el gobierno colombiano adoptó el 20 de julio como el día de las fuerzas armadas adhiriéndolo a la celebración tradicional del día de la independencia. En los años posteriores se realizaría el consabido desfile, pero el cubrimiento del día en la prensa se centraba en la figura de próceres como José Acevedo y Gómez. Fue con el Frente Nacional que el desfile militar ocupó las primeras páginas de la prensa nacional, con un tratamiento solemne en fotografías y editoriales. Desde los años ochenta la transmisión televisiva ha llevado el desfile y la alocución presidencial a las regiones del país. En este día miles de niños/as, jóvenes y adultos/as salen a la calle para aplaudir 'los héroes de la patria' (o más bien 'héroes de la muerte'), sin pensar en cuántos asesinatos, desplazamientos, detenciones arbitrarias, torturas, entre otros, habrán provocado por acción u omisión.

4. Símbolos: Simón Bolívar en las FARC

La figura de Simón Bolívar, contrario a lo que se piensa, durante muchos años no tuvo buen recibo en Colombia ni Venezuela, principalmente por la dictadura que ejerció al final de sus días y la pretensión de nombrar a un príncipe europeo monarca de la Gran Colombia.

Fue la derecha colombiana y venezolana la que rescató primero el icono de Bolívar. La izquierda latinoamericana, imbuida por la lectura que Marx había hecho de él en 1857, sólo pudo apropiárselo hasta finales de la década del cincuenta, en el marco de la revisión de las llamadas figuras popular nacionales por parte de la Unión Soviética[42]

El culto a Bolívar acercó a la izquierda con la derecha: autoridad, soberanía y centralismo son sus atributos más destacados. El rojo, blanco y negro del internacionalismo de las FARC-EP fue reemplazado por el amarillo, azul y rojo del integrismo bolivariano; Simón Trinidad Bolívar se convirtió en el nombre para los combatientes; y en escuelas, plazas, cuarteles, cambuches, billetes y comunicados revolucionarios, el general vigila su contradictorio legado.

5. Símbolos en los medios: Los Paramilitares sin camuflado piden perdón. "Todos somos culpables".

En los inicios del proceso que llevó a la promulgación de la ley de justicia y paz para los paramilitares, varios jefes de este grupo armado fueron al Congreso de la República, invitados por senadores cercanos a la causa del gobierno Uribe.

Ernesto Báez, de manera lacónica y podría decirse que como mera formalidad, pidió perdón a la sociedad colombiana por los desmanes que hayan podido incurrir en su lucha contrainsurgente. Como momentos antes había aludido a su condición de víctima de la guerrilla como principal razón de su ingreso a la lucha armada, tal vez consideró que no era necesario dilatarse más y clausurar el tema del arrepentimiento justificándose como víctima.

Este descaro ya iba siendo esbozado por un médico siquiatra, autor de un célebre libro de amplia difusión entre la intelectualidad colombiana en la década del noventa quien luego sería nombrado Alto Comisionado de Paz del gobierno Uribe. El discurso de "El Derecho a la Ternura" de Luis Carlos Restrepo, con el argumento de que "todos somos culpables", ha puesto en igualdad de condiciones al jefe paramilitar y a la mujer desplazada que vio cómo torturaban y asesinaban su familia. Un indicio del escenario de impunidad que puede ser el postconflicto colombiano.

6. La escuela: ¿Cuál enseñanza?

Los procesos de socialización de los niños y niñas en un contexto violento y militarizado, influyen en el hecho de que muchos/as colombianos/as se muestren indiferentes ante la violencia y perciban la militarización y el conflicto resuelto por la vía violenta como algo normal, hasta el punto de que su naturalización impide reacciones que en otros contextos son necesarias y casi automáticas, para defender o reestablecer derechos que están en riesgo o que ya han sido vulnerados.

Según la Relatora Especial sobre el Derecho a la Educación, las escuelas colombianas son blanco de ataques de grupos armados, pero también factores de "formación para la guerra": "el ejército y la policía han intervenido en varios sectores marginales para realizar actividades de estrategia militar y de 'acción psicológica' con la población civil; en ellas realizan labores de educación, instrucción militar y establecen bases para sus actividades de seguridad"[43].

La escuela, además, ya no es el espacio donde nos enseñan a comprender la vida, apropiarnos de ella y tomar iniciativas autónomas. Lo que nos enseñan son 'valores' como la obediencia, el autoritarismo, y la disciplina desmedida, entre otros, características propias de todas las estructuras militares.

7. Discursos: "No somos muchos pero somos machos"

Gradualmente los referentes de género en las ciudades colombianas han ido cambiando. El trabajo asalariado de las mujeres, la caracterización de la población homosexual como un sector clave para el consumo cultural, y el aumento de las demandas por maltrato intrafamiliar, son síntomas de cómo lo que antes era doméstico, privado o individual, poco a poco se convierte en un asunto público.

Sin embargo, la sociedad colombiana sigue siendo una sociedad machista en la cual la fuerza física y la 'firmeza varonil' domina y todo lo que tiene que ver con la noviolencia[44], la negociación de conflictos y los sentimientos, se vincula directamente con feminidad y debilidad.

Es así que el machismo, como fenómeno del patriarcado, sirve para distinguir "a los más hombres entre los hombres" y por descarte todo lo femenino. Lo que diferencia al "macho" del hombre corriente, es su desdén por la muerte. "En cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea" es la frase que se le ha atribuido a Ernesto Guevara en los afiches. Machos dominados por la burocracia del mando y la obediencia a los superiores, se desbocan fuera del pelotón y del frente. Los demás no son sino "pendejos (niños), pobres maricas o hembras".

¿DIALOGANDO O PARAMILITARIZANDO?

Aunque el gobierno colombiano (a partir de la propaganda antiterrorista del Gobierno de los Estados Unidos, motivada por los sucesos del 11 de septiembre) quiere demostrar que en Colombia no existe ni guerra ni conflicto sino "una democracia desafiada por unos terroristas"[45], esto implica y evidencia claramente el desconocimiento del carácter político de las organizaciones armadas ilegales y de sus acciones, podemos concluir que más bien ha manejado una política de seguridad de doble cara: mientras que acosa a la guerrilla y dice no estar dispuesto a una negociación (como el acuerdo humanitario) a menos que este grupo armado tenga en cuenta que no puede imponer sus condiciones, adelanta negociaciones con los paramilitares, igualmente involucrados con el narcotráfico, algunos de ellos sindicados de delitos atroces y pedidos en extradición, y además el único grupo que ha aumentado sus efectivos y recursos en los últimos años. En otras palabras, se contradice la tesis del propio gobierno según la cual sólo debía entablarse negociaciones con grupos derrotados militarmente y no con aquellos triunfantes capaces de intimidar y de imponer condiciones onerosas en la mesa de diálogo.

En julio del 2003 se firmó el Acuerdo de Santa fe de Ralito en el cual las AUC ratificaron su compromiso con el cese de hostilidades. En mayo de 2004 se acordó una zona de ubicación en Tierralta (Córdoba), para "contribuir al perfeccionamiento y verificación del cese de hostilidades"[46], y el 1º de julio se dio inicio a la mesa de negociación unificada. A partir de esta fecha se han realizado "actos" de desmovilización paulatinos en distintas regiones de Colombia como Urabá (Bloque Bananero) Antioquia (Bloque Cacique Nutibara y Metro), Llanos (Bloque Centauros), Santander (Bloque Central Bolívar) realizando hasta ahora un total de 21 desmovilizaciones colectivas que han dejado una cifra de 13043 paramilitares "desarmados", para lo cual según las cifras del gobierno sólo quedan por desmovilizar 8000 hombres de las autodefensas.[47]

Sin embargo, este proceso de negociación y "desmonte" del paramilitarismo ha estado marcado por toda una serie de profundos contrasentidos y arbitrariedades que generan en la población civil y muchos otros sectores, angustia sobre las consecuencias de un 'proceso' que se está dando sin ningún tipo de garantías sociales, evidenciadas en aspectos como los siguientes:

* Para empezar no ha habido inconveniente en que los grupos paramilitares hayan sido declarados como terroristas por los EEUU y por la Unión Europea, ni que continúen involucrados en el negocio del narcotráfico, más bien esto ha generado irregularidades como que muchos narcotraficantes se hayan convertido "de repente" en integrantes de las autodefensas para así poder acceder a las garantías ofrecidas por el gobierno dentro del proceso de desmovilización, como la legalización de los activos provenientes del narcotráfico.

• Otro punto crítico ha sido el asunto de ¿qué tan cierto es el concepto de desmovilización?, ya que hasta la presente y con la enorme cifra de paramilitares desmovilizados que ha presentado el gobierno, aún no ha disminuido el control político, económico y territorial que estos ejercen en varias regiones, incluso aún sigue en intenso debate la poca claridad o contundencia que ha tenido el gobierno para cortar los vínculos que tiene el paramilitarismo con muchos sectores de la política colombiana: "Podemos afirmar que tenemos más del 35% de amigos en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese porcentaje de amigos", afirma Vicente Castaño en una entrevista para la revista Semana[48]


• Lo anterior nos permite analizar que en este proceso de negociación se están asumiendo varios de los rasgos más criticados por el mismo presidente a la negociación entre la administración Pastrana y las FARC, como fueron la ausencia de una cronología y compromisos claros por parte del actor ilegal, la cesión de soberanía indefinida sobre una parte del territorio, visibilidad pública con aval oficial para un actor ilegal armado, fortalecimiento de apoyos políticos, ataques a la población civil, actividades ilícitas como el narcotráfico[49], y sobre todo el hecho concreto de que las condiciones para la negociación no las pone el gobierno. Un claro ejemplo de esto fue lo ocurrido con "Don Berna" en el 2005, quien pasara de ser miembro del cartel de Medellín a uno de los jefes del estado mayor de las autodefensas.


• Este sujeto demostró el control que tienen los paramilitares sobre la negociación, cuando, al ser pedido por Washington en extradición, hizo que los distintos grupos que hasta ahora habían participado del proceso amenazaran al gobierno con romper las negociaciones, recordándole así su compromiso de no extraditar a ninguno de los miembros del estado mayor. El gobierno entonces tuvo que desobedecer a la orden de los Estados Unidos (lo cual ya dice bastante) y trasladarlo de su "finca-cárcel" a la cárcel de Itaguí donde se mueve como pez en el agua y puede seguir coordinando el control que los paramilitares tienen en amplias zonas de Antioquia.


• Otro de los aspectos de esta "desmovilización" que más preocupa es la flexibilidad que ha tenido el gobierno con el tema de los bienes adquiridos por los paramilitares a través de masacres y desplazamientos. "Tan sólo en el departamento del Cesar las autoridades calculan que 38000 hectáreas cambiaron de manos por presiones de los paramilitares, y en muchas de estas tierras adquiridas ilícitamente, hoy funcionan negocios lícitos que manejan las AUC a través de testaferros"[50], bienes que no están siendo reparados (devueltos) como lo indica la ley de justicia y paz, ya que esta misma abre el campo para que esto no sea posible (demostrando así la flexibilidad mencionada). "Los victimarios no tendrán que garantizar la reparación con todos sus bienes, pues las personas responsables de los crímenes y beneficiadas por el proyecto solo entregarán, si los tienen, los bienes de procedencia ilícita con miras a la reparación" (Artículos 10.2, 11.5, 13.4, 17 y 45.1 de la ley de justicia y paz)[51].


• Tal vez uno de los puntos que más rechazo e indignación ha generado de este proceso, es el hecho que, a pesar de haber pactado como condición necesaria para la negociación el cese de hostilidades u actividades armadas, incluyendo el cese del reclutamiento de menores, hasta el día de hoy se siguen presentando masacres, reclutamiento y desapariciones por parte de estos grupos. "En lo que va del 2004 han ocurrido 38 masacres, 15.607 homicidios, 1.052 secuestros y 109.227 personas han sido desplazadas, según la vicepresidencia de la república" y dentro de estos hechos varias ONG, calculan que el mayor porcentaje de responsabilidad es de las AUC. Como caso concreto podríamos citar el asesinato de 17 personas en Cúcuta entre el 4 y el 6 de junio del 2004, hechos por los que fueron judicializados 5 paramilitares de la región[52].


• Lo anterior es algo que los medios no han registrado de manera imparcial y por el contrario han preferido resaltar permanentemente las ceremonias de desmovilización en donde ya es común la imagen del comisionado de paz recibiendo de los jóvenes paramilitares las armas que entregan. Otro elemento importante que ha sido extirpado de la negociación es la verdad. Ésta ha sido excluida no solo por la ley de justicia y paz en donde se aclara que "no se contempla la confesión como requisito" (artículo 17), sino también por el proceso de negociación en general, ya que en ningún momento se ha mencionado los intereses de empresas nacionales y transnacionales que protegen los paramilitares en algunas regiones, por la necesidad de consolidar proyectos y megaproyectos en territorios donde el Estado no hace presencia, por medio del desplazamiento de poblaciones consideradas como obstáculos para la implementar estos megaproyectos. Así ocurrió en Curvaradó y Jiguamiandó en donde, utilizando a los paramilitares, se desplazaron centenares de afrocolombianos de sus tierras para sembrar en ellas miles de hectáreas de palma africana[53].


• Por último, una de las más grandes preocupaciones o incertidumbres de este proceso ha sido la recurrente pregunta por la capacidad del gobierno y la sociedad colombiana para asimilar la reinserción a la vida civil de casi 21.000 paramilitares, cuestión que ha dado claras muestras de convertirse en una bomba de tiempo por las siguientes razones:
  
  
  1. Resulta profundamente inaceptable que mientras a una familia de desplazados el Estado le otorga un subsidio de 333.000 pesos durante seis meses, para un sólo desmovilizado se destinan 300.000 pesos mensuales más un subsidio de transporte por un plazo máximo de dos años, todo esto en un país donde el porcentaje de desempleados es casi del 13%.
  
  
  2. Las fuerzas militares no están en capacidad de copar los espacios que "dejan" los paramilitares, el desplazamiento de brigadas de apoyo a las zonas más complicadas ha resultado insuficiente, cuestión que se evidencia en la imposibilidad de controlar las acciones bélicas de la guerrilla en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Valle del Cauca. Esto trae como consecuencia la continuidad de acciones militares ejército-autodefensas, para poder suplir las "necesidades de orden público" que han sido utilizadas como argumentos dentro de iniciativas como el plan patriota en algunas de estas regiones.
  
  
  3. Y la más importante de las razones que advierten sobre el posible fracaso de esta desmovilización es que no se ha podido atender los requerimientos de todos los desmovilizados: "sólo 460 de los más de 13.000 desmovilizados han encontrado trabajo como lo prometieron las empresas y el gobierno y sólo 803 están matriculados o vinculados a programas educativos o de capacitación"[54], cuestión que ha generado inconformidad entre los nuevos civiles, quienes han amenazado en varias ocasiones con volver a tomar las armas si el gobierno no cumple con lo pactado en la negociación, incluso ya se han generado fraccionamientos en donde varios grupos (como la disidencia del Bloque Centauros) se han reactivado, y fácilmente la cifra de reinsertados a la sociedad puede ser reemplazada por nuevos jóvenes que encontrarían en la opción armada, un alivio a la incertidumbre económica que auspicia la crisis social en un país en donde el negocio de la guerra sigue siendo rentable para casi todas las partes en conflicto.
  
  
  
  

En conclusión, como resultado de este análisis, podemos sostener sin atisbo de duda que esta "desmovilización" no afecta la estructura fundamental del paramilitarismo: aún no se alteran sus nexos históricos con elites militares, económicas y políticas; aún no se esclarecen sus verdaderos orígenes, develando nombres y responsabilidades dentro de los innumerables delitos atroces que han empañado nuestra historia y cuyos principales protagonistas, en la actualidad, mantienen poderes hegemónicos a lo largo y ancho de nuestro territorio, fragmentado notablemente la capacidad del Estado para incidir en distintas regiones donde la constitución ya no tiene ningún efecto, debido a que todos los habitantes de estos lugares saben cual es la ley, el patrón y el orden al cual se debe obedecer, so pena de ser desplazado, torturado o asesinado.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA DESMOVILIZACIÓN Y LA REINSERCIÓN EN COLOMBIA.

Llama la atención en el marco de las desmovilizaciones que cuando se habla del desmovilizado u hombre que ha dejado las armas, el calificativo contenga exclusivamente a actores armados pertenecientes al paramilitarismo y a la guerrilla, pero acaso ¿se ha escuchado siquiera una vez que ante la salida voluntaria o por expulsión de algún efectivo de la fuerza pública, dicho calificativo se le haya imputado?

De igual manera, se habla de procesos de reinserción para hombres excombatientes participantes del conflicto armado en Colombia, nuevamente y como en el caso anterior el concepto de reinsertado recae propiamente sobre el actor armado paramilitar o guerrillero, mas nunca ocurre que, por ejemplo, al policía o soldado retirado se le denomine reinsertado.

Ahora bien, el hecho que tan sólo a los actores armados ilegales se les sentencie a la condición de desmovilizado o reinsertado pone en evidencia un elemento sumamente importante a la hora de reflexionar sobre la situación de la militarización en Colombia y de sus procesos de pacificación. Esto es, que sobre la fuerza pública no está recayendo la idea de ente beligerante, no se piensa en ésta como un actor más que agudiza el conflicto armado colombiano, por ende el calificativo de desmovilizado y el proceso mismo de las desmovilizaciones que busca pacificar el país no está conteniendo a los miembros de ésta.

En sentido estricto, hablar del desmovilizado, es referirse al actor armado que ha dejado las armas, que se ha desvinculado de cualquier fuerza beligerante para transitar hacia la vida civil. Según este criterio, ¿Cuál sería entonces la diferencia entre un actor armado ilegal y el otro que no lo es para que a uno se le impute la condición de desmovilizado mientras que al otro no? ¿Acaso dentro de la lógica de la guerra y de la participación en los ejércitos tanto el uno como el otro no presentan el mismo antecedente y estatus de ser y existir como movilizado, es decir, de tener una participación activa en el conflicto armado colombiano? y acaso ¿Las fuerzas legales e ilegales en su condición de entes beligerantes no son portadoras de armas, no han participado de igual manera en actos violatorios de Derechos Humanos una y otra vez?

La diferencia en términos del papel que cada actor cumple dentro de la lógica del conflicto armado en realidad no existe, uno y otro registran los mismos actos de agresión, uno y otro guían su fuerza según el mismo principio 'la eliminación del otro', uno y otro existen con el fin de perpetuar poderes bien definidos en el orden social, político y económico.

Pero entonces ¿por qué la distinción? ¿Por qué al paramilitar o guerrillero lo cubre el calificativo de desmovilizado, mientras que al militar convencional el mote de retirado condensa su estado de no participación activa dentro de las fuerzas militares?

En este punto aunque a primera vista parecería que nos encontramos bajo una simple disputa de tipo lingüístico tratando de definir clara y distintamente el concepto que abarque específicamente la condición tanto de los actores armados legales como de los ilegales, en realidad estamos resaltado cómo un simple concepto que aparentemente no tendría mayor relevancia dentro de la dinámica del conflicto, juega un papel fundamental a la hora de encubrir y ocultar la condición de beligerante y de actor armado activo de la fuerza pública dentro del sostenimiento del conflicto armado colombiano.

Cuando se habla, por ejemplo, del militar retirado, se está haciendo referencia meramente a que dicho miembro ya no pertenece a la institución de las fuerzas militares, pero no se está haciendo mención a su historial belicoso, de agresión, al hombre que tomó las armas, al hombre que posiblemente hirió o mató a otro 'cumpliendo con su deber', en fin, el concepto de retirado denota exclusivamente su situación de licenciado de la institución, encubriendo así su condición de excombatiente y por ende sus antecedentes como actor armado.

Obviamente, el hecho que las fuerzas militares estén bajo el amparo de la legalidad, mientras que los demás actores armados están por fuera de ella, es motivo suficiente para que al militar se le llame hábilmente 'retirado' concepto que define a cualquier colombiano que está por fuera de su lugar de trabajo, desconociendo así la condición de excombatiente del militar, en tanto que al paramilitar o al guerrillero se le llama desmovilizado haciendo mayor hincapié, ahí sí, en su situación de excombatiente y beligerante.

En términos políticos y de opinión pública la distinción indiscutiblemente trae prebendas para el Estado colombiano, pero si nos paramos, ya no, desde el ámbito árido de la política y de los intereses del gobierno, sino desde la perspectiva real de pacificar el país, nos preguntamos ¿Realmente la distinción tiene sentido? ¿Realmente vale la pena llamar a uno de una forma y a los otros de otra? seguro que no.

Si efectivamente la intención es la pacificación de la sociedad colombiana, tiene sentido entonces, dejar de hacer distinciones lingüísticas e identificar claramente a todos los actores armados legales e ilegales bajo el calificativo de combatientes, este es un concepto que indiscutiblemente denota por igual la participación activa de todos en el sostenimiento del conflicto armado colombiano.

Ahora bien, partiendo del hecho que combatiente es tanto el miembro de la fuerza pública como de los grupos irregulares, no sería lógico pensar que el proceso mismo de las desmovilizaciones que busca desarticular solamente a los grupos guerrilleros y de autodefensas transcendiera de ese estado de falsa conciencia de paz y empezará a tener como objetivo también la desmovilización de la fuerza pública. ¿No sería este el cause normal de la coherencia? ¿No tendría esto una verdadera correspondencia con los hechos de paz?, por su puesto que sí.

Desde ningún punto de vista que esté por la línea de la civilidad y la noviolencia, resulta comprensible que a la par que se quiere desmovilizar y reinsertar a la vida civil a los miembros de los grupos irregulares, se quiera fortalecer la fuerza pública y acrecentar la militarización del conjunto de la sociedad. Por lo mismo, no tiene sentido alguno hablar de reinserción a la civilidad de hombres que estuvieron en condición de combatientes, cuando las políticas estatales buscan convertir la vida civil en vida Militar, de cierta forma es volver a lo mismo, de cierta forma es abandonar las practicas militares no legales, para reinsertarse en las practicas militaristas apadrinadas por la legalidad.

Como consecuencia, la sociedad colombiana viene sustentando simultáneamente la coexistencia de dos tipos de discursos que en el ámbito de la experiencia y de la intención de pacificar el país aparentemente deberían repelerse, pero que en realidad bajo la política de seguir actualizando la lógica de la guerra con el fin de seguir perpetuando intereses políticos y de clase, ambos discursos antes que representar una naturaleza antagonista, constituyen la simbiosis que condensa el gesto político del presidente Álvaro Uribe, esto es, la derrota militar de los grupos insurgentes y paralelamente el fortalecimiento exponencial de la fuerza pública y con ello la militarización del conjunto de la sociedad. Un argumento que lleva a cuestas la peligrosa idea de pacificar por las armas, un argumento que desconoce el principio histórico que revela que, lo que por armas llega irremediablemente por armas se va.

LA GUERRILLA Y SU "ESTRATEGIA" DE ACCIÓN.

Al inicio del gobierno de Uribe las guerrillas acudieron al expediente del repliegue táctico, pero durante los últimos 2 años se han presentado más ataques a los grupos paramilitares y a las comunidades donde estos actúan y algunos ataques masivos a unidades militares, como a la base militar de Tolemaida en Melgar-Tolima, los combates frente a la ofensiva del Plan Patriota en el Sur del país, la explosión de un campo minado en la zona rural del municipio de Ortega (Tolima), que dejó siete militares muertos y cinco heridos, la fuga de por lo menos 30 guerrilleros de la cárcel de Picaleña (Ibagué), el ataque a la base de la Armada Nacional en Iscuandé (Nariño) por más de 100 guerrilleros de las FARC con 16 militares muertos y 25 heridos, y el ataque a una patrulla de la Brigada 27 en Santana (Putumayo), entre otros.

La población civil igualmente sigue siendo víctima por medio del señalamiento que hacen los grupos insurgentes a civiles como presuntos participantes de los programas gubernamentales de seguridad y su consideración como objetivos militares, y se han incrementado los atentados y secuestros masivos de dirigentes políticos y de población civil en diferentes regiones del país, especialmente dentro de la estrategia de presionar el canje de miembros de la fuerza pública y dirigentes políticos por guerrilleros presos en las cárceles de Colombia.

Parece que la posibilidad de un canje o intercambio humanitario de 'prisioneros de guerra' está lejos de concretarse, porque el gobierno no está dispuesto a considerar las dos condiciones básicas que ponen las FARC para llegar a un acuerdo que permita la puesta en libertad de más de 60 rehenes:

1. La primera condición es la retirada de la fuerza pública de los municipios de Pradera y Florida, en el Valle del Cauca, zona estratégica en el marco del conflicto armado, posibilidad que ha sido negada de plano por el gobierno, a pesar de que la Organización Regional Indígena del Valle del Cauca se declaró dispuesta a colaborar y la Guardia Indígena sería la encargada de la seguridad en el área.

2. La otra condición es que el gobierno ponga en libertad y le entregue a todos los guerrilleros y guerrilleras que en este momento están en poder del Estado colombiano, incluyendo a los cabecillas extraditados, como 'Simón Trinidad' y 'Sonia', pero el sólo hecho de incluir a estas personas en la lista del intercambio aleja las posibilidades de un acuerdo, porque el presidente ya firmó su extradición y en Estados Unidos la posibilidad de que sean excarcelados es todavía más lejana a la probabilidad de que el presidente Uribe los hubiera incluido en la lista de beneficiados de un acuerdo humanitario.

Con respecto a una nueva posibilidad de diálogos de paz, la cuestión sigue siendo complicada, aún a pesar de los avances logrados por los buenos oficios de algunos países europeos. Las FARC condicionaron el inicio de diálogos con el gobierno al reconocimiento por parte de éste de su "condición de organización política revolucionaria armada del pueblo", y a que los acuerdos sean ratificados en una Asamblea Nacional Constituyente.

Con el grupo guerrillero ELN las posibilidades de llegar a un diálogo con el gobierno colombiano parecen un poco más reales. Hasta el momento se ha llegado a una propuesta unificada entre Francisco Galán, México y el gobierno colombiano en la definición de las condiciones para el inicio de un proceso de paz: el ELN ha expresado su voluntad de no adelantar acciones militares durante el tiempo que dure la reunión en México, mientras el gobierno se compromete a mantener una acción recíproca frente a ese grupo.

Una posible negociación de paz entre el gobierno colombiano y el ELN contaría además con el acompañamiento de importantes miembros de la comunidad internacional, una comisión episcopal, una comisión facilitadora civil en la que se incluyen políticos de todos los matices y una favorabilidad entre los forjadores de opinión que siguen viendo a los 'Elenos' como 'unos ideólogos desviados en el laberinto de la violencia, pero fieles a sus convicciones'.

El problema es que el análisis concreto de los laberintos de la violencia pone a las guerrillas (sobre todo a las FARC) en igualdad de condiciones con las otras fuerzas en combate. Económicamente, sus fuentes de financiación son casi las mismas y el efecto que esto tiene sobre las economías regionales dentro del conflicto es determinante, y políticamente buscan un reconocimiento, con base en sus comunicados y su "perfil ideológico", pero su accionar sigue comprometiendo seriamente dicho reconocimiento no sólo por parte del gobierno y algunas instancias internacionales, sino también por parte de amplios sectores de la población campesina, indígena y negra, quienes, como en el caso de Toribío, se han visto fuertemente golpeados por ataques de la guerrilla, que, además de afectarlos directamente, también los compromete indirectamente facilitando los señalamientos de la fuerza pública y la realización de acciones represivas contra comunidades que han optado por resistir utilizando métodos más acordes con el accionar civil y si se quiere humano.

Dentro de la dinámica del conflicto armado, ninguna de las fuerzas en pugna ha dado muestras fehacientes de querer reducir las implicaciones que tiene el mismo para la mayor parte de la población colombiana. Por el contrario, el conflicto ha generado una economía de guerra en la cual hacer parte de alguno de los grupos o apoyar de manera indirecta sus acciones genera dividendos que hacen de esta una guerra cada vez menos politizada y sometida a la defensa de intereses económicos y territoriales, lo cual acrecienta hondamente la crisis social, poniéndonos al borde de una guerra civil en la cual el enemigo ya no es el gobierno o la subversión, sino cualquiera que amenace los intereses de mi grupo, uno más dentro de la enorme cantidad de pequeños ejércitos que podrían llegar a existir.

Conclusión

La militarización en Colombia inexorablemente ha llevado a que el país haya registrado en sus últimos años un aumento exponencial de los casos de violación de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, todo ello amparado bajo la política de sostener y actualizar mecanismos guerreristas como medio para dirimir los conflictos que históricamente han agobiado al pueblo colombiano en materia económica, de accesibilidad al poder político, de violencia étnica, de discriminación e injusticia social, entre otros. El panorama en últimas es dramático: La población civil sigue siendo la más afectada en medio del conflicto armado, sus libertades, sus posibilidades de expresión y su derecho a vivir dignamente sede terreno en medio del ascenso vertiginoso del establecimiento de lógicas militaristas.

La agudización del poder militar representa esencialmente los intereses de las elites políticas y económicas del país, que ven en el control, la persecución, el asesinato y la eliminación de toda oposición, la forma de seguir perpetuando y agrandado su esfera de dominio y poder dentro de la sociedad colombiana.

En medio de las políticas militaristas actuales, el país parece ofrecer un clima apropiado para la agudización de conductas altamente violentas, claro está, no porque su pueblo halle el sustento diario en el narcotráfico como se muestra a nivel internacional, ni porque el agregado histórico colombiano hable de una permanencia de las practicas violentas de generación tras generación y mucho menos por que en el país habite un pueblo falto de educación y cultura como de igual manera se vende al mundo entero. El clima de violencia encuentra sus cimientos más profundos en el crimen, la impunidad y las políticas militaristas que históricamente han caracterizado el ejercicio del Estado colombiano.

Lo desconcertante de todo esto es observar como la estrategia de guerra y militarización legal e ilegal que las esferas políticas y económicas vienen implementando en todo el país se llevan a cabo en nombre de la pacificación de la sociedad colombiana, resulta preocupante ver como valores surgidos del espíritu de la civilidad y la fraternidad humana como la paz, el diálogo y el respeto resultan siendo trivializados por la falsa y banal utilización que hace el gobierno de ellos en sus campañas de opinión publica y mercadotecnia electoral.

Un contexto como el descrito a lo largo de este informe deja como conclusión que visualizar con claridad hacia donde se dirige el país es tarea difícil cuando no imposible, pues Colombia se convirtió en un escenario de tanteo, de experimentación, de improvisación, ejemplo de esto está: el plan Colombia, la política de seguridad democrática, el TLC, el Proceso de "paz" con los grupos paramilitares y un sin número de políticas que sumergen al país en la más penetrante incertidumbre acerca de su futuro. Sin embargo, en el plano más inmediato el crecimiento de la militarización en Colombia y las políticas autoritarias vaticinan el tipo de sociedad que están concibiendo los líderes políticos y económicos del país: una sociedad jerarquizada, consumida en la más abierta injusticia, una sociedad disminuida por la muerte y el desplazamiento, una sociedad inerte ante los problemas humanitarios y lo más grave una sociedad sin oposición de ningún tipo.

Acción Colectiva por la Objeción de Conciencia en Colombia- ACOCC.

Autonomía, Dignidad y Conciencia para vivir en Libertad.

Acocc2@yahoo.com.mx Teléfono 2853208

Notas

[1] La Reelección: El Embrujo Continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 17, Colombia, septiembre de 2004.

[2] Ibíd. Pág. 185.

[3] Ibíd. Pág. 205-206.

Una evidencia de ello la encontramos en Arauca: "La militarización se ha expresado en el aumento del pie de fuerza y su fortalecimiento técnico, en la intervención en la administración de justicia, específicamente en la aplicada por la Fiscalía, a través de la estructura de apoyo, con sede en la Brigada XVIII con recursos de la OXY para investigar atentados contra el oleoducto que, sin embargo, se ha destinado a diseñar procesos judiciales contra lideres sociales, mediante el uso de testigos aportados por el Ejército que reciben beneficios económicos, jurídicos y de protección". Más allá del Embrujo, Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 188, Colombia, septiembre de 2005.

[4] Banco de Datos de Derechos Humanos y Violencia Política, Panorama de Derechos Humanos y Violencia Política, Cinep & Justicia y Paz, 2003, Boletín No. 10, p. 3

[5] Foro Social Humanitario; Efectos del Plan Colombia y la Seguridad Democrática en la Región del Arauca y el Oriente, Agosto 3, 4 y 5 del 2005. Pág. 11.

[6] Citan a su vez la denuncia realizada por el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, el Comité Permanente de Derechos Humanos y la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento. Bogotá, 22 de octubre de 2004. En "Punto de Encuentro, Documentos sobre Democracia y Paz" No. 32. Indepaz, Diciembre de 2005.

[7] Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Actualización: octubre 5 de 2005. Datos susceptibles a variación.

[8] Cabe recordar que la Brigada XVII, estuvo directamente implicada, a través de la operación Genesis, junto con paramilitares, del asesinato, tortura y desplazamiento de la comunidad de Cacarica. Para ese entonces, la Brigada XVII estaba dirigida por al General Rito Alejo del Río.

[9] EL ESPECTADOR, marzo 12 de 2005 ¿Qué hay detrás de lo de San José? Alfredo Molano Bravo.

[10] La Reelección: El Embrujo Continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 78, Colombia, septiembre de 2004.

[11] Ibíd. Pág. 42-45.

[12] Terminar la Guerra, Pactar la Paz, Pág. 50. Asamblea Permanente de la Sociedad Civil Por la Paz. IV Plenaria, Bogotá 2004.

[13] Ibíd. Pág. 53.

[14] En Informe de Derechos Humanos de Niños y Niñas en el 2004, citando a su vez el Discurso del Presidente Álvaro Uribe Vélez al instalar el Foro "Sostenibilidad de la Política de Seguridad Democrática" realizado en Bogotá (http://www.presidencia.gov.co/sne/2005/febrero/23/07232005.htm) Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia.

[15] Más allá del Embrujo, Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 41, Colombia, septiembre de 2005

[16] La Reelección: El Embrujo Continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 74, 177, Colombia, septiembre de 2004.

Solamente en el departamento Arauca, según se señala en Mas allá del Embrujo, "Estados Unidos ha entregado por lo menos US$98 millones de dólares a la Brigada XVIII y ha hecho adiestramiento con la presencia en la zona de alrededor de cien marines desde finales del 2002". Más allá del Embrujo, Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 188, Colombia, septiembre de 2005. Dichos recursos han estado destinados a la creación de dos nuevas bases militares norteamericanas, como fue señalado en el Foro Social Humanitario, "una en el complejo petrolero de Caño Limón y otra en el Batallón Revéis Pizarro", este ultimo relacionado directamente con la muerte de tres sindicalistas en agosto de 2004.

[17] Más allá del Embrujo, Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 42, Colombia, septiembre de 2005.

[18] Intervención del Representante a la Cámara Wilson Borja, en la jornada de análisis de la ley 48 del 93 y el proyecto de ley que pretende modificarla. En Memorias de la Asamblea Nacional del Movimiento de Objeción de Conciencia en Colombia. Bogotá, enero de 2004.

[19] En Informe de Derechos Humanos de Niños y Niñas en el 2004, Pág. 14. Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia.

[20] Ibíd. Pág. 15

[21] Según el Observatorio Social de Ciudad Bolívar (2005), en la Localidad existen 677 Frentes de Seguridad, distribuidos de la siguiente forma: 23 Comerciales; 4 Parroquiales (Juan Pablo II, La Acacia, San Francisco y Quiba Baja (Vereda)); 9 Rurales (2 en Tierra Colorada, 7 en Quiba Baja); 10 Educativos (Candelaria, Compartir, Cerros del Sur, Madelena, Mirador de la Primavera, Sierra Morena IV, 2 en San Francisco, La Acacia y Villa Gloria) y 631 Residenciales. 59 de estos Frentes de Seguridad están vinculados al CAI Vista Hermosa, 97 al de San Francisco, 177 al de Perdomo, 119 al del Lucero, 16 al de Compartir y 209 al de Candelaria. Estas formas de organización se vienen conformando desde 1996.

[22] La Reelección: El Embrujo Continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 19, 75, Colombia, septiembre de 2004.

[23] El protocolo facultativo de la Convención subió el límite, ya que estaba establecido en los 15 años.

[24] Defensoría del Pueblo. El conflicto Armado en Colombia y los menores de edad. Boletín No. 2, mayo de 1996 citado por Aprenderás a no llorar. Niños combatientes en Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá, Abril de 2004.

[25] Aprenderás a no llorar. Niños combatientes en Colombia. Editorial Gente Nueva. Bogotá, Abril de 2004.

[26] Esta información puede ser constatada en Aprenderás a No llorar, Niños Combatientes en Colombia, Pág. 41. Human Rights Watch, Bogotá- Colombia, Abril de 2004.

[27] Ibid, pag. 40

[28] Los datos consignados a continuación, se encuentran referenciados por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (2005) en, Más allá del embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en cuyo informe se cita en varias ocasiones a la Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia (2004/5) y a Amnistía Internacional (2004).

[29] "En la primera guerra del Golfo había más de 11.000 mujeres haciendo parte del contingente militar" (Pág. 91). Pensar y Crear. Memorias del Seminario Itinerante sobre los Derechos de las Mujeres. Red Nacional de Mujeres, Unión Europea y Universidad Nacional de Colombia (2005).

[30] Red Nacional de Mujeres y otras. Informe CIDH, 2004.

[31] Foro Social Humanitario: Efectos del Plan Colombia y la Seguridad Democrática en la Región del Arauca y el Oriente. Colombia, Departamento de Arauca, Saravena. Agosto 3, 4 y 5 de 2005.

[32] Esta información puede ser ampliada en el Documento Central del Foro Social Humanitario: Efectos del Plan Colombia y la Seguridad Democrática en la Región del Arauca y el Oriente. Colombia, Departamento de Arauca, Saravena. Agosto 3, 4 y 5 de 2005. Eje temático Consecuencias ambientales y culturales por la explotación petrolera Págs. 50-60.

[33] Villa y Houghton, 2005. Pág. 22, citado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en Más allá del embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 2005.

[34] Íbid. Pág. 403.

[35] Íbid.

[36] Foro Social Humanitario: Efectos del Plan Colombia y la Seguridad Democrática en la Región del Arauca y el Oriente. Colombia, Departamento de Arauca, Saravena. Agosto 3, 4 y 5 de 2005.

[37] Zapata, Carlos Andrés. ALCA y derechos de los pueblos indígenas: una reflexión desde la historia. Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo, citado por la Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo en Más allá del embrujo. Tercer año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. 2005.

[38] Consejo Local De Política Social de Ciudad Bolívar - Subcomité de Juventudes (2005). Sistematización, Análisis y Construcción de Propuestas sobre Comentarios/Denuncias manifestados por los/las jóvenes de Ciudad Bolívar. El documento que se consigna en el apartado SOBRE LA LÓGICA DEL CONFLICTO... ARMADO DE ENAJENACIÓN, se leyó en Audiencia Pública de Seguridad en Ciudad Bolívar, en presencia del Alcalde Mayor de Bogotá, en el mes de junio de 2004.

[39] El papel para el cual fueron creadas las UPJ es el siguiente: Unidades Permanentes de Justicia: Unidades funcionales creadas según convenio suscrito entre el Secretario de Gobierno del Distrito, la Fiscalía General de la Nación, la Dirección Nacional de la Policía y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con el objeto de dar albergue digno a las personas capturadas por la comisión de delitos comunes y servir de centro de retención de las personas que deambulen en estado de indefensión o de grave excitación con peligro para su integridad o la de otras personas cuya residencia no pueda ser localizada. Apartado U del TITULO I. ADOPCION Y DEFINICIONES del Decreto por el cual se se adopta el Plan Maestro de Equipamientos de Seguridad Ciudadana, Defensa y Justicia para Bogotá D.C.

[40] Fuente: Instituto Nacional de Medicina Legal. Cálculos: Sistema Unificado de Información de Violencia y Delincuencia. Tomado del Observatorio Social de Ciudad Bolívar (2005).

[41] Andiarios aprobó Código de ética periodística, en EL TIEMPO, sábado 6 de mayo de 1984, P1A y 13B.

[42] Martínez Ibsen, Bolívar und Marx, Revista Mal Pensante No. 66, nov 1al 15 de 2005. Pág. 20 a 36.

[43] Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia. Niñez, escuela y conflicto armado en Colombia. Bogotá, Octubre de 2003, citado por Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (2004). La ONU mira a Colombia. La situación colombiana de derechos humanos durante 2003 vista por organismos especializados de las Naciones Unidas. Colección Información en Derechos Humanos No. 1.

[44] Estamos escribiendo "noviolencia" junto, pues pensamos que al decir "noviolencia", separado, es estático, como significando que uno puede quedarse quieto y simplemente no hacer violencia, en cambio, en el otro caso es un sustantivo completo, una palabra preactiva". Tomado a su vez de Movimiento de la Noviolencia en Colombia, Sueños de Paz, Relecturas, Medellín, 1997, pág. 37. En La Libertad como ética social, Medellín, 1999.

[45] Intervención del presidente Álvaro Uribe Vélez durante la posesión del nuevo comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, Bogotá, 8 de septiembre 2008.

[46] Acta de Santa Fe de Ralito, córdoba, mayo de 2004.

[47] Revista semana, No 1233 diciembre 19/2005

[48] Ibid. Pág. 44

[49] La Reelección: El Embrujo Continúa, Segundo año de gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Pág. 208, Colombia, septiembre de 2004.

[50] Revista Semana No 1178 Noviembre 29/2004

[51] Mas allá del embrujo, Plataforma colombiana de DDHH, democracia y desarrollo, septiembre del 2005.

[52] Revista Semana No 1154 Junio 21/2004

[53] Contravía, seguimiento especial ¿qué pasó con las titulaciones colectivas de los afrocolombianos? Jueves 7 abril/2005.

[54] Revista semana No. 1233, Diciembre 19 2005.