Tailandia

Desde el golpe de Estado de 2014, Tailandia ha estado bajo la férula de una junta militar, el Consejo Nacional para la Paz y el Orden. El país ha experimentado la militarización del sistema jurídico, ya que el Estado Mayor ha creado su propia versión de la Ley y ha juzgado varios casos en tribunales militares. Abogados Tailandeses por los Derechos Humanos informaron de que, en el periodo hasta el 30 de septiembre de 2015, 1 629 civiles fueron condenados en 1 408 casos en tribunales militares. La militarización del poder legislativo y judicial constituye un instrumento para silenciar la disensión, incluidas la prohibición de reuniones políticas de 5 o más personas y la imputación de cargos penales a críticos del régimen. Se han concedido competencias policiales a soldados, incluida la detención, y los soldados ahora desempeñan muchas de las tareas que tradicionalmente correspondían a la policía. Tanto el ejército como la policía vigilan a presuntos opositores políticos, mientras que las leyes marciales permiten que se pueda retener a personas detenidas en instalaciones militares durante hasta 7 días donde los soldados ejercen de carceleros, lo que infringe el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.